Minimizar el impacto del creciente número de secuestros, considerado como un delito de alto impacto, no ayuda en nada a combatirlo y, en cambio, permite generar escepticismo, incredulidad e, incluso, la percepción de que el Estado mexicano (sea el gobierno federal o los de los estados), a través de sus fuerzas de seguridad, está actuando en complicidad con las bandas delictivas, por acción u omisión.

El drama de los secuestros, que puede convertirse fácilmente en una tragedia para una familia o una comunidad, no entiende de estadísticas ni comparaciones.

Decir que Veracruz ha mejorado en cuanto a la prevalencia del delito e, incluso, que poco a poco va ubicándose en lugares más alejados de la cúspide en la tabla de secuestros entre los estados del país, no aminora sus efectos sociales y económicos demoledores.

El cruento sexenio de Felipe Calderón Hinojosa, que no mejoró sino empeoró la situación de violencia en el país, fragmentó y multiplicó las bandas delictivas, lo que permitió que grupos delicuenciales de escala más pequeña pasaran a representar una amenaza a la seguridad más grande que en el pasado. Y los delitos por los que optaron son los de cobro de piso, extorsión y secuestro.

En 2013, México se ubicó, según la consultora global Control Risks, en el segundo lugar mundial en número de secuestros, solo debajo de Nigeria, y en situación más grave que Afganistán, Venezuela, Irak, Líbano, Colombia, Kenia o Siria. Sin embargo, para el Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal, México ya ocupa el primer lugar. Tan solo en 2012 hay registro de 105 mil secuestros.

Según este organismo civil mexicano, en los primeros meses del gobierno de Enrique Peña Nieto, el secuestro experimentó un incremento del 35 por ciento, y la situación era “especialmente grave” en los estados de Morelos, Tamaulipas, Guerrero, Michoacán, Tabasco y Veracruz, en ese orden.

Se ha convertido en la mayor amenaza

En efecto, del primero de diciembre de 2012 al 18 de diciembre de 2013, las autoridades tuvieron conocimiento de 2 mil 663 secuestros, la tasa más alta desde 1997. El Estado de México, gobernado por el priista Eruviel Ávila Villegas, es el estado con más secuestros (537), seguido de Morelos (237), Tamaulipas (198), DF (189) y Veracruz (157), según la organización civil Alto al Secuestro, que preside Isabel miranda de Wallace.

Esta organización contradijo recientemente al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP) respecto a los datos ofrecidos sobre la incidencia de este delito en Veracruz, porque mientras el SNSP reconocía para 2013 solo 112 secuestros, Alto al Secuestro señalaba que estaban registrados 164.

Tan endeble es hablar de avances con base en estadísticas de la SNSP, que el Observatorio Ciudadano Nacional señala que el secuestro tuvo un incremento del 21 por ciento en nuestra entidad, cuando el crecimiento nacional es de 24%, y solo se han monitoreado los hechos delictivos de sustracción ilegal de la libertad en las ciudades de Xalapa, Veracruz y Coatzacoalcos, con sus zonas conurbadas.

Para no ir muy lejos, en la primera Encuesta Nacional del Inegi sobre delitos mayores, correspondiente a 2012, se señala que en el país se produjeron 105 mil 682 secuestros, aunque solo fueron denunciados 1 mil 317, es decir, apenas el 1.2 por ciento porque, según el activista social Eduardo Gallo y Tello, muchas veces las víctimas  saben que las autoridades están coludidas con el crimen organizado.

Este dato es espeluznante: si las cifras manejadas por el SNSP se basan en los registros de los casos denunciados ante las autoridades judiciales de los estados, y estás representan menos del 2 por ciento de los casos reales, eso quiere decir que el 98 por ciento no llegan a la órbita de acción de las policías ministeriales.

Si a ello sumamos la frecuente actitud de desdén ante denuncias sobre desaparicones, podemos estar hablando de que en Veracruz se habrían cometido cerca de cuatro mil secuestros.

Tan grave es el problema que desde diciembre de 2012, el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, sentó las bases de un plan antisecuestro que se centraría en Morelos, Guerrero, Veracruz, Estado de México, Michoacán y Tamaulipas, donde se concentraba el 64 por ciento de los secuestros cometidos en el país.

El drama íntimo del secuestro

Si sobre una pared se proyectan un cuadro de barras y, con la frialdad de los números, se considera una baja sustancial en la incidencia del delito, las autoridades estatales estarán muy lejos de la gravedad que representa la pérdida ilegal de la libertad que cotidianamente sufren decenas (por no decir centenas) de paisanos.

Según Emilio Meluk, un estudioso sobre los efectos psicológicos del secuestro, “el riesgo real de morir en la operación de secuestro es la primera y principal lectura que hace la víctima (…), que seguirá presente aún después de haber sido liberado”.

Y agrega: “En las familias víctimas de secuestro se produce un impacto emocional traumático. El efecto perturbador se hace extensivo a la actividad laboral y a la familia”.

Pero los efectos saltan al ámbito social y económico. Sufrir un secuestro o vivir en un área donde las bandas delictivas que lo practican han sentado sus reales afecta la armonía social, la convivencia cotidiana, la sensación de bienestar y las economías a escala. Nada vuelve a ser igual.

De ahí que se tome con toda la seriedad el problema y se eviten los discursos triunfalistas.

 

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