Trascendió ayer en la prensa de la ciudad de México que la Procuraduría General de la República investiga a 20 funcionarios y ex directivos de Pemex Exploración y Producción (PEP), entre ellos a Carlos Morales Gil, quien fuera su titular desde 2004 hasta febrero de 2014, días antes de que la Secretaría de la Función Pública multara a Oceanografía con 24 millones de pesos y la inhabilitara por dos años para recibir contratos federales.

De hecho, esa sanción fue lo que desencadenó el escándalo financiero de esta empresa contratista favorecida durante los dos sexenios presidenciales del PAN.

Morales Gil y una veintena de funcionarios de la paraestatal habrían beneficiado ilegalmente a la empresa de Amado Yáñez con la adjudicación de 21 contratos por 8 mil 744 millones de pesos entre los años 2010 y 2012.

Pero los malos pasos del ex director de PEP quedaron al descubierto no sólo con los contratos asignados a Oceanografía sino que sus malas andanzas llegaron también hasta Veracruz para favorecer a sospechosos contratistas locales, uno de los cuales -Francisco Colorado Cessa, de ADT Petroservicios- acaba de ser procesado en una corte federal de Austin, Texas, por lavado de dinero del cártel de Los Zetas.

En abril de 2011 Morales Gil viajó al puerto de Tuxpan invitado por Pancho Colorado y Ángel Álvaro Peña -un seudoempresario conocido como «El Yaqui», el cual fue coordinador de giras del ex Presidente José López Portillo, secretario de Turismo del estado al final de la administración del gobernador Fidel Herrera Beltrán y compadre del influyente periodista Joaquín López Dóriga-, los cuales organizaron con una notable convocatoria el foro «Chicontepec es negocio ¿sí o no?».

Este evento fue patrocinado por la empresa con la que Colorado ganó alrededor de mil 400 millones de pesos en contratos asignados por Pemex entre los años 2004 y 2011.

El tema a tratar fue precisamente el Proyecto Chicontepec o Aceite Terciario del Golfo, con el que Pemex pretende que para el año 2021 esa zona del norte de Veracruz cuente con la inversión suficiente para convertirse en una cuenca que produzca hasta 600 mil barriles de crudo diarios.

Y es que Chicontepec es la mayor reserva de hidrocarburos del país, con el 39 por ciento del total, de acuerdo con información oficial.

En esa ocasión, Pemex difundió un boletín sobre dicho evento en el que mencionó las perspectivas expuestas por Morales Gil, quien dijo que el yacimiento pasaría de 30 mil barriles de petróleo por día en 2009 a 70 mil para el 2011.

La paraestatal precisó que el foro fue organizado por Colorado y Peña, aunque el gobierno del estado, a diferencia de lo reportado por Petróleos Mexicanos, afirmó que el encuentro fue organizado por la administración estatal, Pemex y la Cámara de Diputados federal. Omitió a los dos empresarios.

Lo cierto es que para cuando se celebró este foro, Colorado ya era para Estados Unidos un hombre supuestamente involucrado con el lavado de activos de Los Zetas, aunque nadie lo molestaba en México.

La Oficina de Control de Bienes Extranjeros (OCBE) vinculó al empresario veracruzano con la acusación penal que el Departamento de Justicia de ese país presentó en su contra por lavar dinero del cártel de Heriberto Lazcano y los hermanos Treviño mediante la compra de caballos de carreras. Según la acusación estadounidense, el 4 de septiembre de 2009 Colorado compró 13 equinos por 546 mil dólares en la subasta Heritage Place en Oklahoma City.

Del total, 516 mil 500 dólares fueron pagados con un cheque de la cuenta del empresario en American Express Bank. El caso de Colorado Cessa no sólo salpica a Morales Gil sino hasta al ex senador y actual diputado federal del PAN y aspirante a la gubernatura de Veracruz, Juan Bueno Torio, ya que a la compañía ADT Petroservicios -que de 2003 a 2011 ganó 30 contratos de Pemex que sumaron mil 326 millones de pesos, no obstante que en abril de 2010 fue inhabilitada para participar en licitaciones federales durante dos años y medio por la Secretaría de la Función Pública debido a que dio información falsa sobre los costos para atender una emergencia por la ruptura de un oleoducto en el municipio de Nanchital- le fue asignado mediante adjudicación directa en abril de 2005 por Pemex-Refinación el contrato número OPU81-162/2004 por 230 millones de pesos, precisamente cuando el panista cordobés se desempeñaba aún como director general de ese organismo subsidiario de Petróleos Mexicanos. ¿Tendrá repercusión este caso en la sucesión estatal de 2016? Ya veremos.

ERICKA, POSICIONADA   Derivado de la reciente reforma electoral que garantiza la equidad de género, el PRI tendrá que asignar a mujeres el 50 por ciento de las próximas candidaturas a la diputación federal en todo el país.

Estamos hablando de unas 150 abanderadas que contenderán en las urnas para disputar una curul en el Palacio Legislativo de San Lázaro

. Acá, en el estado de Veracruz, no son muchas las féminas con alto grado de competitividad electoral. Una de las honrosas excepciones es Erika Ayala Ríos, quien ya tiene una larga trayectoria partidista y es muy conocida y apreciada por la militancia.

La senadora suplente y lideresa sindical de los trabajadores del COBAEV tiene con qué para contender como candidata a legisladora en el distrito de Xalapa-Rural, demarcación en donde ya la conocen bastante bien pues ya fue candidata suplente de Silvio Lagos Galindo. Asimismo lo recorrió como candidata suplente al Senado y cuando fue presidenta interina del CDE del PRI. O sea que Erika no es ninguna improvisada. Tiene arraigo y presencia en esa región. En donde el partido tricolor sí tendrá problemas es en algunas zonas distritales en las que será muy difícil nominar a mujeres no sólo para cumplir con la cuota de género sino para competir con posibilidades reales de triunfo.

PGJE: MODELO DE TRANSPARENCIA   Congruente con sus orígenes en la administración pública del estado, el ex consejero presidente del Instituto Veracruzano de Acceso a la Información, Luis Ángel Bravo Contreras, se ha propuesto poner a la vanguardia en materia de transparencia y acceso a la información a la Procuraduría General de Justicia (PGJ) de Veracruz  que ahora dirige.   Y es que quien actualmente consulta el portal de transparencia de esta importante dependencia no encuentra  la información sectorizada, como cada vez más lo exigen los ciudadanos familiarizados en la materia de acceso a la información.

Es por esto que en la PGJ se está trabajando en números, estadísticas muy puntuales y acuciosas para que desde el portal de internet de la Procuraduría se den a conocer, tal como lo estipula la Ley en la materia.

Actualmente todas estas estadísticas existen, sin embargo están en libros.

Por ello, lo que se pretende hacer es que toda esa información esté disponible de manera electrónica e inmediata y que el ciudadano pueda acceder a ella desde su computadora y no a través de una solicitud, como actualmente ocurre.   Además de esto, en la Procuraduría de Veracruz se desarrolla una aplicación (app) para que desde su teléfono celular sea posible consultar toda esta estadística y la entidad sea modelo y ejemplo, no solo en materia de procuración de justicia sino en acceso y transparencia a la información pública.