{Al pie de la letra}

Hace tres semanas,  al tomar protesta a los nuevos titulares de la Coordinación General de Comunicación Social, de la Sedesol y de las secretarías Técnica y Particular de su propia Oficina, el gobernador Javier Duarte de Ochoa precisó que  «los cambios efectuados son para bien, no se trata de un simple relevo de personas, sino  de ajustes necesarios para cumplir de mejor manera con la agenda que interesa a Veracruz y a los veracruzanos».

El mandatario estatal dijo que «el signo de los nuevos tiempos obliga a la política de entrega y compromiso, y nuestra obligación es trabajar y cumplir para dar mejores alternativas de vida a nuestra gente, pues el único proyecto político se llama Veracruz». Y, al referirse específicamente a la nueva política de comunicación social, Duarte de Ochoa instruyó que «ahora se deben estrechar aún más los vínculos entre la población y su gobierno, pues comunicar y mantener informados a los veracruzanos de las actividades que se realizan permitirá una mayor participación de la sociedad y una mejor percepción sobre lo alcanzado en una administración que cumple con transparencia y eficacia su responsabilidad». Y así parecen estar cumpliendo con dicha instrucción el nuevo vocero Alberto Silva Ramos y el flamante procurador Luis Ángel Bravo Contreras; el primero reactivando y removiendo en algunas instancias gubernamentales a los enlaces de prensa que no funcionan, y el segundo transparentando no sólo las estadísticas de índices delictivos sino informando y procediendo penalmente en contra de aquellos malos elementos que han cometido excesos y actos criminales en el supuesto cumplimiento de su deber legal. Así, por ejemplo, el pasado martes 4 Bravo Contreras admitió que en Veracruz se tiene el registro de 665 personas desaparecidas del año 2011 a la fecha, de las cuales 521 son adultos y 144 menos de 18 años de edad.

Y, tres días después, el viernes 7, la PGJE dio a conocer oficialmente que Héctor Manuel Gutiérrez Ovando y Pedro Gómez García, adscritos a la Dirección General de la Policía Ministerial del Estado, destacamentados en el distrito judicial de San Andrés Tuxtla, fueron puestos a disposición del Ministerio Público local que a su vez los consignó ante el Juez de Primera Instancia mediante la Causa Penal número 44/2014 por la presunta comisión del delito de  homicidio doloso calificado, cometido en agravio de un presunto delincuente, autor de daños dolosos. Según la versión oficial de la PGJE, «los hechos se suscitaron al momento de la detención del hoy occiso, quien fue golpeado en diversas ocasiones, según consta en los resultados del examen pericial, lo que motivó la inmediata acción de la justicia sobre los presuntos responsables».

Con esta acción, la Procuraduría General de Justicia ratificó su compromiso con la ciudadanía veracruzana de ejercer su función de representante social y de presentar ante las autoridades correspondientes a quienes trasgredan la ley. Ahora sí que como dijera el gobernador Javier Duarte: «En Veracruz el que la hace, la paga».

¿Y ADOLFO MOTA? Este sábado 8, en la cabecera municipal de Vega de Alatorre, se llevó a cabo la séptima edición de la Gran Cabalgata anual. Entre los asistentes destacó la presencia de los senadores priistas José Francisco Yunes Zorrilla -quien previamente había inaugurado las Jornadas de Salud en el vecino municipio de Nautla- y Héctor Yunes Landa, fuertes aspirantes a la gubernatura del estado, los cuales estuvieron acompañados del secretario de Desarrollo Social, Jorge Carvallo Delfín; de la presidenta del CDE del PRI, Elízabeth Morales; del diputado local por el distrito de Misantla, Heber Alan Carballo Salazar, y del alcalde anfitrión Teodoro Mondragón.

Pero también cabalgó otro par de aspirantes a la diputación federal del 2015 por el distrito de Xalapa-Rural que abarca al municipio de Vega de Alatorre: el coordinador general de la Junta Estatal de Mejoras de la Secretaría de Gobierno, Eduardo Vega Yunes, quien ya contendió por el PAN en 2012 por esa circunscripción y ahora pretende ser postulado por el PVEM en alianza con el tricolor, y la senadora suplente Erika Ayala Ríos, ex dirigente interina del CDE del PRI y secretaria general del Sindicato de Trabajadores del COBAEV, que, además, ya hizo campaña en 2009 por ese mismo distrito como suplente del ex diputado Silvio Lagos Galindo.

La sorpresa fue la ausencia del secretario de Educación de Veracruz, Adolfo Mota Hernández, a quien también se menciona para esa diputación federal. Esperemos que al titular de la SEV no lo hayan «bajado del caballo».

SSTEV: 70 ANIVERSARIO Denominado inicialmente Seguro Social del Magisterio Veracruzano, el Seguro Social de los Trabajadores de la Educación del Estado de Veracruz (SSTEEV) fue fundado al final del mandato constitucional del gobernador Jorge Cerdán Lara, un gobernante visionario que el 9 de septiembre de 1944 expidió la Ley del Seguro Social del Magisterio Veracruzano.

Creado casi a la par del IMSS y mucho antes del Instituto de Pensiones del Estado, el SSTEEV ha logrado constituir un patrimonio cuya fuente original se encuentra en las cuotas de sus derechohabientes, ya que nunca ha recibido subsidios gubernamentales.

Una administración eficiente a lo largo de su existencia ha contribuido en forma determinante a lo anterior, ya que al tiempo de su creación se tuvo el propósito de dotar a la institución de un patrimonio propio, del cual formarían parte terrenos y bienes urbanos aportados por el Gobierno del Estado, pero esto jamás llegó a ocurrir.

Actualmente agrupa a más de 76 mil trabajadores de la educación afiliados a 19 sindicatos magisteriales. Es una institución modesta pero con finanzas sanas, lo que le permite dar préstamos a corto plazo y pagar una póliza de defunción y media póliza anticipada por jubilación, además de facilitar créditos en medicamentos al menor precio posible.

Desde finales del sexenio anterior, el SSTEEV es bien dirigido y mejor administrado por el economista xalapeño Ricardo Olivares Pineda, quien ya organiza los festejos del septuagésimo aniversario.