Prefacio.
Se trata de un tema que, como aquí ya se comentó, resultó de mucho interés para el gobernador Miguel Ángel Yunes Linares al inicio de su gestión. Sus frecuentes –y obligados, por supuesto- viajes a la ciudad de México. *** El 16 de diciembre del 2016, hace ya casi un año, Yunes Linares les explicaba a los reporteros del puerto de Veracruz: “La razón por la que viajo en vuelos comerciales es muy sencilla, Veracruz está en una situación de crisis de emergencia financiera; el procedimiento que seguían los Gobernadores, incluyendo el último, era tomar un jet de Gobierno del Estado, viajar a Toluca; previamente mandar el helicóptero de gobierno a Toluca, después moverse de Toluca a la ciudad de México en helicóptero, regresar a Toluca en helicóptero y mandar los dos aparatos a Xalapa. Esto costaba aproximadamente 300 mil pesos cada vuelo del Gobernador, en cambio en cualquier línea de las que yo uso vale 4 mil, entonces esa es la razón. Cuando sea indispensable tendré que usar un helicóptero, tendré que usar un avión del Gobierno del Estado, mientras no lo sea usaré avión de línea”. *** Un ciudadano, de esos que nunca faltan, quiso averiguar cuántos vuelos había hecho su gobernador y los detalles de cada uno. Se encontró con que dicha información estaba “reservada” pues se consideraba que podía poner en riesgo al gobernador y afectar la estabilidad del gobierno. *** Resulta que no se las valieron. El Instituto Veracruzano de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (IVAI) ordenó a la oficina del gobernador que dé a conocer los viajes que ha realizado Yunes Linares desde que asumió el cargo, en diciembre del 2016. *** Los consejeros determinaron que los datos “constituyen información pública” y por lo tanto no se justifica que se reserve. *** Aunque la Oficina del Gobernador respondió que parte de lo requerido se encontraba en la página de transparencia, lo cierto es que al revisar dicho portal verificaron que faltaban muchos datos. *** “Se propone revocar la respuesta emitida por el ente público y ordenar que remita una nueva en la que proporcione la información”, refiere la resolución del IVAI.
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Este miércoles fue un buen día para el gobernador de Veracruz, Miguel Ángel Yunes Linares.
Aunque admite que es lo que menos le importa (“si la seguridad es lo único por lo que me critican, bienvenido”) lo cierto es que este miércoles estuvo “tranquilo”. Apenas un homicidio en Martínez de la Torre, a puñaladas; otro ejecutado de un disparo en Minatitlán y un “gasero” baleado en el puerto de Veracruz, pero que salió con vida.
Pero la noticia que le alegró el día, fue la resolución del Tribunal Quinto Unitario en Materia Penal del Primer Circuito en la Ciudad de México, que le negó a Javier Duarte el amparo que solicitó contra el auto de vinculación a proceso por los delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita.
Esto es, el proceso penal del gobierno federal contra Javier Duarte sigue su curso, a diferencia de los del fuero común, que fueron rechazados por las notorias deficiencias en la integración del expediente.
Pero a Yunes Linares no le importa si son sus denuncias o las de la PGR (estas últimas también se las atribuye él); para él lo importante es que se volvió a hablar de Javier Duarte, que el tema sigue vigente y le puede significar muchos votos a su retoño.
Está claro que hoy, por encima de sus vísceras, lo que lo mueve es la estrategia electoral y todo lo que le signifique abonar al proyecto de su querubín, es bienvenido.
El magistrado Ricardo Paredes Calderón determinó que no se habían violado los derechos humanos de Duarte como él insistía, cuando un juez de control lo vinculó a proceso por los referidos delitos el pasado 23 de julio.
Consideró además que la PGR aportó los datos de prueba suficientes que permiten presumir, inicialmente, que Javier Duarte lideró una red delictiva y que a través de empresas fantasma y otros mecanismos financieros, consiguió ocultar el origen de recursos desviados del tesoro público.
En opinión del Tribunal, el juez de la causa en el Reclusorio Norte “valoró correctamente los elementos presentados por el Ministerio público y fue correcto que se ordenara la vinculación a proceso en contra de Duarte así como un periodo de investigación complementaria de seis meses”, que concluye en enero de 2018.
