Dice la ciencia que el adicto está a un paso de rehabilitarse cuando reconoce su adicción. Lo mismo puede suceder en el caso de una sociedad. Por eso, que el gobierno estatal reconozca que Veracruz cruza por un momento difícil en materia delictiva no hace sino acercar soluciones y generar corrientes favorables en sus pobladores. Lo contrario no disminuye la percepción negativa; solo recrudece la desconfianza en quienes gobiernan.

Es cierto que muchas tendencias mediáticas se enfocan en los graves problemas de inseguridad que prevalecen en la entidad, pero también que no la ubican en su contexto: Veracruz es la tercera entidad más poblada del país, ocupa un largo espacio de sur a norte que es tomado como ruta del narcotráfico, el crecimiento delictivo está en consonancia con lo que ocurre en el país y, para colmo, muchos grupos de la delincuencia organizada golpeados en otros estados han decidido moverse hacia el Golfo de México.

Desde un crecimiento sensible en la comisión de delitos del orden común, como secuestros, robos, asaltos y homicidios, hasta la participación de bandas criminales que operan en varios estados, Veracruz se halla en un momento grave de crispación social.

¿Qué debe hacer para enfrentar una nueva ola delictiva? Es evidente que requiere del apoyo del gobierno federal, pues muchos de los indicadores delictivos, como por ejemplo el robo de automóviles y tractocamiones, deriva de la operación más allá de sus mojoneras.

Luego de seis años de vivir en un estado donde todo era felicidad, según la idea impuesta por Fidel Herrera Beltrán a través de los medios de comunicación, el gobernador Javier Duarte de Ochoa enfrentó la más dura crisis delictiva en su primer año de gobierno,  no solo en la zona conurbada de Veracruz-Boca del Río (aunque ahí con mayor resonancia) sino en todo el estado, y salió al paso para decirnos que la situación era grave y, por ello, lograba el apoyo federal con el programa Veracruz Seguro.

Hoy las cosas están muy lejos de ser como lo eran en 2011, pero de todas maneras se han recrudecido, sin que sean suficientes las acciones emprendidas para que la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) cuente con infraestructura, equipamiento de vanguardia, y mandos y policías capacitados.

 

¿Vivimos un periodo álgido de violencia?

 

De nada servirá que los funcionarios públicos declaren que las cosas están bien, que se ha logrado abatir la criminalidad y que vivimos en un estado seguro, cuando cada día nos enteramos (muchas veces sin necesidad de que salga en los medios de comunicación) de la ocurrencia de homicidios, secuestros, asaltos, robos en casas-habitación y de vehículos, en las cercanías de nuestros domicilios.

Y es que suena contradictorio que se diga que no hay problemas con la seguridad y, al mismo tiempo, casi diariamente el propio gobierno estatal publique sobre la detención de bandas de secuestradores por todos los rumbos de la entidad y que se multipliquen denuncias por el secuestro o desaparición de personas.

En efecto, Veracruz está en los primeros diez lugares con mayor índice de secuestros. Es una realidad que no necesariamente debe atribuirse a la falta de operación de las policías preventiva e investigadora, sino a una tendencia nacional. Orlando Camacho, director general de México SOS,  matiza el tema al señalar que no solo hay secuestros sino también acciones para enfrentarlos, y ha puesto como prueba la aprehensión de muchas bandas de secuestradores.

¿Qué hace falta? Posiblemente que la policía preventiva no solo trate de enfrentar el fenómeno mediante el patrullaje de zonas urbanas y rurales sino, además, con un trabajo de inteligencia. Una de las acciones que pronto veremos es la creación de unidades especializadas en el combate de este delito, lo que permitirá enfrentarlo con mayor éxito.

 

Nuestras carreteras, ¿inseguras?

 

Otro delito que se ha incrementado en el último año, según publica la revista Proceso, es el de robo de vehículos, delito que ha tenido un repunte del 15 por ciento, mientras que en el ámbito nacional ha disminuido.

Según el director general de la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros (AMIS), Recaredo Arias, la situación en la entidad es preocupante pues de marzo del año pasado a febrero de este año, fueron robados 2 mil 668 unidades.

Es cierto que el incremento de 15 por ciento debe tomarse mucho en consideración, aunque la entidad está lejos de los números que presentan otras entidades como el Estado de México (21 mil 982 unidades robadas), el Distrito Federal (10 mil 976), Jalisco (7 mil 383) y Sinaloa (3 mil 166).

En total, en el periodo a que hace referencia, se robaron en el país 68 mil 758 automóviles, lo que quiere decir que Veracruz contribuyó con apenas el 3.8 por ciento. Es cierto que fue el estado donde los robos de vehículos experimentaron el mayor incremento porcentual, pero tendrían que analizarse otros elementos como la migración de bandas delictivas que están siendo golpeadas en el triángulo que forman los estados de México, Michoacán y Guerrero.

El mismo representante empresarial aportó otro dato que nos deja, éste sí, con entera disposición para pedir explicaciones no solo al gobierno estatal sino también a los cuerpos policiacos federales: Veracruz ocupa el segundo lugar en robo de semirremolques y tractocamiones, con 556 casos, apenas superado por el Estado de México donde ocurrieron mil 296 robos.

Y es que ahora las bandas delictivas no solo secuestran las unidades para disponer de lo que transportan, sino que están ahora quedándose con las unidades.

En ambos casos, necesitamos que se refuercen las acciones de inteligencia e intervención de las policías veracruzanas, pero también un mayor compromiso de las fuerzas federales.

 

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