A diferencia de Carlos Salinas de Gortari, quien en diciembre de 1988 llegó muy acotado y cuestionado a la Presidencia de la República pero el cual tres años después, en la elección federal intermedia de 1991 arrasó con los candidatos a diputados del PRI en los 300 distritos electorales del país, ahora el presidente Enrique Peña Nieto no logra aún posicionarse en los niveles de popularidad de su penúltimo antecesor priista.

Aparte de los altos índices de inseguridad, así como de pobreza y desempleo que se han acentuado por el estancamiento económico, la administración de Peña Nieto está resintiendo el costo social y político de las diversas reformas estructurales que ha venido impulsando a través del Pacto por México en alianza con las dirigencias nacionales del PAN y PRD, cuyos beneficios no se verán reflejados en el corto plazo en los bolsillos ni en la calidad de vida de los mexicanos.

Y es que no son pocos ni menores los grupos de poder y sus intereses particulares o facciosos que se han sentido amenazados por las reformas educativa, fiscal, energética, de telecomunicaciones y hasta por la de tipo electoral.

El famoso cineasta mexicano Alfonso Cuarón, galardonado este año en Hollywood como mejor director, ha publicado un par de sendos desplegados periodísticos dirigidos al presidente Peña para cuestionar expresamente las reformas energética y petrolera y exigirle un debate más extenso con especialistas en la materia para que la mayoría de los mexicanos se informen y conozcan a fondo lo que está por aprobarse en el Congreso.

Los cuestionamientos de Cuarón tuvieron gran impacto mediático, y aunque el gobierno federal contestó formalmente al director de “Gravity”, sus respuestas no lograron revertir el  efecto desfavorable en las redes sociales ni en otros influyentes sectores de la opinión pública.

Pero Cuarón ni otros personajes con militancia en la oposición han sido los únicos en cuestionar duramente las reformas estructurales de Peña Nieto, quien la semana anterior recibió también las mismas inquietudes de la jerarquía de la iglesia católica mexicana. El pasado viernes 2, en Cuautitlán Izcalli, Estado de México, el Presidente se reunió durante 1 hora con 20 minutos con los 119 obispos del país, los cuales le plantearon su preocupación porque estas reformas beneficien a toda la población y no a un solo grupo.

Eugenio Lira, secretario general de la Conferencia del Episcopado Mexicano, dijo que compartieron al Primer Mandatario sus inquietudes de que leyes como la educativa, fiscal, política, energética y de telecomunicaciones cuenten con mecanismos que promuevan la equidad.

La jerarquía católica, que además expuso al Presidente sus preocupaciones sobre seguridad, migración y acceso a la salud, temas sobre los cuales el mexiquense se comprometió a responder en cinco días que se cumplieron este miércoles 7, le expresó también a Peña Nieto las siguientes dudas sobre las reformas estructurales:

“Educativa: ¿Qué garantizará que esa reforma no venga a alimentar una nueva estructura burocrática que sólo defienda sus propios intereses? ¡Sin educación de calidad no hay personas, ni pueblos libres!”

“Fiscal: ¿Qué garantizará que esa ley fomente una contribución justa, sin complejidades y que sea utilizada con honestidad y transparencia? ¿O será una maraña en la que puedan evadirse quienes se benefician de los recursos del pueblo?”

“Política: ¿Qué garantizará que esa legislación consolide una real participación ciudadana que supere las artimañas de los más habilidosos para lucrar con el poder? ¡Sin amor al prójimo, sólo habrá una búsqueda ambiciosa de pedazos de poder!”

“Energética: ¿Qué garantizará que esa reforma haga que las inversiones públicas o privadas, nacionales o extranjeras, sean promotoras de progreso social, por encima de intereses particulares?”

“Telecomunicaciones: ¿Qué garantizará que esa ley ponga al alcance de todos las ventajas de la tecnología y la calidad de los contenidos? ¡Sin justicia los monopolios cambiarán de manos y la opinión pública la definirán intereses dominantes!”

El activismo político de la Iglesia católica debe preocupar a la cúpula priista por su notable influencia en el pueblo mexicano que en su mayoría profesa ese credo religioso.   

Y es que de no mejorar los niveles de popularidad del Presidente de aquí a principios de 2015, los candidatos del PRI a la diputación federal difícilmente podrán valerse de este activo partidista que en otras épocas les aseguraba prácticamente el triunfo electoral. Igualmente Peña tendría que apoyarse en otros actores y factores políticos si quiere asegurar mayoría simple en la próxima Legislatura al Congreso de la Unión, con cuyos diputados cerrará su sexenio en 2018.

Esta circunstancia obviamente favorecería a los gobernadores del partido tricolor que quizá no son más populares que Peña Nieto pero que en sus entidades tienen control y bien aceitada a la estructura priista.

En este escenario no habría que descartar entonces que los Ejecutivos estatales pudieran llevar mano en la selección de la mayoría de los candidatos a diputados, de cuyos buenos resultados en estos comicios dependería también su fortalecimiento para incidir o decidir en su propia sucesión. Al tiempo.