El ofrecimiento de una recompensa por parte del gobierno del estado para la captura del ex fiscal general del estado, Luis Ángel Bravo Contreras, se hace “en un periodo electoral, y en un momento que al gobernador le conviene”, sin embargo es una solicitud que las familias víctimas de personas desaparecidas habían hecho desde el inicio de esta administración estatal.

Padres y madres de personas desaparecidas informaron que en las reuniones con autoridades de la Fiscalía General del Estado (FGE), con la Procuraduría General de la República (PGR) y con la subsecretaría de Derechos Humanos de la secretaría de Gobernación (SEGOB) habían exigido que se iniciara una carpeta de Investigación a Bravo Contreras y sus subordinados porque “entorpecieron” las pesquisas y no detenían a los presuntos delincuentes.

Puntualizaron que no sólo Bravo Contreras tiene responsabilidad en el “desorden” que hay en panteones municipales, sobre los cuerpos inhumados en las fosas comunes por la dirección de Servicios Periciales, sino también el ex procurador de Justicia, Felipe Amadeo Flores Espinosa.

Cabe recordar que este domingo, el gobernador Miguel Ángel Yunes Linares informó que la FGE a cargo de Jorge Winckler Ortiz obtuvo una orden de aprehensión en contra de Bravo Contreras,  por el probable delito de desaparición forzada personas, en la modalidad de entorpecer la investigación y apoyar a que los responsables de esta comisión eludieran la Acción de la justicia.

Al respecto, Michell Quevedo Orozco, hermana del estudiante,  Gersón Quevedo Orozco, secuestrado el 15 de marzo del 2014 en el municipio de Medellín de Bravo y por causa de este delito fueron asesinados su otro hermano, Alán, que era arquero del equipo Sub 17 de los Tiburones Rojos, y su novio, el campeón mundial de Taekwondoin, Miguel Eliacim Caldelas, expuso que esto ocurrió cuando acaba de tomar protesta Bravo Contreras.

“Si cae en un periodo electoral, pero es algo que las familias veníamos esperando cuando se dieron las detenciones a ex funcionarios, como el tema de Periciales y no se podía dejar a un lado la detención de Luis Ángel, justo es una detención que pedimos. Les dijimos que si estaban deteniendo a otros de investigaciones ministeriales que justo es que detuvieran a Luis Ángel”, afirmó Quevedo Orozco.

Señaló que a la FGE le corresponde hacer las investigaciones en contra de Bravo Contreras, pero las familias pidieron que se le hicieran por los delitos de “Omisión o participación”  en la desaparición de cuerpos.

“Si cae en un momento justo que al gobernador le conviene, pero también es cierto que nosotros estuvimos presionando y muy raro se nos hubiera hecho, que no se le detuviera, se le dejara libre y sin pagar una culpa, esperemos que pronto caiga”, afirmó.

En el caso de la familia Quevedo Orozco, expuso la entrevistada, cuando Bravo Contreras estaba al frente de la FGE se perdieron evidencias del secuestro de Gersón, posterior las fotografías de las placas del carro que perseguía a Alán y a Miguel, y cuando se enteraron que había una casa de seguridad donde pudieron haber rescatado a su hermano, las autoridades se negaron a investigar e ingresar a salvarlo.

«Antes de que asesinaran a mi novio, él le alcanzó a hacer una llamada a mi papá y le dijo que había tomado fotos del carro que los iba persiguiendo, cuando llegaron policías, ministeriales, militares a la escena del crimen, levantaron los cuerpos y los teléfonos  y cuando exigimos el teléfono para ver las fotos, le habían sacado la memoria y no pudimos ver las placas del carro”.

El estado nos debe justicia, por esos exservidores que no hicieron nada: Aracely Salcedo

Por su parte,  la presidenta del Colectivo de Desaparecidos en Córdoba y Orizaba, Araceli Salcedo, que busca a su hija, Fernanda Rubí Salcedo Jiménez, desaparecida el 07 de septiembre del 2012, señaló que además de estar en la cárcel el ex gobernador, Javier Duarte de Ochoa, también deben detenerse a los ex fiscales, Luis Ángel Bravo Contreras y a Felipe Amadeo Flores Espinosa, porque no investigaban este delito.

