La ahora dirigente estatal del Partido Revolucionario Institucional, a quien algunos ven espolones para lograr en 2016 la candidatura de su partido a la gubernatura de la entidad y para lo cual trabaja arduamente según los más agudos observadores de la actividad política veracruzana, ha sido identificada con manejos, si no inescrupulosos, sí al menos poco éticos. La noticia relevante de los últimos días es una acusación sobre que la exalcaldesa defraudó con 50 millones de pesos a la Comisión Municipal de Agua y Saneamiento (CMAS).
La última maniobra realizada antes de partir de sus oficinas frente al Parque Juárez, difundida profusamente por los medios de comunicación, comentada en columnas políticas y referida en charlas de café incluso por empleados municipales, fue la de ofrecer a los xalapeños la posibilidad de realizar en diciembre el pago anual del agua potable en las oficinas de la CMAS.
Por supuesto que no se trató de un acto que pudiera ser puesto en litigio ante las autoridades judiciales. En tanto autoridad municipal estaba facultada hasta el último día del 2013 para realizar los actos administrativos que considerara convenientes en beneficio de la tesorería local y de las políticas de gobierno.
Es muy difícil que esa operación pudiera ser observada por el Órgano de Fiscalización Superior (Orfis), un organismo que poco ha servido para obligar a las autoridades a actuar con plena transparencia, pero lo cierto es que puso en graves aprietos a la administración municipal que le sucedió, encabezada por Américo Zúñiga Martínez, que se enfrentó a la imposibilidad de usar durante todo 2014 los recursos provenientes del cobro del agua y el servicio de saneamiento de una buena parte de los usuarios.
¿Por qué? Porque lo resultante del pago anual de cientos de xalapeños fue usado de inmediato para cubrir muchos de los adeudos apremiantes del ayuntamiento que fenecía, particularmente el pago de compromisos laborales con los trabajadores municipales.
Duro comienzo de Américo
Al creciente endeudamiento con el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos (Banobras) por el financiamiento desde 2003 del famoso PIS (Programa Integral de Saneamiento), deuda que ronda los 400 millones de pesos que el actual alcalde negociará para reestructurarla, la oficina de agua y saneamiento no contaba ni para las mínimas reparaciones de una red de agua potable que tira más del 20 por ciento del líquido que distribuye, debido a las innumerables fugas.
Del supuesto desfalco de 50 millones de pesos por parte de Elizabeth Morales, ya no se sabe nada en el actual ayuntamiento. El regidor Silem García Peña, comisionado en Agua Potable y Alcantarillado, ha salido a los medios a decir que no hay información al respecto y que, en todo caso, la instancia encargada de descubrirlo y darle seguimiento es el Orfis o la Auditoria Superior de la Federación, para los casos de que sean recursos estatales o federales.
En un documento enviado ayer mismo a los medios de comunicación, la propia Elizabeth Morales García ha salido al paso de esta acusación. Según ella, las cuentas de su administración correspondientes a los ejercicios presupuestales de 2011 y 2012 “han sido saldadas y aprobadas, en tiempo y forma, sin problema alguno por parte del Congreso Estatal”.
Ha recurrido en su opúsculo al reiterado argumento de quienes son señalados por supuestas anomalías en el manejo del presupuesto público: las acusaciones “responden a un trasfondo político que en su momento se revelará”.
Y se ha curado en salud. Como el problema puede estar contemplado en el ejercicio presupuestal de 2013, en cuyo último mes tuvo la genial idea de cobrar por adelantado el pago anual del servicio de agua y saneamiento, Elizabeth señala lo siguiente:
“Hasta el momento no he sido requerida para aclarar la Cuenta Pública 2013, por los órganos competentes para hacerlo, y si esto llegara a ocurrir, seré la primera en acudir a transparentar cualquier duda o inquietud que se tenga respecto a mi gestión”.
Bastará esperar a que los órganos fiscalizadores le hinquen el diente a lo ocurrido en 2013. Mientras tanto, las dudas que su gestión ha despertado en ciudadanos, comunicadores y la clase política seguramente se avivarán y, como ella misma lo plantea, su posición en la fila para la candidatura gubernamental o, como se ha hecho patente en los últimos días, para la diputación federal por Xalapa, dará pie a mayores especulaciones.
Como no son recursos federales, no tendrá el riesgo de ser llamada a cuentas por la Auditoria Superior de la Federación (ASF), tan dada a actuar con base en los datos duros y apegada a la legalidad; y mucho menos por el Orfis, dada la importancia política del personaje. Así que ya déjenla en paz.
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