A los graves efectos sociales y psicológicos que deja la violencia desatada por pequeñas bandas delictivas que proliferan por toda la entidad, debe agregarse el hecho de que los escasos recursos públicos con que cuenta el estado no se destinen plenamente a obras de infraestructura, mejora de espacios educativos, ampliación de los servicios de salud y el combate de la marginación y la desigualdad.

Para enfrentar a los facinerosos, se destinan fuertes sumas de dinero provenientes del erario para contratación y capacitación de más elementos policiacos y la adquisición de equipo, vehículos y armamento que constituyen una verdadera carga presupuestal.

Apenas ayer, el gobernador Javier Duarte de Ochoa entregó 112 unidades policiacas en Xalapa; en cada una de ellas (dependiendo de la modalidad del vehículo) al menos un policía, cuando no dos o más, deben movilizarse y, para ello, es necesario adquirir combustibles y brindar periódicas revisiones y  reparaciones a los automotores.

En efecto, la proliferación de pequeñas bandas delictivas dedicadas al asalto, el robo, el secuestro, el cobro de piso y la extorsión representa para los veracruzanos no solo lo perdido por las víctimas, la vida inclusive, sino un enorme gasto para enfrentarlas, disolverlas y mandar a los delincuentes detenidos a juicio y, en caso de tener éxito en el proceso penal, a las prisiones estatales y federales donde, de nueva cuenta, lo entregado por los contribuyentes debe ser usado para su manutención.

Sin lugar a dudas, esta espiral desatada por la violencia nos está afectando seriamente. ¿Dónde se encuentra la punta de la madeja para empezar a reconstituir el tejido social y ofrecer a los mexicanos alternativas válidas que impidan su incorporación a las actividades delictivas? Tal vez eso debería ser una tarea que se emprenda de manera paralela a la acción policiaca.

Si parece mucho el presupuesto para más patrullas a la vigilancia de la capital del estado, podríamos llegar a abrumarnos si consideramos que este año el municipio capitalino ha obtenido recursos del Subsidio para la Seguridad en los Municipios (Subsemun), programa que maneja la Secretaría de Gobernación.

El propio alcalde Américo Zúñiga Martínez ha anunciado que este año el ayuntamiento contará con recursos del Subsemun del orden de los 6.4 millones de pesos para tareas preventivas mediante la instalación de más videocámaras.

Si se utilizan adecuadamente, las videocámaras pueden servir tanto para desalentar los actos delictivos como para apoyar la persecución de los delitos que se cometan, a no ser que se usen como en el anterior trienio en Martínez de la Torre, en que el exalcalde José de la Torre tenía el monitor de la videovigilancia en su propia oficina en Palacio Municipal, porque las cámaras se habían instalado solo para vigilar sus propios negocios comerciales.

¿Está mal fortalecer las policías?

La pregunta es tonta. Por supuesto que es necesario confrontar a la delincuencia con una capacidad de fuego similar. La cuestión es cuánto tendremos que invertir en un cuerpo policiaco cada vez más numeroso y mejor capacitado y equipado hasta el punto de disuadir a los delincuentes de que realicen esa actividad y llevar a prisión a quienes han roto la paz y armonía que se requiere para producir, invertir y trabajar sin el temor de ser despojados, impunemente en la mayoría de los casos.

Tal vez tendríamos que ver las experiencias de otras entidades que han enfrentado un problema similar o a grados mayores, como Chihuahua, porque el tema es cómo, sociedad y gobierno, detenemos la incorporación de nuevos integrantes a las filas enemigas, principalmente jóvenes que no tienen oportunidades laborales ni educativas o que, teniéndolas, optan por el ‘camino fácil’ de obtener riquezas mal habidas.

Y entonces tendremos que cuestionarnos si, en lugar de videocámaras y patrullas, mejor invertimos en luminarias para evitar que la oscuridad trabaje contra nosotros, en la recuperación de espacios públicos donde los niños y jóvenes logren niveles de convivencia con sus pares, mejores planteles y mayor oferta educativa, creación de empleos que sean remunerativos para evitar la tentación de saltar la raya, programas culturales que cambien el actual paradigma.

¿No es negocio el secuestro?

La frase dicha ayer por el gobernador Javier Duarte de Ochoa, la de que “en Veracruz, el secuestro no es una actividad rentable”, me parece desafortunada. Tan rentable es que cada día aparecen nuevas bandas dedicadas a ese negocio, sin que haya capacidad del Estado para detenerlas. No a todas, al menos.

Si lo que quiso decir el mandatario (a quien nadie puede acusar de haber dejado de actuar contra la delincuencia) es que habrá una acción decidida de su gobierno para perseguir y llevar a la cárcel a los maleantes o “abatirlos” si se ponen agresivos, valdría la pena no velarla con un mensaje que se emparenta con un ‘no pasa nada’.

Él mismo, cuando entregó los 112 vehículos en la Academia Estatal de Policía, reconoció que el secuestro es un grave problema pero que se habla poco de las acciones que su gobierno ha realizado para desarticular a decenas de bandas dedicadas a ese ilícito.

«Le digo a los medios de comunicación, que luego interpretan mis palabras, y dicen que yo digo que en Veracruz no pasa nada. Sí pasa, somos 8 millones de habitantes donde todos los días suceden cosas, y ahora con las nuevas herramientas de comunicación nos enteramos en tiempo real de lo que sucede en otros lugares como la Sierra de Huayacocotla o el Uxpanapa”.

Yo agregaría que quienes estamos en los medios de comunicación tampoco hablamos de la responsabilidad que tenemos en esta espiral de violencia la sociedad, las familias, las instituciones educativas, los empresarios que ofrecen sueldos de hambre, las autoridades municipales y comunitarias que actúan en colusión, los medios de comunicación.

Sí pasa y, por desgracia, no hay fronteras ni aduanas para contener las corrientes delictivas que nos llegan de otras latitudes. Como dijo Javier Duarte, el problema es complejo, se manifiesta lo mismo en las ciudades que en los caminos vecinales, en los campos de cultivo, a la salida de escuelas y factorías. Lo que falta es confianza en los cuerpos policiacos, ya no digamos los del estado, sino los de los municipios, en los policías investigadores, en los jueces y agentes del ministerio público.

Si se logra depurar todas estas instancias de prevención y persecución del delito, habrá oportunidad de que todos nos sintamos con la seguridad de denunciar los delitos y tener la esperanza de que no quedarán impunes. Esa es la próxima tarea, incorporar a la sociedad.

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