El auditor general del Órgano de Fiscalización Superior (Orfis), Lorenzo Antonio Portilla Vásquez, no será removido del cargo, señaló el presidente de la Junta de Coordinación Política en el Congreso local, Sergio Hernández Hernández.

En entrevista reconoció que el Congreso local no tiene planeado analizar la permanencia del auditor pues dijo que al final el funcionario sí presentó las denuncias correspondientes.

«Revisamos desde que llegamos esa situación, si permanecía o si teníamos que hacer un cambio; sin embargo, hubieron las denuncias, sí fueron tardes, pero al final hubo las denuncias correspondientes sobre el daño patrimonial que se cometió».

El legislador panista agregó que de todas formas solo le queda poco más de un año en el cargo, por lo cual no consideró necesario su salida de la institución, aunque no descartó que pueda repetir.

«La verdad es que lo que vale la pena es hacerle un llamado para que revise las cuentas exhaustivamente a este Gobierno, como al que viene porque para eso está el auditor».

Hernández Hernández rechazó que se pueda considerar que el auditor fue un «cómplice» del desfalco al erario que se realizó durante el gobierno duartista, pues insistió en que sí se presentaron las denuncias.

«Hubo mucho tiempo donde no se alzaron las voces, pero al final en 2015 y 2016 sí hubo las denuncias correspondientes (…) En un año dos y dos meses tenemos que ver si permanece en el Orfis o llega un nuevo auditor».

Sobre los 76 mil millones de pesos que debe solventar el Gobierno del estado por el uso de esos recursos de 2011 a 2016, el funcionario aceptó que aunque el daño fue causado por la pasada administración, será el Gobierno actual el que tenga que enfrentar las consecuencias.

No obstante, el diputado indicó que se debe proceder contra los ex funcionarios duartistas y que el Gobierno del Estado debe presentar las denuncias correspondientes para ampararse ante la Auditoría Superior de la Federación (ASF).

«Tiene que hacer las denuncias contra los funcionarios que estuvieron encargados, el Gobierno no puede negar que hubo un desvío de recursos, y si el este Gobierno no encuentra los elementos para solventar lo que se le requiere, tiene que denunciar al funcionario y hacerlo responsable por eso. Obviamente, como institución, el Gobierno tiene que asumir las consecuencias de reponer el recurso».

Perla Sandoval/Avc