Veinticinco de 32 entidades federativas aumentaron el cúmulo de carpetas por homicidio doloso durante el Gobierno del Presidente Enrique Peña Nieto. Entidades antes seguras hoy encabezan los repuntes más altos entre este sexenio y el anterior.

En los cuatro años y 10 meses que Peña Nieto lleva al frente del país suman 12 mil 44 carpetas por homicidio doloso más que el mismo periodo de la administración del otrora Presidente Felipe Calderón Hinojosa.

El priista llegó a la suma de 91 mil 481 carpetas de investigación, en tanto que el panista acumuló 79 mil 437 carpetas en el mismo periodo.

La noche del domingo pasado, cuatro personas dentro de un velorio fueron asesinadas en la ciudad de Guanajuato, capital de la entidad del mismo nombre. Ahí, por ejemplo, simplemente se ha desbordado.

“En el caso de Guanajuato, siendo una ciudad que pertenece a la zona del Bajío, de fuerte actividad económica,  es comprensible que el narcotráfico también tenga en interés en penetrar esta zona tan rentable”, dijo el consultor en temas de seguridad David Martínez Amador.

Cuando la administración del Presidente Enrique Peña Nieto se acerca a su últimos año, ya hay 15 por ciento más homicidios dolosos que en el mismo periodo de Felipe Calderón.

Hoy, las dos entidades con más homicidios dolosos presentan aumentos en relación al mismo periodo del calderonismo. El Estado de México con 9 mil 758 carpetas refleja un aumento del 56 por ciento y Guerrero con 9 mil 754 carpetas uno del 50 por ciento.

“En el caso de Guerrero es muy claro que hay dos temas, el principal es todo el tema de la heroína, y el cultivo de la amapola en la sierra. Y la lucha por este territorio que a veces se extiende a parte del Estado de México y a Morelos”, dijo Santiago Roel, director del Semáforo Delictivo.

No sólo el aumento de los homicidios es generalizado. Sino que hay entidades que reportan un alza a pasos agigantados.

Destaca el caso de Colima que durante los primeros cuatro años de Calderón presentó un promedio de 8 homicidios por cada 100 mil habitantes, mismo que pasó a 33 con Peña Nieto. Un alza del 314 por ciento.

“Los grupos criminales, estos cárteles fragementados, células separadas,  comienzan a parecerse mucho más al comportamiento de las pandillas centroamericanas: volátiles, explosivas,  impredecibles y con tendencia a violentizar incluso los propios entornos que les generan ganancias económicas”, dijo Martínez-Amador.

Sobre los estados donde hubo un disparo de homicidios dolosos con Peña Nieto, como lo son Colima, Guanajuato y Baja California Sur, el director del Semáforo indicó que se puede explicar bajo las lógicas de disputas por plazas del crimen organizado. Lo que no es lo mismo a pensar que en estos estados no había antes una presencia del crimen organizado, sino que recaía en menos manos.

“En el caso de Baja California,  la entidad se habia mantenido cómo una burbuja de la violencia narco pero, en razón de las inversiones hoteleras de la zona, y su proximidad con Estados Unidos, es inevitable. Ahora bien, la estrategia de militarización es una estrategia reactiva. El gasto del Gobierno federal no se derrama hacia las fuerzas civiles”, dijo Martínez-Amador.

La reconfiguración del crimen organizado sería uno de varias causas detrás de la extensión de la incidencia delictiva, de acuerdo con Tomás Guevara Martínez, profesor de la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS).

“Yo creo que la delincuencia organizada está pasando por un proceso de cambio. Los cárteles más grandes se han tornado en una proliferación de los grupos del crimen organizado”, expuso.

De acuerdo con la Procuraduría General de la República (PGR) en el país hay 37 células derivadas de nueve cárteles.

La expansión de grupos criminales como el Cártel Jalisco Nueva Generación a entidades como Colima, Guanajuato, Jalisco, Nayarit, Guerrero, Morelos, Veracruz, Ciudad de México y Michoacán, se ha dado de forma constante, de acuerdo con un informe de la PGR dado a conocer por el diario El País en agosto del año pasado.

Y la respuesta del Gobierno federal se ha centrado en la militarización de la seguridad, propuesta que especialistas criticaron desde su inicio en diciembre del 2006.

“Grave estuvo la delincuencia desde un inicio. Pero ahora se confirma que el Estado mexicano y sus actores nunca han contemplado la salida del Ejército. Eso es lo que me parece muy preocupante, aunado a la grave crisis de violencia e inseguridad”, dijo la profesora María Eugenia Suárez de Garay, doctora en Antropología Social de la Universidad de Guadalajara (UDG).

Los expertos criticaron la estrategia fallida del Gobierno federal para acortar la violencia.

POLÍTICAS FALLIDAS

Chihuahua podría ser un caso de intermitencia. Después de haber sido uno de los estados donde más se centró toda la atención del Gobierno de Felipe Calderón sus investigaciones por homicidios dolosos bajaron en un 50 por ciento en comparación a los cuatro años y 10 meses de Enrique Peña Nieto.

La reducción de homicidios tiene que ver más con un arreglo entre cárteles, coincidieron los consultados.

“El cambio se debe a que la violencia generada en Chihuahua comienza su reducción cuando el Cártel de Sinaloa desplaza al de Juárez, guerra para la que el Cártel de Juarez recluta pandillas callejeras y ahí se explica también el nivel brutal de violencia. En esencia la reducción de violencia no tiene nada que ver con políticas de seguridad”, dijo Martínez-Amador.

Sin embargo, el efecto militar no es sinónimo de una calma duradera, sino de posibles violaciones a los derechos humanos dada su falta de preparación para realizar tareas civiles, apuntaló Guevara.

Si durante el sexenio de Vicente Fox Quesada se presentaron mil 135 quejas ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) contra las fuerzas armadas; en los siguientes 10 años de Calderón y Peña Nieto se presentarían más de 10 mil 751 quejas , según un recuento del Centro de Derechos Humanos Agustín Pro Juárez.

Con información de Sin Embargo