El primer gobernador priista del que se rumoró su «inminente» separación del cargo por la desbordada inseguridad que prevalecía en su estado fue Rodrigo Medina, de Nuevo León, de quien inclusive se dijo, a finales de 2011, que una posible salida decorosa para no afectar a Enrique Peña Nieto sería la coordinación de la campaña presidencial del mexiquense; luego las baterías se enfocaron contra Javier Duarte, de Veracruz, a quien sus malquerientes llegaron a colocar en la Procuraduría Federal del Consumidor; posteriormente fue Fausto Vallejo, de Michoacán, cuya disminuida salud y la proliferación de grupos civiles de autodefensa hacían más creíble su retiro de la gubernatura, y ahora le ha tocado el turno a Eruviel Ávila, del Estado de México. Sin embargo, pese a las tentaciones autoritarias de algunos de sus colaboradores afines al salinismo, hasta ahora el presidente Peña ha evitado dar un manotazo como el que, también al inicio de su sexenio, dio Carlos Salinas de Gortari en contra de varios gobernadores a los que incorporó a su gabinete obligándolos a dejar el gobierno de sus entidades.
Sólo que, en aquella ocasión, entre diciembre de 1988 y enero de 1989, Salinas separó a los gobernadores no por problemas de seguridad pública sino por revanchismo político, pues en esos estados el ex candidato presidencial priista había sido arrasado en la elección por Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, abanderado del Frente Democrático Nacional.
El primero en dimitir fue el michoacano Luis Martínez Villicaña, quien dejó el palacio de Morelia para asumir la Dirección de Caminos y Puentes Federales (Capufe), y luego Mario Ramón Beteta Monsalve, del Estado de México, quien inicialmente fue designado como director general del Multibanco Comermex y posteriormente pasó al Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur). Y es que el mandatario mexiquense había sido intrigado ante Salinas sólo porque era hijo del General Ignacio M. Beteta, militar revolucionario y jefe del Estado Mayor Presidencial del presidente Lázaro Cárdenas del Río. Sin embargo, no son pocos los que dudan que ahora Peña Nieto se atreva a separar de su cargo a Eruviel Ávila. Es más, este martes 1 de abril, horas después de que mil militares y 300 policías federales llegaran a su entidad natal, el Presidente realizó una gira de trabajo por San José del Rincón, municipio considerado «riesgoso» por su colindancia con Michoacán, donde aseguró que acreditará la pertinencia de la intervención de las Fuerzas Federales para recuperar la seguridad en el Estado de México.
El nivel de la problemática se vio reflejado en el impresionante dispositivo de seguridad implementado por elementos del Ejército y del Estado Mayor Presidencial, pues incluyó hasta tres cercos de mallas metálicas para resguardar el campo de futbol donde el mandatario encabezó la entrega de apoyos de la Cruzada contra el Hambre en un evento que congregó a más de 5 mil personas, en su mayoría indígenas mazahuas que fueron trasladados en autobuses cuatro horas antes del inicio del acto. Sin embargo, para alivio de Eruviel Ávila, el presidente Peña Nieto afirmó que el compromiso de su administración es hacer equipo con los gobernadores y con los alcaldes para frenar la violencia, independientemente de su militancia. «Hemos decidido coordinarnos de mejor manera en los trabajos de seguridad pública del Estado de México. Como lo estamos haciendo en otras entidades del país, seguiremos trabajando sin distingo del origen partidario.
Lo importante es que nuestro actuar se acredite de manera eficiente, de manera eficaz, en resultados y beneficios para los ciudadanos», apuntó el jefe del Ejecutivo federal. Minutos antes, el gobernador Ávila había expresado su confianza en que se superarán las limitaciones que en materia de seguridad enfrenta actualmente su estado. «Gracias por el apoyo que nos brindó para poder reforzar las acciones contra los verdaderos enemigos de la sociedad, que son los delincuentes. Seguimos trabajando en equipo, vamos a superar tantas limitaciones que aún tenemos», señaló el mandatario estatal, quien confirmó la llegada de mil 300 elementos de las Fuerzas Armadas y de la Policía Federal a los municipios mexiquenses con mayores problemas de inseguridad, entre ellos el de Cuautitlán Izcalli, cuyo ayuntamiento lo preside Karim Carvallo, hermano de Jorge Carvallo Delfín, secretario de Desarrollo Social de Veracruz.
En ese municipio, entre el 9 de enero y el 12 de marzo de este año se habían contabilizado 35 asesinatos vinculados con el crimen organizado, de los cuales 12 se suscitaron sólo en la Colonia Infonavit Norte, motivo por el que directivos y profesores de algunas escuelas primarias, como la «Narciso Bassols», han estado realizando simulacros con los alumnos del turno vespertino para aleccionarlos que a los tres toques de la campana se acomoden pecho tierra en sus aulas para resguardarse en casos de operativos policiacos o balaceras. Ello no gustó al hermano del titular de la Sedesol en Veracruz, quien entrevistado al respecto declaró anteayer: «Siendo franco, no es por ahí, eso no es prevención, eso es como decir ‘prepárate para cuando tu papá se ponga alcohólico’ cómo reaccionar». Sin responder cómo lo hará, Carvallo dijo que, además de las balaceras, es necesario atacar el problema de venta y consumo de drogas. «Es proactivo (la implementación de los simulacros), pero simplemente es ya resignarse a la violencia y yo creo que la gente de Infonavit Norte, que es parte de la historia de mi territorio, no se ha resignado». Sin embargo, la violencia no amaina en Izcalli pese a que desde enero fue instalada en esa demarcación la Base de Operaciones Mixtas (BOM) en la que participan elementos del Ejército Mexicano y de las policías federal, estatal y municipal. «Esto no ha terminado, Izcalli sigue bajo el ojo del huracán, sigue siendo la amenaza, pero también seremos los primeros en la etapa de prevención», declaró anteayer el munícipe priista.