Sea por una lucha de cárteles de la droga o por la aplicación del nuevo sistema de justicia penal– que deja libres a cientos de delincuentes si no son detenidos en flagrancia o un asunto de descuido y desidia de las autoridades–, el hecho es que los datos del 2017 arrojan que Tijuana, Baja California, enfrenta una realidad que ya se creía superada: ser la ciudad más peligrosa del país.

De los mil 524 homicidios dolosos registrados en el estado de enero a septiembre de este año– según datos del Secretariado ejecutivo del sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP)– mil 285 corresponden sólo a la ciudad de Tijuana, de acuerdo con el Comité Ciudadano de Seguridad Pública de Baja California.

La iniciativa ciudadana refiere que esta cifra representa un incremento de más del 200 por ciento con relación al mismo periodo del año pasado, y 134 por ciento arriba de “sus años más duros”. Resaltó que su preocupación por el repunte de los homicidios en Tijuana a pesar de las estrategias de seguridad que desde hace un año echó a andar el Gobierno de Enrique Peña Nieto en las 50 metrópolis más inseguras.

“Le echan la culpa al nuevo sistema de justicia penal, pero no es solo eso, sino que se están aplicando las mismas medidas operativas y preventivas de hace tres años y esas medidas ya no sirven para contener lucha criminal que cambió su estrategia“, advirtió David Solís, del Comité Ciudadano de Seguridad Pública a través de las redes sociales de la organización.

“En aquel entonces los criminales se paseaban en convoyes de vehículos y así fue la estrategia de gobierno para combatirlos. Hoy y después del 2015, ahora son grupos de células arraigadas en sectores de colonias de Tijuana, no tienen necesidad de moverse a otros sectores de la ciudad, desde ahí están asesinado“.

El Gobernador panista de Baja California, Francisco Vega, sostiene que el principal problema en Tijuana es la lucha entre diferentes grupos de narcomenudistas por el mercado de la droga, lo que provoca, dice, el 70 por ciento de los asesinatos violentos.

De cualquier forma en los últimos meses repuntaron ejecuciones, decapitaciones, descuartizamientos, descabezados, cuerpos tirados en las calles, dentro de bolsas o colgados en puentes del centro de la ciudad.

Desde enero pasado, el presidente del Consejo Coordinador Empresarial local Kurt Honold Morales pidió a las autoridades reconocer la situación. “La inseguridad no se va a resolver evitando hablar de ella, o al decir que se trata de una guerra entre delincuentes que no afecta al resto de los ciudadanos”.

La cuentas que sacan los empresarios es que sí les afectan con las extorsiones porque a la par de los asesinatos y violencia volvió el cobro al derecho de piso bajo la amenaza de que si se niegan sus locales y mercancías serán incendiados y ellos asesinados, como en los viejos tiempos.

Mañana, Francisco Vega de Lamadrid cumple cuatro años al frente del Gobierno de Baja California. En lo que va de su administración, el estado suma 5 mil 23 homicidios dolosos, de acuerdo con el SESNSP.

Con información de Sin Embargo/La Opinión