Recuerdo en los años ochenta las largas y emocionantes conversaciones con mi amigo Bernardo León Oléa, cuando ambos estudiábamos en la universidad, él Derecho y yo Ciencia Política (luego él se volvió politólogo también y más tarde asesor de un Presidente de México). Entre otros muchos temas, uno de los más álgidos era el de la relación entre legalidad y legitimidad, y el del uso del monopolio de la fuerza legítima por parte del Estado. Citábamos a nuestros autores preferidos en estos temas como Weber, Bobbio, Bovero, Kelsen, y otro más, enborrachados con esas lecturas y poder encontrar en ese entonces un sentido a la transición democrática mexicana.

En esto días ya se ha hablado mucho sobre los riesgos y problemas que traería aprobar la Ley de Seguridad Interior, y se ha abordado el tema sobre todo desde el punto de vista de las consecuencias nefastas de supeditar el mando civil al mando militar, y por lo tanto a las limitaciones en las libertades civiles y los derechos humanos.

Sin embargo, poco se ha argumentado sobre el significado en cuanto a la caracterización del Estado democrático de Derecho, es decir, lo que implicaría esa Ley sobre el diseño constitucional e institucional histórico del Estado mexicano. Y es precisamente por ello, que aunque se apruebe esa ley, la misma va ser invalidada por una acción de inconstitucionalidad, y sus promotores quedarán en uno de los mayores ridículos de la historia legislativa del país.

El Estado moderno constitucional de Derecho tiene una trayectoria muy clara en cuanto a las limitaciones del poder se refiere. Nadie puede estar por encima de la ley, pero desde luego el debate sobre la legitimidad del uso de la fuerza en tiempos de paz y sobre la legalidad en su uso es una de las constantes de la preocupación de los estudiosos tanto del poder como de la ley. El resultado de 400 años de evolución de los estados constitucionales es un equilibrio entre precisamente esas libertades y el uso de la fuerza, es decir, el ejercicio del poder controlado.

En ese diseño del Estado moderno constitucional, se decidió que uno de los poderes fácticos, el Ejército, debería estar subordinado y supeditado a la ley y al poder civil. Esa es la realidad legal en todos los diseños institucionales en el mundo. Los países que rompen ese paradigma se vuelven dictaduras o regímenes militares, pero ya no estados constitucionales de derecho.

La teoría liberal aquí es muy clara, y la influencia del pensamiento liberal en ese diseño es una de las constantes desde los primeros años de ese tipo de Estado, la revolución inglesa, la revolución francesa, la independencia de Estado Unidos, las revoluciones de independencia de las países latinoamericanos, africanos, asiáticos y más tarde de los países de Europa del Este. Y la constante es más o menos la misma en todos sus diseños constitucionales: supeditación de toda autoridad a la ley, libertades individuales, políticas y sociales, y supeditación del poder militar al civil.

Desde este punto de vista el tema se resume a lo siguiente: desde luego que el Estado tiene el uso de la fuerza legítima, el uso de la violencia legítima, y ese mismo uso debe ser también legal, y además hoy en día, tiene que ser dentro del parámetro de protocolos y respeto a los derechos humanos. En tiempos de paz son las fuerzas del orden público, las policías, las que de manera limitada, deben ejercer ese monopolio, repito legítimo y legal. Y sólo en tiempos de guerra lo utilizan las fuerzas armadas.

Si esa lógica constitucional se trastoca, ya no estamos hablando de un Estado de derecho con libertades civiles y donde la fuerza legítima se supedita al poder civil, si no estamos hablando de otra cosa.

Cuando las fuerzas armadas intervienen en la seguridad civil se corre el riesgo de juicios sumarios, ejecuciones extralegales, detenciones ilegales y arbitrarias y tortura, lo cual ya lo hemos visto muchas veces en estos últimos años. Si se trastocara la lógica actual del diseño y arquitectura legal donde el poder civil manda y los militares están en sus cuarteles, estoy cierto que esas conductas se repetirían y reproducirán con mayor frecuencia. Y las víctimas serán dos, tres o cuatro veces más de las que hay actualmente, tanto por violaciones a derechos humanos como de delitos.

La decisión de los legisladores federales y del Congreso de la Unión no es menor, y deben considerar que están tocando uno de los puntos más sensibles de los Estados liberales democráticos de Derecho, y por lo tanto, del equilibrio político entre sociedad y Estado. Sin embargo y a pesar de ello, deben saber que esa ley, si la aprueban, se irá a la basura, porque es inconstitucional, y por lo tanto una Acción de Inconstitucionalidad la va a tumbar no sólo fácilmente, sino casi inmediatamente.

Al igual que mi amigo Bernardo, soy un liberal en lo que respecta a estos temas. El poder debe estar limitado, siempre limitado. Y en los espacios vacíos de poder, alguien siempre los va a llenar, y no podemos dejar que sea otro poder más que el de la ley, las libertades y los derechos.

Ahora bien, si es verdad de que esta ley la está promoviendo (exigiendo o imponiendo) los círculos conservadores del poder real del Pentágono y de Estados Unidos como continuidad al Plan Mérida, estamos fritos, fritos al estilo como están Irak o Afganistán, estamos literal y realmente fritos, fritos, fritos.