La libertad de expresión en Veracruz recibió la primera amenaza de parte del gobernador Miguel Ángel Yunes Linares, el pasado primero de noviembre, cuando salió a desmentir la versión informativa de que trabajadores del ISSSTE huían del sur del estado ante la incontenible ola de violencia: “Es absolutamente falso –dijo el gobernante–, ayer mismo tuve contacto con el director del ISSSTE, la secretaria general del sindicato tuvo contacto con el Secretario de Gobierno, no hizo esa declaración, nadie ha dejado una plaza del ISSSTE por inseguridad. Lamento que sigan inventando declaraciones y pongan en boca de personas declaraciones sobre temas que no son. Debe ponerse un alto a quienes plasman una realidad negativa de la entidad pues, por el contrario, hay infraestructura, crecimiento portuario, inversiones en el sector salud, no hay corrupción y existe libertad de expresión”. Recomendó al sindicato demandar al medio que circuló la versión. Luego, el Fiscal Jorge Winckler Ortíz hizo llegar a diversos medios ejemplares de la tesis publicada el 20 de octubre en el Semanario Judicial de la Federación sobre el Derecho de Réplica como obligación de los medios de comunicación, expedida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Ahora se hace llegar a los medios veracruzanos un trascendido en el que se avisa sobre el inicio de una campaña masiva de uso del derecho de réplica de parte del gobierno estatal, a fin de evidenciar que los medios que atacan al gobierno solo publican mentiras, incluso provocando mediante filtraciones la publicación de información falsa. Quienes conocen a Yunes Linares saben que esto es completamente cierto, que esa práctica la utilizó siendo Secretario General de Gobierno con Patricio Chirinos, así es que la libertad de expresión en Veracruz está a punto de enfrentar su peor embestida; lloverán demandas en contra de medios y columnistas.