Mientras más de 2.3 millones de estudiantes veracruzanos comienzan este lunes el largo periodo vacacional de Semana Santa, que comprende del 13 al 27 de abril, las autoridades educativas tendrán un momento de sosiego para analizar en sus oficinas los asuntos que han incendiado en los últimos días a la opinión pública, en particular, el de miles de plazas que se pagan sin que se sepa a qué actividad se dedican los beneficiarios.

Tanto autoridades educativas como líderes magisteriales se han afanado en explicar lo inexplicable: en primer lugar, quiénes son y dónde laboran los miles de profesores ‘desaparecidos’ que fueron detectados por el Censo de Escuelas, Maestros y Alumnos de Educación Básica y Especial (CEMABE), ordenado por la SEP y aplicado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), y en segundo, el séptimo lugar nacional que ocupa nuestra entidad en número de escuelas inexistentes.

El de estas escuelas que no aparecen en ningún mapa es un asunto grave: constituyen simulaciones atroces que han permitido el desvío de recursos públicos destinados a educación hacia el pago de personal fantasmagórico que ‘labora’ en escuelas que, aunque cuentan con dirección, maestros, personal de intendencia y clave, simplemente están ilocalizables. El censo señala que en Veracruz hay 29 en esa condición.

Según la organización Mexicanos Primero, el CEMABE dejó en claro que en el país hay más de 121 mil 869 maestros “asignados” a 29 mil 44 centros de trabajo inexistentes o clausurados. Si le parece ominoso el dato, resulta que hay 10 mil 279 profesores comisionados a tareas sindicales, cargos públicos o de elección popular, según el Oficial Mayor de la SEP, Guillermo Bernal, por los que el gobierno federal erogó, de enero a marzo de este año, 407 millones de pesos.

Por desgracia, según la organización Ojo Ciudadano, uno de cada tres profesores será inmune a la Reforma Educativa, pues las leyes educativas aprobadas por las legislaturas de 10 estados, entre ellos Veracruz, permiten la figura de ‘aviadores’, comisionados y licenciatarios, eufemismos con que se designa a aquellos que cobran pero no dan clases. Los otros estados son Coahuila, Guanajuato, Hidalgo, Nayarit, Nuevo León, Querétaro, San Luis Potosí, Sinaloa y Yucatán.

Sector educativo local, reprobado en transparencia

Para el titular de la SEV, Adolfo Mota Hernández, los datos del censo sobre la detección de 2 mil 127 profesores ‘aviadores’ y 29 escuelas inexistentes, son falsos. Así, de un plumazo, descalificó los señalamientos derivados del exhaustivo estudio.

¿Qué argumentos sacó de la chistera? Que durante el periodo en que se aplicó el censo,  no se levantaron datos en 300 planteles que no estaban en clases por cuestiones climáticas y de ubicación. Tendrá que respaldarlo fehacientemente ante las autoridades educativas federales.

Lo mismo deberá hacer, con números y documentos legales, para respaldar su débil argumentación sobre la detección de profesores aviadores que, según él, no lo son: que era posible que no los hubieran censado porque en el momento del levantamiento de datos no se hallaban en su centro de trabajo, sea por enfermedad, licencia o haber pedido un día económico.

Seguramente, durante estas vacaciones de Semana Santa trabajará con su equipo para reunir la información que se comprometió a proporcionar sobre los más de 2 mil maestros que fueron considerados aviadores por el Inegi, pero que ya se reportaron, y deberá incluir los 29 planteles considerados como escuelas inexistentes por la SEP. ¿Dónde están, quiénes laboran en ellas, cuáles son las condiciones en que trabajan, por qué debieron cambiar de domicilio y cuáles son las razones por las que ni la propia SEV pudo dar su ubicación exacta?

Es más, que el Inegi no contó bien no parece una declaración adecuada y plantea un grave diferendo con el gobierno federal. En todo caso, como cuando se reciben observaciones por parte de los órganos de fiscalización, lo que el titular de la SEV debió señalar es que se estudiarían los casos y se buscaría aclarar la información que, desde el punto de vista local, no tiene fundamento.

Se perdió la oportunidad de corregir

Pese a que el gobierno federal y los estatales destinan el mayor porcentaje de sus presupuestos a educación, como ha reconocido la propia Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), lo cierto es que este rubro vive cada vez sus peores capítulos.

Que los sindicatos magisteriales, el SNTE en particular, han actuado como organizaciones delictivas dedicadas a succionar impunemente los recursos públicos, es algo que se conoce desde hace muchos años, y la detención de Elba Esther Gordillo bajo los cargos de delincuencia organizada y blanqueo de dinero no hace sino confirmarlo. Los gobiernos federales anteriores (tanto del PRI como del PAN) no solo no combatieron estas prácticas sino que las fortalecieron, dando manga ancha para que se crearan formas de corrupción más burdas.

La reforma educativa pintaba un camino insuperable para despejar las enormes trabas que interpone la profunda corrupción imperante en el sector educativo.

Desde la evaluación de los maestros para expulsar de las aulas a quienes no educaran o lo hiciesen inadecuadamente, hasta el control de la nómina por la Federación para romper con los círculos locales de corrupción, el propósito se ha roto por intereses políticos de los gobiernos locales que no quieren perder a uno de sus principales aliados electorales.

Mucho se ha escrito (y mucho más se escribirá) sobre los diques interpuestos en varios estados, entre ellos el nuestro, para evitar que corra por canales adecuados la reforma educativa. Veracruz ha perdido la oportunidad de poner en orden la casa y de potenciar los alcances de su sistema educativo. Es una pena.

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