Veracruz está a punto de convertirse en un preciado botín. A las actividades de la mina a cielo abierto Caballo Blanco, en las inmediaciones de los municipios de Alto Lucero y Actopan, que se mantiene como riesgo latente, pronto se sumarán varias presas, la apertura de pozos petroleros y la posible extracción de gas shale.

Ante la presión social y de grupos ambientalistas, el gobernador Javier Duarte de Ochoa se ha pronunciado contra la mina canadiense y, recientemente, ha dejado entrever la posibilidad de oponerse a la construcción de la hidroeléctrica El Naranjal, que pretende desviar la mayor parte del agua del río Blanco.

La reforma energética impulsada por el presidente Enrique Peña Nieto no solo proporciona argumentos a los movimientos de izquierda en torno al petróleo mexicano.

Partidos como el PRD y Morena se han enfocado al tema político e ideológico de la privatización de Pemex, pero lejos están de dimensionar otros efectos negativos para el medio ambiente y para la población, compuesta mayoritariamente por campesinos pobres e indígenas.

La reforma energética, en efecto, no solo se refiere a hidrocarburos; también a la generación de energía eléctrica, principalmente de la mano de empresarios extranjeros que ya han puesto bandera en grandes extensiones de tierra, como sucede en el Istmo de Tehuantepec, en Oaxaca, para la generación de electricidad mediante la energía eólica.

En el centro de la entidad, movimientos sociales apoyados incluso por representantes de la Iglesia católica han alertado de los peligros que representa el aprovechamiento de las aguas de los ríos Blanco y Metlac para generar electricidad.

Y es que las aguas serían canalizadas 22 kilómetros por localidades del municipio de Amatlán de los Reyes, para alcanzar dos lagunas reguladoras en la parte alta del cerro San José de Gracia para, mediante tuberías, conducir el agua hasta Xúchilez, en el municipio de Omealca, donde colocarían las turbinas generadoras de energía eléctrica.

Presas, pozos, minas y saqueos

También hemos visto los movimientos que se han dado en contra de la presa que captaría aguas del río de los Pescados, en el municipio de Jalcomulco, para dotar del líquido a Xalapa. Pero, ¿qué efectos negativos representan estas empresas para las poblaciones cercanas, además de los daños para el medio ambiente?

El Movimiento Mexicano de Afectados por las Presas y en Defensa de los Ríos ha documentado varios casos de comunidades desplazadas de forma violenta para construir obras hidroeléctricas, que no generaron desarrollo económico sustentable a nivel local.

Mencionan la construcción de la presa Miguel Alemán, en los años cincuenta, entre Oaxaca y Veracruz, que obligó al desplazamiento forzado y violento de 22 mil indígenas mazatecos, y la construcción, en los setenta, de la presa Cerro de Oro, en Oaxaca, que desplazó a 26 mil campesinos, en su mayoría indígenas chinantecos.

En un largo artículo publicado por el portal Sin Embargo, se asegura que “tierras ejidales, comunales y de pequeños productores agrícolas, en cuyo subsuelo yacen miles de millones de dólares en energéticos, están en riesgo de ser despojadas de sus actuales dueños, con la Reforma Energética del Presidente Enrique Peña Nieto”.

Y es que los inversores privados, nacionales y extranjeros, no se arriesgarán a invertir en proyectos de energía sino se les asegura el pleno dominio sobre los terrenos en que harán sus operaciones extractoras o generadoras de energía, y en la reforma no se incluye ninguna norma para que las poblaciones que habitan cerca de los sitios ricos en hidrocarburos participen en consultas públicas para conocer si están o no de acuerdo.

El senador Luis Sánchez asegura que la reforma pone en riesgo de expropiación a propietarios que habitan en 12 estados y 260 municipios, entre ellos Veracruz, que en conjunto representan más de 400 mil kilómetros cuadrados del territorio nacional. Derivado de ello, no solo habrá una gran depredación sino un gran despojo que afectará a los más débiles.

Beneficios, solo en el discurso

A partir de la aprobación de la reforma energética, el gobernador Javier Duarte ha sido muy optimista en torno a los beneficios que Veracruz recibirá en industrialización, explotación de recursos energéticos y generación de empleos.

Es muy posible que tenga razón en términos generales. Sin embargo, como mandatario estatal deberá auxiliarse con sus asesores para conocer con plena certidumbre aquellos proyectos que, en lugar de beneficiar, podrían afectar a miles de pobladores y anticipar la posibilidad de que se generen movimientos sociales riesgosos para la estabilidad del estado.

Las empresas empeñadas en impulsar sus proyectos de explotación en territorio veracruzano, los venden con el consabido recurso de prometer fuentes de empleo, derrama económica en beneficio de pobladores, realización de acciones colaterales (como caminos, puentes, obras sociales) y el impacto en el PIB estatal.

Sin embargo, la mano de obra que usan durante la construcción de los complejos industriales es mayoritariamente temporal y externa, otorgan sueldos de hambre a los pobladores que contratan y, cuando entran en funcionamiento después del despojo de propiedades y la afectación del medio ambiente, la contratación es minúscula.

En estos tiempos difíciles en que enfrentamos serios riesgos, hace falta un Gobernador que defienda a los veracruzanos.

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