Prefacio.
La directora del DIF estatal, María Laura García Beltrán, pide que le aumenten el presupuesto para el próximo año, pues advierte que sólo así se podrán mantener los programas de asistencia social “que se reactivaron en el 2017”. *** Eso se llama no tener vergüenza. La señora García Beltrán (esposa, por cierto, del secretario de Salud, Irán Suárez Villa) se ha ganado a pulso el repudio de todo el personal del DIF por su carácter déspota, por su altanería y –lo peor- por sus burdos actos de corrupción. *** Se atreve a pedir una ampliación del presupuesto, a pesar de que tiene detenidos programas tan sensibles como el de apoyo a los adultos mayores o los de asistencia alimentaria. Dinero hay, pues son recursos federales que llegan etiquetados, pero los servidores públicos del DIF señalan que no les han autorizado aplicarlos. *** Lo delicado de este caso, es que el gobierno federal podría detener el flujo de recursos el próximo año, si el DIF estatal no demuestra en forma fehaciente que los fondos del 2017 fueron aplicados en tiempo y forma, lo que hasta ahora no ha sucedido. *** Poco a poco se empieza a percibir el hedor de una administración tan sucia como las antecesoras. *** ¿Cuál cambio?
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Dicen que la Cuenta Pública 2016 “está en chino”.
Y sí, así es. Desde el propio Órgano de Fiscalización Superior de Veracruz (Orfis) ha salido la especie de que la consigna es exhibir las corruptelas detectadas en el efímero gobierno (de apenas 47 días) de Flavino Ríos Alvarado.
Es cierto que el gobierno federal intervino a favor del gobernador interino, lo que le permitió abandonar la cárcel, pero eso no dejó satisfecho a Miguel Ángel Yunes Linares.
En el reporte de la revisión de la Cuenta Pública 2016, el Orfis documentó inconsistencias que permiten presumir daño patrimonial, en las áreas y los tiempos del propio Flavino Ríos, cuando fue secretario de Gobierno; de Antonio Gómez Pellegrín, tras su paso como secretario de Finanzas; de Xóchitl Osorio, por su actuación como secretaria de Educación, y de Irma Chesty, en el breve espacio en el que asumió la titularidad de la Coordinación de Comunicación Social.
En el dictamen presentado por la Comisión de Vigilancia, el pasado martes, se propuso al pleno (y fue aprobado) que se instruyera al Orfis ejercer acción penal contra los servidores públicos responsables del probable daño patrimonial por hasta 5 mil 518 millones de pesos.
El cuadro es elocuente: El Orfis denuncia pagos a una “empresa fachada”, en corresponsabilidad con Sedesol estatal, por 37 millones 700 mil pesos; pagos a empresas inexistentes, en corresponsabilidad con Comunicación Social, por más de 215 millones de pesos; traspasos entre cuentas del Ramo 033, por 2 mil 257 millones de pesos; traspasos entre cuentas convenios, por mil 249 millones de pesos, así como tres préstamos quirografarios que suman poco más de mil millones de pesos.
En el caso específico de la Secretaría de Gobierno, el Orfis denuncia la existencia de una cuenta bancaria no registrada contablemente, con un monto cercano a los 238 millones de pesos.
A diferencia de las denuncias que presenta el gobierno estatal (en este espacio se detalló el caso de la carpeta abierta contra funcionarios de la Secretaría de Salud y de la Contraloría del Estado) las que presenta el Orfis no llevan dedicatoria especial, no lleva nombres. Los señalamientos son “contra quien resulte responsable”. Sin embargo, los dictámenes con los que sustentan cada denuncia, sí apuntan con precisión quiénes fueron los servidores públicos que presuntamente tuvieron responsabilidad en cada caso.
En los señalamientos para el área de Comunicación Social, por ejemplo, los dictámenes involucran a Juan Octavio Pavón, a Alberto Silva y a Irma Chesty. Sin embargo, a diferencia del diputado federal, quien ya trabaja en la defensa de su caso (pues fue motivo de la solicitud de desafuero) contra Pavón y contra Chesty -que trabajaron muy de cerca en el cierre de la pasada administración estatal- no ha habido aún acciones judiciales, las que se darían en las próximas semanas.
Lo que confirma el dictamen de la Cuenta Pública 2016 es que en su afán de conservar el cargo y librarse de ofensivas en su contra, el auditor superior, Lorenzo Antonio Portilla, no se tienta el corazón y apuñala por la espalda incluso a quienes lo encumbraron en dicho cargo.
Contrario a lo que muchos suponen, la designación del actual titular del Orfis no fue mérito del entonces Contralor del Estado, Iván López Fernández, sino del secretario de Seguridad pública, Arturo Bermúdez Zurita, a quien se exhibe en el informe de los auditores por negociar con proveedores “que se encuentran en el supuesto del Artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación” y que ampara un monto superior a los 76 millones de pesos.
El Artículo 69-B de dicho código hace referencia a la realización de operaciones o contratos simulados.
Y mientras todo esto sucede, el exgobernador interino lleva una vida normal, en libertad plena, como la de cualquier ciudadano con la conciencia tranquila.
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Epílogo.
Este miércoles inició formalmente el proceso electoral que concluirá con la elección de gobernador, el próximo año, lo mismo que diputados locales. El Presidente del OPLE, Alejandro Bonilla, se curó en salud y advirtió que no admitirá presiones por parte de los partidos políticos. Se equivoca el funcionario electoral. La presión de los partidos tiene como fin poner el acento en el cumplimiento de los principios básicos de cada proceso electoral, entre ellos el “piso parejo”. *** Dos mujeres, abuela y nieta, una de 50 años y la otra de 12, fueron asesinadas a balazos en Las Choapas, cuando se resistieron a un secuestro. Los hechos tuvieron lugar en la calle Miguel Hidalgo, de la colonia Reforma, en la cabecera municipal. *** En El Lencero, cerca de Xalapa, la tarde de este miércoles fue encontrada sin vida una mujer que mostraba una herida de bala en la cabeza. El hallazgo tuvo lugar en un camino que cruza el fraccionamiento “Lomas de El Lencero”. *** En Coatzacoalcos (sí, ¡otra vez Coatzacoalcos!) la madrugada de este miércoles fue asesinado un hombre en el bar “La Comilona”, ubicado en la calle Juan Escutia, de la colonia Palma Sola. Los agresores huyeron antes de que llegara la policía. *** No, no se puede hablar de avances en materia de seguridad, a menos que consideren como “avances” el crecimiento en las cifras de muertes violentas. *** La buena noticia es que, según el secretario de Gobierno, Rogelio Franco, la violencia no habrá de afectar el proceso electoral que acaba de iniciar. Ajá.
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