En una plática de café conversaba con dos expertos en el nuevo sistema de justicia penal acusatorio, y un periodista de talla nacional. Queda claro que cada quien domina sus temas, pero hoy existe la presión mediática que a veces no permite llevar acabo todo conforme al derecho de los presuntos. No había un tema fijo, simplemente el debate de la justicia en el país, se mencionaron algunos casos y algunos puntos de cómo ha presionado la opinión pública para meter personas a la cárcel o que simplemente, no salgan.

La columna de Filiberto Vargas sobre el caso de Arturo “N” y los errores de acuerdo al debido proceso, generó polémica sobre si existe posibilidad de que salga libre de los delitos por los que ha sido acusado, de acuerdo al primer analista, toda la carpeta de la fiscalía de Veracruz está mal realizada, y lo único que hace es aplazar la medida cautelar para tenerlo encerrado, el segundo experto agregó que mientras gobiernen los Yunes, habrá un Fiscal que ocupe su poder y no sus conocimientos para detener a presuntos culpables.

Otro caso: los famosos “porkys”. Independientemente de si los jóvenes sabían lo que hacían o no, de acuerdo a la carpeta de investigación hay cosas que no coinciden, declaraciones que favorecen a los acusados de tal forma que pueden salir libres. Se presentó esta oportunidad, pero se filtró la información y en las redes sociales el juez que llevó el caso fue bautizado #JuezPorky, la opinión pública se indignó, esto concluyó en que terminaron relevando al juez y el joven no salió de la cárcel, una prueba de la presión mediática. ¿Cuántos jueces querrán revisar este caso de forma justa y sin miedo? Cuestiona uno de los analistas.

El último y más reciente, José Alfredo Cárdenas, “El contador” un juez de control ordenó su liberación debido a que el informe con el que fue puesto a disposición, realizado por la SEMAR, no coincide con las condiciones en las que realmente fue detenido. El periodista comentó que tras estas situaciones hay algo que investigar, y los analistas coinciden en que este caso es lo más cercano a la forma en la que se aplica el nuevo sistema de justicia penal acusatorio.

Los casos mencionados tienen algo en común: se tratan de acusaciones por delitos graves de acuerdo a la ley, desde el punto social, actos completamente sin valores y moral. Se supone que para todos se ocupa la misma ley, los mismos derechos y las mismas garantías, los tres casos mencionados son en México y pareciera que se hacen en distintos países. Unos jóvenes irresponsables les costó su libertad; un funcionario público, encargado de los policías, es culpable de los actos de todos, y un narcotráficante es liberado porque su detención fue ilegal.

Así es la ley y justicia en nuestro país, en los medios exhibirán lo que quieran informar a la sociedad, aunque se violen derechos humanos, y no tengamos la certeza de qué es mentira y qué es verdad, pues no difunden documentos para que nosotros cotejemos y con esto armemos una opinión. Pero no es así, con estos casos, el código penal es confuso y cuestionable, siempre habrá tres factores que afecten o beneficien ante estas circunstancias: movimiento en medios de comunicación, redes sociales, el partido político gobernante y claro, el conocimiento de los abogados sobre el tema.

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