Durante los recientes cuatro años, la Auditoría Superior de la Federación ha sido particularmente enfática a la hora de señalar las irregularidades y probables desvíos de recursos de la administración que en Veracruz inició Javier Duarte de Ochoa en 2010 y concluyó Flavino Ríos Alvarado en diciembre de 2016.

Este miércoles, medios nacionales hacen un recuento de los presuntos malos manejos del presupuesto estatal, con información que surge del mencionado órgano fiscalizador.

De acuerdo con las notas difundidas, el ex gobernador Javier Duarte habría desviado más de 74 mil millones de pesos durante su gestión, suma que no es una fortuna, es más que eso, una cantidad tan exorbitante y descomunal como insultante. De ahí la respuesta que a bocajarro lanzó el auditor Juan Manuel Portal Martínez cuando Carlos Loret le preguntó sobre la posibilidad de que el ex mandatario estatal pudiera ir a la cárcel; “ojalá”, contestó… y tuvo voz de profeta (febrero de 2016).

La información de la ASF establece que de cada 100 pesos del presupuesto federal que llegó a Veracruz, el gobierno de Javier Duarte desvió, malversó, más de 30.

Al dar a conocer la información relacionada con la revisión  a la cuenta pública 2016, se indicó que durante ese año la administración veracruzana tuvo observaciones por 14 mil 225 millones 337 mil 400 pesos.

Habrá que ver, en ese sentido, cuánto de ese dinero fue observado a Duarte y cuánto a Flavino Ríos, quien gobernó la entidad, por así decirlo, del 12 de octubre al 30 de noviembre.

Volviendo al tema de la fiscalización, la ASF revela que la suma observada al gobierno veracruzano durante los ejercicios 2011 a 2016 supera los 74 mil 900 millones de pesos, una cifra de locura, porque representa el 27.5 por ciento del monto de las observaciones a todas las instancias gubernamentales del país.

En pocas palabras, más de una cuarta parte de los presuntos desvíos de recursos de todos los gobiernos de la República tuvo su origen en tierras veracruzanas.

Es un tema que sirve para entender el resultado electoral del proceso para elegir gobernador del estado en 2016, debido a que provocó descontento e indignación entre la población de la entidad, que terminó por mandar al diablo a Duarte y a todo lo que se relacionara con el PRI, un partido que hoy intenta sacudirse todo el lodo que le significó ese sexenio.

En Veracruz, por cierto, las historias de corrupción fueron ventiladas no sólo en el periodo de campañas para gobernador, sino durante todo el año por los partidos políticos. Al menos por Acción Nacional, dado que una parte del Partido de la Revolución Democrática parecía, por decir lo menos, seducido, maiceado por el poder.

Se le conocía como el PRD rojo y sus representantes se mostraban complacientes con las indicaciones enviadas desde Palacio de Gobierno o desde Casa Veracruz.

Igual ocurría con otras expresiones que con el tiempo y al cambio de sexenio se convirtieron en voces críticas; pero en esos años, el silencio cómplice y la inclinación de la cerviz parecía el deporte preferido por una parte de la oposición y por prácticamente todo el PRI.

Hoy, cada vez que los fiscalizadores escarban a las cuentas del gobierno de Javier Duarte sacan más y más irregularidades a la superficie.

Por ello surge la pregunta sobre el papel y el nivel de complicidad de las instancias estatales enfocadas a la auditoría y a la fiscalización; y también de los diputados de las pasadas dos legislaturas del estado, que aprobaron sin chistar, sin objetar las cuentas presentadas por la administración Duarte, porque a fin de cuentas, cerrar la boca resultaba más cómodo y probablemente también más lucrativo. @luisromero85