En México, el ámbito laboral parece estar peleado con las preferencias sexuales de los trabajadores.

Mientras en Veracruz se debate una iniciativa descafeinada para reconocer las uniones entre homosexuales como sociedades de convivencia (y no como matrimonios), presentada por el diputado Cuauhtémoc Pola Estrada, del Movimiento Ciudadano, a nivel nacional el estigma de los homosexuales, transexuales y bisexuales para obtener un empleo los obliga a guardar silencio y a ocultar su preferencia.

Según los resultados de la Primera Encuesta sobre Homofobia y Mundo Laboral, dada a conocer ayer jueves 15 por el sitio web Enehache (Foro No Heterosexual), la organización Espolea y las empresas JW Marriot y Google, además de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), revela que una de cada 10 personas gays, lesbianas, transexuales o bisexuales fue despedida por su orientación sexual o identidad de género.

Según la misma encuesta, el 55 por ciento de este colectivo vive prácticamente “en el clóset” en el trabajo por miedo a represalias. Pero el temor no solo aparece en el curso de su desempeño en alguna empresa o institución, sino desde el proceso de selección profesional. A un 14 por ciento de quienes solicitaron trabajo les fue negado y al 20 por ciento se les preguntó su orientación sexual.

A quienes tienen el empleo no les va mejor: al 35 por ciento de los encuestados se les discrimina por el mismo motivo y no solo se trata de los empleadores o jefes.

El hostigamiento empieza, según reconocieron, por sus propios compañeros de trabajo, quienes les prodigan con risas, chismes a sus espaldas, bromas pesadas, burlas e, incluso, acoso, lo que en muchos casos les ocasionan situaciones difíciles como no querer ir al trabajo, rendir menos o ser orillados al aislamiento o la depresión.

Pese a que la Ley Federal para la Prevención y Eliminación de la Discriminación prohíbe expresamente negar derechos o la igualdad de oportunidades por preferencia sexual, muy pocos acuden a las autoridades para exigir el cumplimiento de este precepto jurídico sea por desconocimiento o falta de confianza en las autoridades.

“La mayoría de personas que experimentan estas circunstancias no denuncian por no poder probar ante las autoridades que la razón de la no contratación o del despido fue la homofobia o transfobia”, señala el informe.

Por ello, solo el 15 por ciento de las personas que sufren discriminación laboral actúan contra ella; la mayoría renuncia, un 38 por ciento lo acusa ante superiores y solo el 17% interpone una demanda legal.

Desconocen el marco legal para protegerse

La encuesta fue respondida por 2 mil 284 personas LGTB de ocho estados de la república: DF, Estado de México, Nuevo León, Puebla, Jalisco, Baja California, Sonora y Veracruz, quienes coincidieron en que esta situación de discriminación laboral sucede lo mismo en empresas que en instituciones públicas.

 De ahí que un 55% de participantes de la Encuesta “expresaron que nadie o pocos compañeros de trabajo saben de su orientación sexual o identidad de género. Lo anterior se debe a que la mayoría teme que al salir del clóset en el trabajo puedan ser víctimas de burlas o discriminación”.

El informe agrega que el grupo que reportó más discriminación fue el de las mujeres transgénero y transexuales, seguidas por los hombres gays y bisexuales y, posteriormente, las mujeres lesbianas y bisexuales.

De acuerdo a los participantes, para evitar la discriminación en el trabajo se necesita que más personas conozcan el marco legal y las instituciones que pueden apoyar a las personas LGTB cuyos derechos sean violados, por lo que “se necesita que existan campañas de información y capacitaciones respecto al respeto de la diversidad en los espacios de trabajo”.

 A propósito de la celebración este sábado 17 de mayo del Día Internacional de la Lucha contra la Homofobia, los responsables de la encuesta reconocieron que hay empresas denominadas “gay friendly” que prodigan un trato respetuoso a los miembros de este colectivo tanto a quienes trabajan en ellas como a sus clientes.

Sin embargo, según Rocío Verdugo, representante de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, es necesario que las y los funcionarios públicos sean capacitados en atención a las personas de este colectivo y que aquellos que discriminen sean sancionados en cualquier nivel de gobierno.

En medio de este clima de animadversión, exacerbado por grupos religiosos, que han generado un creciente clima de violencia con las personas LGTB, las discusiones en el Congreso local estarán empañadas por la hipocresía y el interés político, ante las ya cercanas elecciones federales de 2015.

Mire que los panistas son cachetones

La verdad es que los panistas piensan que los mexicanos no tenemos memoria, y es posible que tengan razón porque miles de compatriotas están al día en materia de análisis de la realidad.

Lo que este jueves declaró el exsecretario particular de Felipe Calderón Hinojosa, el actual senador panista Roberto Gil Zuarth, de verdad parece de borracho de ranchería.

Al referirse a los profesores que cobran mucho más que él, sin trabajar, algo que el actual gobierno federal está empeñado en resolver con las leyes secundarias de la reforma educativa, el joven chiapaneco lanzó la bravuconada: si los gobernadores del PRI no logran resolver el tema de maestros que ganan más que el propio Barack Obama, “para eso estaremos los senadores del PAN”.

Habrá que recordarle al mozalbete que el gobierno peñista interpuso controversias constitucionales contra dos estados gobernados por su partido por contravenir en sus leyes estatales los preceptos de la reforma educativa: Baja California, gobernada por Francisco Vega de Lamadrid, y Sonora, por Guillermo Padrés Elías.

En Sonora, el presidente Enrique Peña Nieto impugnó 27 artículos porque considera que dan pie a que los sindicatos magisteriales participen en el diseño de la evaluación que se aplicará a sus agremiados y por dejar que los docentes asciendan de cargo por el método de escalafón, según nota de CNN Expansión.

En el caso de Baja California, al igual que en Chiapas, Zacatecas y el propio Sonora, porque permiten que los profesores que reprueben las evaluaciones sean reasignados a labores educativas, a pesar de que en 2013 se estableció que conservarían sus plazas solo en tareas administrativas, como estaba redactado en la Ley de Educación de Veracruz, antes de su oportuno reajuste.

Pero lo paradójico es que fue en los 12 años en que gobernó el PAN, el último siendo él uno de los protagonistas, cuando la ahora presidiaria Elba Esther Gordillo tuvo la manga más ancha para hacer y deshacer con las nóminas magisteriales, generando casos de vergüenza como la de ‘maestros’ con salarios más altos que los que obtienen ejecutivos de empresas trasnacionales.

Sí, que todos los senadores aboguen por extirpar ese tumor, pero que Gil Zuarth haga primero un mea culpa por lo que le corresponde de 12 años en que el SNTE doblegó a presidentes de la República y gobernadores.

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