“Javier Duarte era el principal en garantizar seguridad a sus ciudadanos, además él ponía a esa gente en esos espacios y él sabía perfectamente lo que ellos hacían. Porque no nos van a decir que Duarte no estaba enterado de lo que hacían en la Fiscalía si venían haciendo un trabajo sistemático. No nada más él, también detención a los anteriores fiscales que nos hicieron simulación, nos engañaron que hacían trabajo”, afirmó.

Señaló que las familias de personas desaparecidas cuentan con documentos firmados por Felipe Amadeo Flores Espinosa, Luis Ángel Bravo Contreras y  secretario técnico del Procurador General de Justicia en el año 2014, Enoc Maldonado Caraza.

“Lo bueno que muchos Colectivos tenemos oficios firmados por los ex fiscales donde les hacíamos peticiones de que investigaran. Está Amadeo, Luis Ángel, y Enoc, y Luis Ángel nos debe una rendición de cuentas sobre los falsos ADN, eso es un delito grave, porque siento una autoridad de ese nivel no podía hacer esa omisión con las víctimas. El estado nos debe justicia sobre todos esos ex servidores públicos” finalizó Araceli Salcedo.

Llevamos tres fiscales, y ninguna investiga

Otro de los padres, Mauricio Romero Carmona que busca a su hija Zayra Romero Hernández desaparecida el 16 de diciembre del 2015, en pleno centro de esta ciudad, cuando acudió a una institución bancaria, se mostró a favor de el gobierno del estado pretenda detener a Bravo Contreras.

“Está bien que lo detengan, porque nada más nos engañaban, y ahorita estamos igual, ya llevamos tres fiscales que investigan desaparecidos y no nos dan resultados” dijo.

Recordó que desde la desaparición de Zayra, la familia pidió que investigarán a su patrón, el propietario de la carnicería “La Cabaña” en el interior del mercado Jauregui, Juan Caiceros, y la FGE se negó a hacerlo.

“Nosotros nos cansamos de pedirles que investigaran al patrón porque él decía que había mandado a mi hija a depositar 463 mil pesos al banco y es mucho dinero para mandar a mi hija sola a depositar. En la Fiscalía nos dijeron que no podían seguir investigando porque el patrón ya se había enojado y hasta cambio el número de teléfono. Y la licenciada que estaba María Isabel nos dijo que si se iba a investigar hasta que apareciera Zayra” indicó el padre de familia.

Refirió que si este anuncio de capturar a Bravo Contreras cuando se vive un proceso electoral, en el que el hijo del gobernador, Miguel Ángel Yunes Márquez es el candidato del  PAN, PRD y MC, “no me importa, quiero que los detengan, porque no hicieron nada”.

¿De qué acusan a Luis Ángel Bravo?

Tras la reunión del Grupo de Coordinación Veracruz el pasado domingo, Yunes Linares informó que la barranca de La Aurora,  es señalado, por testigos, como el lugar en que ex autoridades de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) y la FGE en el sexenio del ex gobernador,  Javier Duarte de Ochoa,  arrojaban a víctimas de desaparición forzada.

Explicó que por la captura de Luis Ángel Bravo Contreras  «ofrece una recompensa de hasta cinco millones de pesos a la persona o personas que contribuyan a la captura de Luis Ángel Bravo Contreras, quien fue Fiscal General del Estado durante el periodo de Javier Duarte».

Expuso que el 19 de enero de 2016, en la barranca fueron localizados restos de al menos 19 personas; sin embargo, las autoridades dieron la instrucción de únicamente reportar el hallazgo de 6 cuerpos.

De los 13 cuerpos que ocultaron, uno de ellos fue llevado hasta la localidad de Santa Ana, municipio de Alto Lucero, donde se simuló haberlo encontrado y que previamente había sido identificado positivamente como David Lara Cruz, elemento de la Secretaría de Seguridad Pública, quien despareció el día 12 de enero de 2016.

