Egresados de las mejores universidades privadas de México y el extranjero, los miembros del gabinete económico del gobierno federal parecen no conocer la situación de las universidades públicas y amenazan con dejarlas solas con sus compromisos y proyectos. El esquema no parece muy distante en el caso de Veracruz.

La mayoría de las universidades del país enfrentan graves conflictos. Desde arriba, los bloqueos en los flujos financieros provenientes de los subsidios federal y estatal están rompiendo los calendarios académicos y de investigación; desde la base, la presión de los sindicatos y la emergencia de movimientos estudiantiles espontáneos que demandan mejores condiciones de enseñanza-aprendizaje, difíciles de cumplir por la falta de liquidez a que las orillan los gobiernos estatales.

En Sonora, la universidad pública vive momentos difíciles: la falta de flujo financiero ha hecho que las autoridades universitarias cancelen el diálogo con la organización sindical, lo que ha creado un escenario de confrontación y paro de labores que ha afectado a los estudiantes ya por más de un mes.

En Michoacán, a la par de los profundos problemas relacionados con la violencia y la inseguridad que dominan esa entidad, la universidad pública enfrenta, además de un movimiento estudiantil tradicionalmente radicalizado, una grave situación económica.

Ya no se habla tanto del grave riesgo para su viabilidad financiera que en el futuro cercano significarán las pensiones y servicio médico de su personal. Ahora, el tema se ha hecho más pedestre: cómo pagar a tiempo a los maestros, investigadores, trabajadores administrativos, técnicos y manuales cada quincena, y evitar que realicen paros por el retraso de los depósitos bancarios.

Además de la visión limitada de las autoridades educativas del país, las universidades estatales deben enfrentar el constante jineteo de los recursos enviados por el gobierno federal a las tesorerías y secretarías de finanzas de gobiernos estatales sobreendeudados y urgidos de cumplir toda clase de compromisos con proveedores y de financiar acciones políticas que posterguen el descontento popular.

¡Basta de intermediarismo!

No de otra manera puede explicarse que la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES), a nombre de sus socios públicos, lleve meses negociando con el secretario de Hacienda y Crédito Público, Luis Videgaray, y de la Subsecretaría de Educación Superior de la SEP, que la entrega de subsidio empiece a realizarse de manera directa a las universidades, sin intermediación de los gobiernos estatales.

El proyecto presentado hace ya tiempo por la ANUIES es lograr un presupuesto multianual con entrega directa, para evitar que las universidades públicas incumplan con sus programas académicos y de infraestructura educativa e, incluso, con el gasto corriente.

Para nadie es un secreto que, en el caso de Veracruz, la Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan) ha creado la madre de todos los fondos revolventes, a la que canaliza todos los recursos provenientes de su propia recaudación fiscal, así como de los programas federales, subsidios públicos, recursos extraordinarios, apoyos a seguridad, educación, salud e infraestructura… y el subsidio federal para la universidad estatal.

Por desgracia, ese gran fondo no es ejercido con base en un enfoque estratégico sino de acuerdo con la urgencia coyuntural, a lo que más ruido genera en el día a día, dejando de lado los calendarios de ejercicio presupuestal de las dependencias y programas de gobierno.

Si al primer titular de Sefiplan, el exquisito Tomás Ruiz González, se le acusaba de enorme rigidez y de un estricto control de las finanzas estatales, lo que le hizo chocar de frente con las perdurables ambiciones del exgobernador Fidel Herrera Beltrán y sus emisarios sembrados en la dependencia, al actual titular Fernando Charleston Hernández, joven e inexperto, se le conoce como un funcionario obediente y sin fuerza para lograr lo que aquel hizo con la reingeniería financiera de un gobierno a punto de la bancarrota.

Y, en esas circunstancias, la Universidad Veracruzana resulta un caso de extremada vulnerabilidad pues, pese a contar con un presupuesto aprobado, más de la mitad en apariencia proveniente del subsidio estatal, en el presente rectorado enfrenta un gravísimo problema de liquidez que ya le enfrenta con el tradicionalmente manso sindicato del personal académico (Fesapauv).

Pero no solo con los sindicatos. También con proveedores, con investigadores que lograron recursos extraordinarios externos para sus investigaciones, profesores que por mérito propio han logrado mejoras salariales que pueden mantener siempre y cuando mantengan su excelencia, infraestructura que se enfrenta al paso del tiempo sin que reciba el debido mantenimiento, espacios educativos urgentes que no pueden ser construidos.

El papel de Sara Ladrón de Guevara

En las últimas fechas, la luna de miel de que gozaba la rectora Sara Ladrón de Guevara, la primera mujer en ocupar ese puesto, con el gobierno estatal, los intelectuales, los académicos y los mismos periodistas, se ha ido perdiendo y empieza a enfrentar los sinsabores de un matrimonio problemático.

Académica por excelencia, Ladrón de Guevara ha debido darse cuenta a estas alturas que el puesto que ocupa exige más un constante cabildeo, una permanente batalla por los presupuestos tanto en el gobierno estatal como en el federal. Y, para ello, requiere de operadores eficaces, necesita cimentar relaciones políticas al más alto nivel y a confrontar a quienes están asfixiando la tesorería universitaria.

Porque de gratis, nada. Los apoyos externados por el gobernador Javier Duarte de Ochoa y de su esposa Karime Macías, al momento en que tomó protesta del cargo y fue revestida de un halo especial por ser la primera rectora, de nada sirven en el fragor cotidiano, donde debe exigir, confrontar, gestionar y pelear por recursos que ya están etiquetados.

Y es que detrás tiene nada menos que una de las universidades públicas más importantes del sureste del país, una institución que está cumpliendo 70 años de existencia y que es muy importante para los veracruzanos.

Ahí nos formamos miles de paisanos, de ella recibimos las más altas expresiones de la cultura y las artes, en sus centros de investigación encontramos soluciones a los problemas sociales, económicos y políticos de la entidad.

Si el secretario de Finanzas y Planeación, Fernando Charleston Hernández, no entiende a una universidad pública tan importante como la UV porque no estudió en ella, porque hizo su licenciatura en Economía en el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM), porque se hizo maestro en Políticas Públicas en la Universidad Iberoamericana, porque jamás ha acudido a un aula de universidad estatal, entonces Sara Ladrón de Guevara, la rectora inteligente y comprometida, debe hacerle ver al joven funcionario que trabaja para los veracruzanos cuya única opción es estudiar en una universidad pública.

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