Veracruz huele a escasez de recursos públicos. Por donde quiera (municipios, dependencias de gobierno, Universidad Veracruzana), la noticia es que no hay recursos para operar y, aunque los municipios han tenido un pequeño respiro con la recaudación del impuesto predial, lo cierto es que la situación se ha vuelto tensa y amenaza con generar una parálisis en la gestión pública.

La Secretaría de Finanzas y Planeación parece una máquina de generar ideas novedosas para evitar que la situación afecte el gasto corriente, particularmente en lo que hace a salarios y prestaciones de los trabajadores y funcionarios públicos, pese a lo cual, han salido a la calle varios sectores que demandan el pago oportuno de sus emolumentos. El caso más patético es el de miles de pensionados.

A las dificultades para recibir sus salarios, muchos trabajadores enfrentan el problema de que los créditos comprometidos con casas comerciales se fueron a cartera vencida; en el desastroso final del sexenio de Fidel Herrera Beltrán, cientos de empleados públicos vieron con desesperación cómo los descuentos aplicados en nómina no llegaron a las empresas que otorgaron créditos para autos, bienes muebles, viajes o servicios médicos y odontológicos. Pese a haber cumplido a fuerza, las empresas llegaron con la noticia de que sus bienes serían embargados por falta de pago.

No ha habido, por fortuna, protestas por esta situación en lo que va del gobierno de Javier Duarte de Ochoa, que la semana pasada estableció un convenio con el Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros (Bansefi) para que los trabajadores de la educación reestructuraran sus deudas y pudieran pagar intereses más bajos.

Donde quiera que vaya uno, sea para presentar un proyecto, ofrecer servicios, vender productos, las dependencias estatales y municipales salen con el mismo discurso: esperar al segundo semestre para que haya disposición de recursos en sus cuentas bancarias.

Ayer mismo ocurrió un inusual paro de labores del personal académico de la Universidad Veracruzana por la morosidad en el pago de salarios, lo que se resolvió de inmediato gracias a la presión ejercida por un sindicato, Fesapauv, caracterizado por ser extremadamente institucional, al punto de que su sempiterno dirigente, Enrique ‘Papo’ Levet Gorozpe, diputado local en la pasada Legislatura, en el pasado proceso interno se aventó la puntada de buscar la Rectoría de la UV, empeño del que fue tumbado antes de que la comunidad creyera que la máxima Casa de Estudios había entrado de lleno al surrealismo político.

¿Qué está pasando con las finanzas públicas?

Desde su asunción al poder hace ya más de tres años, el gobernador Javier Duarte de Ochoa ha debido trabajar horas extra para reestructurar las finanzas públicas de Veracruz, dejadas en calidad de famélicas por el exgobernador Fidel Herrera Beltrán.

Su primer secretario de Finanzas, Tomás Ruiz González, apretó a tal grado el gasto público que la entidad vivió un largo periodo de penurias, mismo que todavía en 2014 parece no haber tocado fondo. Las empresas calificadoras pusieron a la entidad en un negativo grado de inversión, y no fue sino hasta marzo de 2013 que la organización Fitch Ratings le otorgó al gobierno estatal una calificación positiva merced, dijo, a su “solidez financiera”.

Los ayuntamientos, sin embargo, esperan con avidez los recursos federales. Lo que más dinámicamente avanza, y eso con sus grados de lentitud, parecen ser las obras relacionadas con los Juegos Centroamericanos y del Caribe.

En las tesorerías municipales, en cambio, todo está en el limbo, algo similar con lo que ocurre en la Universidad Veracruzana, cuya rectora, Sara Ladrón de Guevara, debe hacer mil y una pirueta con su secretaria de Administración y Finanzas, Clementina Guerrero, para resolver asuntos de inmediata y urgente solución. Uno de ellos, el pago de salarios de su personal académico.

En el caso del gobierno estatal, las obras camineras acusan retrasos importantes. Muchos trabajos que hoy se desarrollan debido a encendidas protestas de los pobladores, como ocurre por ejemplo en la sierra de Zongolica, son rezagos que se arrastran desde la desaseada administración de Fidel Herrera, quien dispuso de recursos estatales y federales como le dio la gana, incluso aquellos derivados del Fondo de Desastres Naturales (Fonden) que estaban destinados a atender los efectos devastadores de fenómenos meteorológicos.

Ha concluido el primer trimestre del año y no se ve para cuándo los distintos niveles de gobierno en la entidad podrán disponer de los recursos contemplados en sus presupuestos de egresos, lo que representará un grave atraso en obras que podrían verse interrumpidas en tres o cuatro meses por la entrada de la temporada de lluvias.

Gobierno federal, con las llaves cerradas

Pero no es un problema exclusivamente de orden estatal. Salvo la Cruzada Nacional contra el Hambre, los programas para el desarrollo en estados asolados por el hampa, como Michoacán y Guerrero, y el apoyo a las acciones contra la delincuencia, el gobierno de Enrique Peña Nieto tiene atoradas la mayoría de las partidas presupuestales tanto las propiamente federales como las orientadas a gobiernos estatales y municipales.

Si se analiza la prensa local de varios estados del país, así como los medios nacionales, se puede percibir que la inversión pública no fluye. Luego de un primer año de casi cero crecimiento, ha corrido el primer trimestre del segundo año de ejercicio y el país no se mueve.

Todo se ha reducido a anuncios espectaculares para obras públicas; en el caso de Veracruz, la ampliación del Puerto de Veracruz, la modernización del aeropuerto de El Lencero, y las autopistas Cardel-Poza Rica y Tuxpan-Tampico, pero ningún centavo partido por la mitad se ha soltado para dar inicio a los trabajos.

La abusiva reforma fiscal ideada por el titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Luis Videgaray, en lugar de incrementar la recaudación fiscal, es la hora que no logra atraer el cumplimiento de los contribuyentes y, contra lo previsto, ha arrojado a miles de mexicanos a la informalidad, a la contracción del crédito, a la baja en el uso de instrumentos bancarios para el consumo y a la huida del padrón tributario.

Pese a reconocimientos internacionales, el titular de la SHCP lleva 15 meses sin hacer realidad la supuesta pujanza del país en sus finanzas públicas y, en 2013, logró que México tuviera su peor desempeño en términos de inversión, llevando a un crecimiento económico de apenas 1.3 por ciento.

¿Cuándo terminará la larga sequía? Ni los brujos de Catemaco podrían predecirlo.

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