Parafraseando la fórmula de Lope de Vega en Fuenteovejuna, cuando pregunta ¿Y quién es Fuenteovejuna?, y la respuesta del pueblo a una sola voz es “todo el pueblo”, así me parece que se puede responder a la pregunta de ¿y quiénes son las víctimas?: “Todos somos víctimas”.

Cuando en un país, sin importar el estado o la ciudad donde haya sucedido, desaparece una joven y no se sabe nada de ella durante días, meses o años, es que algo muy podrido está sucediendo. Y en esas circunstancias podemos decir que todos somos víctimas, toda la sociedad, cada uno de los que vivimos en este país.

Desde luego, la Ley General de Víctimas define muy bien quiénes son las víctimas, y señala que hay víctimas directas e indirectas. Las víctimas indirectas son las personas dependientes o cercanas a la víctima directa, es decir su familia. La ley señala también que todas ellas tienen derechos, entre ellos, a ayuda, asistencia, atención y reparación integral.

En Veracruz todos estos derechos y medidas existen en el papel, pero no en los hechos. En el discurso oficial se hace referencia permanente a los delitos, a las medidas para combatir la delincuencia y la inseguridad, pero no se escucha ninguna referencia a las víctimas, a las personas que sufrieron directa o indirectamente el daño.

¿Quién debe atender a las víctimas? De acuerdo a la Ley General y a la Ley de Víctimas del Estado de Veracruz, hay un organismo denominado Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas como órgano operador de esas medidas, pero la responsabilidad es de todas las autoridades de gobierno. Sigo sin entender por qué el Congreso del Estado aprobó una ley sin asegurarse que se iban a tener los recursos para su implementación.

En mi experiencia, la atención a víctimas debe comenzar desde que la policía llega al lugar de los hechos (la escena del crimen), desde ese momento se debe tener servidores públicos capacitados para orientar y atender a todas las personas que se vieron afectadas por un hecho criminal.

Eso no sucede en la realidad y, como es común en la función pública, las dependencias se “echan la bolita” una a otra, y no hay una coordinación efectiva en las medidas de asistencia y atención.

Pero lo que es peor es que cada autoridad, sobre todo al inicio de la cadena con la policía y con el fiscal, revictimiza y criminaliza a las víctimas. Ninguna autoridad debe asumir o presuponer que lo que sufrió la persona se debe a ella o que ella lo provocó. Y ese es el principal derecho que se viola constantemente desde la función pública, y desafortunadamente también desde los medios o de la opinión pública.

El problema para el gobierno va a ser cuando no pueda ya justificar que la violencia se debe a las propias víctimas, y puesto que las víctimas podemos ser cualquiera en cualquier momento, los ciudadanos van a salir a la calle, como este domingo, a exigir justamente, no sólo justicia, si no que haya autoridades y servidores públicos que los escuchen, que les den la cara, que les den esperanza.

Es paradójico que precisamente la Ley General de Víctimas surgió, como pocas leyes en nuestro país, de un movimiento social desde las propias víctimas.

El espíritu de las reformas constitucionales a los artículos 1° y 20, y de las leyes de víctimas es precisamente ese: que se escuche, se vea, se atienda a las víctimas, que se le trate con humanidad y dignidad.

El caso de Mara, la estudiante xalapeña que desapareció en Puebla y fue asesinada, va a ser otra vez una oportunidad para que la sociedad toda junta diga “todos somos víctimas”.