Este es el segundo revés que sufre la defensa de Javier Duarte, encabezada por el abogado Marco Antonio del Toro. Antes, el Primer Tribunal Unitario en la Ciudad de México rechazó la apelación que habían interpuesto en contra del auto de vinculación a proceso.
En el caso de este amparo solicitado y negado por el Tribunal Unitario la defensa de Duarte aún puede promover un recurso de revisión que enviaría el caso ante un Tribunal Colegiado para un nuevo análisis, aunque las posibilidades de que un recurso de este tipo prospere tras dos antecedentes en contra son mínimas.
El próximo 22 de enero se celebrará la audiencia intermedia en el Reclusorio Norte en la que los fiscales de PGR y los abogados de Duarte deberán presentar las pruebas que pretender llevar al juicio oral.
Todo esto, sin embargo, parece estar en los cálculos del exgobernador de Veracruz y de sus abogados. Desde su fuga a Guatemala y su posterior extradición, los pasos que han ido dando tienden a reducir a su mínima expresión las causas que se iniciaron en su contra.
Hoy, por ejemplo, no se puede actuar en contra de Javier Duarte por la presunta comisión de delitos electorales, toda vez que no fueron incluidos en el acuerdo de extradición, pues en el Código Penal de Guatemala no existe un delito equiparable.
Todo lo que pudo haber sido descubierto después de su retorno a México, que no tenga que ver con el proceso que se le sigue actualmente, ya no podrá ser llevado ante un juez, pues la autorización del gobierno de Guatemala para que fuera juzgado en México, sólo admite los casos que le fueron presentados en la solicitud.
Por supuesto que para ellos hubiera significado como sacarse la Lotería si el Tribunal les hubiera concedido el amparo, pero que se los negaran era lo que sus mismos abogados veían como más probable.
El tema seguirá vivo y en enero, muy cerca del inicio de las campañas, el nombre de Javier Duarte volverá a ser noticia en todo Veracruz.
¿Le sirve esto al junior?
Ya se verá.
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Epílogo.
El senador Pepe Yunes Zorrilla afirmó ante el Pleno de la Cámara alta que las reformas y adiciones a la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios “generan condiciones claras y transparentes para la adquisición y fiscalización de endeudamiento público de los estados y municipios”. El Senado aprobó en lo general, con 63 votos a favor, 15 en contra y cero abstenciones, y en lo particular con 56 votos a favor, 16 en contra y cero abstenciones, las reformas y adiciones a la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, para establecer reglas claras y mayores controles en la contratación de deuda pública. Pepe Yunes aseguró que con las adecuaciones se generan condiciones claras y transparentes para la revisión, adquisición y fiscalización de nuevos esquemas de endeudamiento público de los estados y municipios con la banca de desarrollo y comercial, con lo que se da certeza a la población y se evitan desfalcos de los recursos públicos ejercidos. *** Dante Delgado no quiere a Miguel Ángel Yunes Linares, pero aclara que sus diferencias no obedecen a que el actual gobernador haya operado su detención en 1996. El dueño de Movimiento Ciudadano sólo ve a un responsable de su paso por la prisión de Pacho Viejo: El entonces Presidente de México, Ernesto Zedillo. “Lo operó el Gobierno de la República con la complacencia de uno de los gobernadores más mediocres y ausentes de Veracruz”, explicó. “-¿Yunes no tuvo que ver? -Lo que pasa es que era -y es- tan mediocre Chirinos, que se lo quieren atribuir al que siempre ha sido fanfarrón, Yunes”. *** La semana pasada explicamos cómo las cifras en materia de transparencia, podían ser utilizadas para beneficio del mejor postor. Este miércoles, Federico Reyes Heroles, presidente del consejo Impunidad Cero y consejero de Transparencia Mexicana, afirmó que “cualquier gobernador se pone el índice de transparencia que quiere” y como ejemplo mencionó que “en el Veracruz de Javier Duarte los datos eran súper transparentes”. Explicó que incluso los contratos de las empresas fantasma estaban en línea. “Cuando sacamos el primer índice de transparencia, en 2001, empezamos a ver que los estados reaccionaban, nos buscaban, pedían nuestras cifras para corregir errores. Empezaron a aparecer otros índices, otras mediciones, y hoy cada gobernador se pone el índice que quiere”. *** ¿Debemos, entonces, creer en la “transparencia de Boca del Río?
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