David Lara después de haber sido privado de su libertad por miembros de su propia corporación, cuando salía de las instalaciones de Evaluación y Control de Confianza de esa dependencia, fue asesinado.

El gobernador dijo que los restos de las 12 personas restantes, mismos que no fueron reportados oficialmente, «se desconoce su identidad y ubicación, pues, según testimonios, dichos restos fueron entregados a la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, dependencia que se encontraba al mando del ya vinculado a proceso, por su probable participación en desapariciones forzadas, Arturo «N», durante el Gobierno de Javier Duarte de Ochoa”.

Añadió que por instrucciones directas de Luis Ángel Bravo Contreras, la entrega de los cuerpos  habría sido realizada personalmente a la ex directora de Investigaciones Ministeriales Rosario “N”, hoy vinculada a proceso.

En julio del 2017 Luis Ángel ya era investigado

Cabe mencionar que el 12 de julio del 2017, Bravo Contreras acudió a las instalaciones de la FGE a declarar. Asistió acompañado por María del Rosario Zamora González que ocupó el cargo de directora general de Investigaciones Ministeriales, cuando él fue Fiscal General del Estado y por Enoc Maldonado Caraza.

Cuando los medios de comunicación entrevistaron a Bravo Contreras sobre su asistencia a la FGE, negó que fuera investigado por el presunto desvió de recursos y que era sobre un tema personal.

Bravo Contreras respondió “Vine a una diligencia personal, no tengo comentario, no es un tema de desvío como lo vi en alguna nota. Vine a una diligencia personal y no tengo ningún comentario” finalizó.

Cabe mencionar que Enoc Maldonado también ocupó los cargos de ex director de la desaparecida Agencia Veracruzana de Investigaciones (AVI) en el año 2011, ex Fiscal de Asuntos Especiales y  director general de Investigaciones Ministeriales en el 2012 y 2013. En las ultimas horas trascendió que la FGE también obtendrá una orden de aprehensión en su contra.

En abril del presente año fueron detenidos, la ex directora de Investigaciones Ministeriales Rosario “N”, hoy vinculada a proceso, el ex Director de Servicios Periciales, Gilberto “N” y la  ex Delegada de la Policía Ministerial, Carlota “N”, también por los presuntos delitos de desaparición forzada.

Fiscalía va contra 15 exfuncionarios vinculados con Luis Ángel Bravo

La Fiscalía General del Estado (FGE) buscaría la detención de al menos 15 ex funcionarios a cargo del entonces fiscal Luis Ángel Bravo Contreras, luego de que se emitió orden de aprehensión en su contra por su presunta participación en desaparición forzada y obstrucción de investigaciones.

Se trataría de los más cercanos colaboradores del actualmente prófugo de la justicia y por quien el Gobierno del estado ofrece una recompensa de hasta 5 millones de pesos para quien otorgue información que lleve a su captura.

Entre los ex funcionarios que estarían involucrados en la desaparición de restos humanos se encuentra el ex director jurídico de la FGE, César Robinson Manzanilla.

El ex funcionario llegó a la Fiscalía en el tiempo en el que el entonces gobernador Javier Duarte de ochoa nombró a Luis Ángel Bravo como procurador de justicia de los veracruzanos, en donde llegó a ser secretario técnico.

De la misma forma, estaría involucrado el ex director de Investigaciones Ministeriales, Enoc Gilberto Maldonado Caraza; además, el ex coordinador general de la Fiscalía Especializada Contra Hechos de Corrupción y Contra Servidores Públicos, Crosby González Montiel.

Cabe destacar que este último también llegó a ser titular de la Dirección de Servicios Periciales.

Otros presuntos ex funcionarios involucrados serían el ex subprocurador Regional de Justicia zona centro-Córdoba, Alejandro Dávila Vera, y el ex secretario particular del ex fiscal de Veracruz, Benito Carpinteiro, así como otros funcionarios.

La Fiscalía buscaría que sean procesado por actividades ilícitas tanto de acción como de omisión dentro de la institución, aunque no se descarta que algunos colaboren con la autoridad para aportar datos, testimonios, documentos, grabaciones sobre la desaparición forzada de personas.

Verónica Huerta/Avc