{Hora libre}

Poco ayudará la reforma educativa si las estructuras burocráticas locales y la actuación sindical para proteger a sus miembros, incluso en la modalidad de pandilla, persisten en escuelas de nivel básico. En Veracruz, la autoridad educativa actúa en muchos casos como si la protección de la niñez fuera un eslogan exclusivo para discursos y no para asegurarla.

Lo anterior viene a cuento por la forma en que tanto los sindicatos magisteriales como las autoridades educativas en contubernio no solo evitan desactivar casos comprobados de violencia intraescolar, sino incluso exponen a los niños violentados y a sus padres a mayores agravios cuando se trata de aclarar y sancionar a los maestros abusivos.

Emma Hernández Vázquez se ha enfrentado a la poderosa maquinaria formada por la SEV y la organización sindical. Madre de un niño que recibía sus clases en la escuela Miguel Hidalgo de esta ciudad, situada en la avenida Miguel Alemán, ha debido llevar su caso con una abogada para recibir justicia, ante actos de discriminación y maltrato verbal y psicológico de que fue objeto su hijo de parte de su profesora Dulce María Hernández García.

La directora del plantel, Ana Elena Vásquez Vásquez (quien por cierto ya ha estado en prisión por falsificación de testimonios), no solo no atendió debidamente la queja de la madre de familia sino que, frente a la maestra agresora, humilló al niño vejado y lo obligó a mirarla a los ojos mientras le reprendía.

Ante esos actos hostiles, la madre de familia se dirigió a la subsecretaria de Educación Básica, Xóchitl Osorio Martínez, quien lleva casi 20 años en el puesto, para solicitar un acto de justicia para el menor. Pero la vieja profesora, salida de las filas del SNTE (al que rinde cuentas, antes que al ineficaz titular de la SEV, Adolfo Mota Hernández), solo la envió a la cueva de los lobos.

Fue citada por la supervisora de zona de Educación Primaria General 74 (Xalapa Locales Norte), Concepción Bonola García, para que se presentara a una reunión en la escuela, a la que debía acudir acompañada por un representante legal para levantar un acta circunstanciada.

¿Qué halló la señora Emma Hernández Vázquez al acudir a la cita? Un tribunal inquisitorio formado por la directora, la maestra acusada, la supervisora y los abogados de la acusada, además de otras docentes y representantes sindicales.

Ante tal pandilla, la madre de familia debió relatar el motivo de su queja, bajo la amenaza de que si decía mentiras (cuya identificación sería potestad de sus contrarios) ¡podría ir a la cárcel!

Asustada, amedrentada, la madre de familia preguntó la razón de la presencia de tantas personas que actuarían en su contra y dijo algo que a la subsecretaria Xóchitl Adela Osorio Martínez poco le interesó: ¿qué pasa si un padre o una madre de familia no cuenta con recursos para contratar a un abogado?

 

Juicios sumarísimos e ilegales

 

La reunión fue un ilegal juicio arreglado para apoyar a la maestra demandada, Dulce María Hernández García, quien ha sido señalada por otros padres de familia de agredir en el salón de clases a otros alumnos indefensos. Finalmente, el acta circunstanciada fue hecha a modo para evitar medidas disciplinarias de la agresiva mentora.

Xóchitl Osorio ni se ha de haber enterado de que el niño violentado debió dejar a sus compañeros de clase porque su madre tuvo que trasladarlo a otro plantel para salvaguardar la integridad física y psicológica de su pequeño.

Lo que sigue es que el caso llegue a tribunales legalmente establecidos, ante los que la mujer afectada ha presentado la denuncia correspondiente, debido a la vergonzosa salida de las autoridades educativas, que se solapan entre sí actos que a todas luces demeritan la imagen del magisterio veracruzano.

Hay que decir, como informa la reportera Mónica Tejeda (en Formato Siete), que la maestra acusada y la directora que puso toda su enjundia para defenderla ya han sido acusadas antes de maltrato contra los alumnos. La directora Ana Elena Vásquez fue detenida en mayo de 2011 por elementos de la Agencia Veracruzana de Investigaciones por el delito de falsedad de declaración en el caso de una menor maltratada por la misma maestra que hoy ha logrado de nueva cuenta su complicidad.

En aquella ocasión, aplicando el mismo modus operandi, la supervisión escolar y la dirección de la escuela trataron de evadir su responsabilidad en el caso de agresión física y verbal contra una niña, incluso con peligro para su vida y su salud, pues la profesora Dulce María Hernández García le impidió usar durante clases su inhalador, pese a que la niña padecía de asma.

Para evitar sanciones, la directora y la maestra acusada buscaron que padres de familia expusieran falsas versiones, a lo que estos se negaron. Gracias a ese mendaz proceder, fue detenida, aunque rápidamente obtuvo su libertad.

¿Qué sanción mereció de parte de la SEV? Absolutamente ninguno, porque ni el secretario Adolfo Mota ni la subsecretaria Osorio Martínez están interesados en la niñez veracruzana sino en sus propios intereses y negocios. Una vez que la directora salió de la cárcel bajo fianza, fue reinstalada en el mismo puesto.

La abogada de la madre de familia, Margarita Arellano Hernández, ha criticado acremente la realización del juicio simulado. Se le quiso hacer creer a la demandante que acudía a un juicio ante autoridad competente, cuando se trataba de representantes administrativos y sindicales y no autoridades judiciales.

Señaló que, para desgracia de los agraviados, los directivos escolares no tuvieron la delicadeza de invitar a un visitador de la Comisión Estatal de Derechos Humanos ni a un representante de la Procuraduría de la Defensa del Menor y la Familia.

La demanda que presentará la abogada no solo se referirá al caso específico en que ella fue involucrada, sino que han reunido la documentación para presentar una denuncia colectiva con todos los padres de familia cuyos hijos han sido violentados por la histérica profesora.

A ver si entonces las autoridades educativas reaccionan para atender casos que están atentando contra los derechos y garantías de los menores, establecidas en la Constitución Política del país.

 

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