Ayer, en la Legislatura local, el secretario de Infraestructura y Obras Públicas, Gerardo Buganza, se vistió de luces y salió a lidiar un astado de regular tamaño: el túnel sumergido del río Coatzacoalcos.

No salió en hombros de la plaza, y las orejas y el rabo podría recibirlos de la Procuraduría General de la República, si es el caso. Lo que sí dejó claro en su comparecencia es que los únicos cogidos por el toro hemos sido todos los veracruzanos.

Nunca como en esta exposición, autorizada y empujada por el gobernador Javier Duarte de Ochoa, se había pintado con todos los detalles la desastrosa gestión financiera del exgobernador Fidel Herrera Beltrán, hombre caprichoso que dispuso del dinero público para dilapidarlo en una aventura en que los únicos que saldrían ganando serían la empresa española FCC Construcción y diversos socios, bajo la razón social Túnel de Coatzacoalcos, SA de CV.

Con un avance del 70 por ciento, el costo de la obra se incrementó en un 250 por ciento, sin que quedara claro cuándo estaría lista y en operación.

Para colmo, mientras los empresarios solo han destinado arriba de 389 millones de pesos de capital de riesgo y 929 millones en créditos, el gobierno estatal ha aportado 2 mil 326 millones, es decir, casi el 50 por ciento del costo estimado que, en cosa de unos años, creció de 2 mil 66 millones a ¡4 mil 912 millones! Una barbaridad.

Las dos modificaciones de la concesión, dijo Buganza, han obligado al gobierno estatal a financiar prácticamente la construcción de la obra, desviando recursos de diversos fideicomisos. Y es que el costo proyectado en 2004 creció en 2 mil 900 millones de pesos.

¿Quién se beneficiará de esa obra?

Si no se hace nada para contrarrestar los términos de la concesión, la única beneficiaria será la empresa constructora y futura operadora de los recursos derivados del pago por peaje de los usuarios. Un negocio como solo los españoles saben hacer ahí donde destinan sus inversiones.

Veracruz se encuentra prácticamente en la bancarrota, no hay dinero en las arcas, no se ha hecho prácticamente nada en materia de inversión en infraestructura. Y eso es producto del endeudamiento inescrupuloso y brutal que contrató el anterior sexenio y del destino de miles de millones de pesos en proyectos que, como el del túnel sumergido, solo han servido para ocultar actos de corrupción.

Además de cientos de millones de pesos que se han ido al agua, esta obra ha estado marcada por la desgracia y la opacidad: durante los largos años que ha durado su hechura, han muerto dos personas y ha salido herido otro trabajador, se ha perdido maquinaria y se han echado a perder estructuras prefabricadas que han representado pérdidas millonarias.

Y todavía don Gerardo afirma que el gobierno estatal reitera “su indeclinable compromiso con la transparencia, la rendición de cuentas, el imperio de la ley, la plena vigencia del Estado de Derecho y la defensa del patrimonio y del bienestar de los veracruzanos”.

¿Después de que el último día de su gobierno, Fidel Herrera modificó el título de concesión, comprometiendo al gobierno al pago de más de mil millones de pesos extras a la Concesionaria Túnel de Coatzacoalcos (Cotuco)?

¿Cómo piensa revertir tan mal negocio en que el gobierno estatal pasó de comprometerse a participar con el 40 por ciento del costo de la obra a correr con el 73 por ciento?

¿Cómo es posible que la parcialidad aportada por la empresa gracias a empréstitos por poco menos de mil millones de pesos ya han sido amortizados con el 85 por ciento de los ingresos del Fideicomiso del Puente Coatzacoalcos I, con lo que en realidad solo ha aportado 300 millones de sus bolsillos y lo demás ha salido de las carteras de los veracruzanos? Por eso, el puente está en condiciones tan desastrosas, pues solo el 15 por ciento de los ingresos se han destinado a su reparación.

¿Por qué han debido pasar tres años sin que ningún titular de la antes denominada Secretaría de Comunicaciones haya puesto en alerta al gobernador Javier Duarte de Ochoa sobre ese barril sin fondo en que han ido a parar los escasos recursos fiscales de la entidad, sin que, por otra parte, la obra no vaya ni para atrás ni para adelante?

¿Por qué solo pasar a la báscula a Marcos Theurel y Guillermo Herrera, titulares de la Secom cuando se hicieron las modificaciones, como el secretario Buganza dijo en la tribuna del Congreso?, ¿no habría que incluir en el paquete al exgobernador Fidel Herrera Beltrán, en cuyo mandato no se hacía absolutamente nada si él no lo ordenaba o autorizaba?

¿En qué grado de avance se encuentra esta obra? Buganza lo señaló claramente: “La realidad es que a 10 años que se otorgó la concesión, éste no se ha concluido, faltan solamente 250 metros para entrar en la operación”.

Ojalá fructifique la denuncia interpuesta en diciembre de 2013 ante la PGR contra la concesionaria y se rescate el negocio completo para el principal financiador de la obra, es decir, el gobierno estatal.

Según el titular de la SIOP, por el túnel pasarían cada día 30 mil vehículos, por lo que es un negocio rentable. Bueno, pues que lo agreguen a esa estructura burocrática denominada Caminos y Puentes Estatales de Ingresos y las arcas estatales recuperen lo invertido.

Que siempre sí hay autodefensas en Soledad Atzompa

Aunque lo nieguen autoridades civiles y militares, estatales y federales: en Soledad Atzompa, los ciudadanos se están organizando para defenderse de los criminales. Porque no le creen al Ejército ni a Arturo Bermúdez Zurida, secretario de Seguridad Pública, de que en esa región no hay una situación de riesgo por operación de bandas delictivas.

En una nota despachada por la agencia AVC, se informa que hasta ayer miércoles se habían registrado 120 ciudadanos en Palacio Municipal para funcionar como policías comunitarios, y entre 300 y 400 esperan tener su reconocimiento y su gorra. Los recluta es el propio alcalde Bonifacio Aguilar, quien recibe peticiones de diversas comunidades para armar su propia policía comunitaria.

“Como lo entiendan, Gobierno del Estado o federal, llámese policía comunitaria, autodefensas, como se quiera dar a entender, yo sí insisto en que realmente en estos últimos meses, días, Soledad Atzompa ha sido golpeado por los secuestros”, aseguró el alcalde, una autoridad constitucionalmente establecida.

Y aunque no dependen salarialmente del ayuntamiento, aunque no porten armas, aunque solo hagan rondines para preservar la seguridad de sus comunidades, dos cosas son ciertas: 1. Que ni la Secretaría de Seguridad Pública, ni la Marina ni el Ejército se han hecho responsables de la seguridad en esa región, y 2. Que son grupos de autodefensa, aunque se les niegue el apelativo. ¿Por qué? Porque motu proprio han decidido defenderse, ante la falta de apoyo oficial. Ni más ni menos.

Así que, en lugar de entrar en discusiones ‘semánticas’, el gobierno del estado debe ponerse las pilas y acudir a proteger a veracruzanos que no son de segunda por habitar en zonas rurales y serranas.

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