La decisión del Congreso local de otorgar al gobernador Miguel Ángel Yunes amplias facultades para manejar el presupuesto estatal según su voluntad y para endeudar las arcas públicas con empréstitos por hasta 46 mil millones de pesos y con plazos hasta de 30 años, ha puesto nerviosos a muchos veracruzanos que ya vivieron anuncios similares en el gobierno duartista en que se incrementó la deuda, pese a que el propósito era reestructurarla para hacerla manejable y con menores intereses. Al final, la deuda no baja sino que se incrementa, y con la opacidad que el actual gobierno mantiene de sus predecesores, el ciudadano común está condenado a desconocer el tamaño de su ruina. Hasta el momento, no hay información del monto presupuestal ni, mucho menos, su destino; las participaciones federales han llegado con puntualidad pero no se ve, como en el gobierno anterior, que haya obra pública para reemprender el crecimiento económico. ¿Nos informará Yunes de los compromisos que adquiera y qué ventajas representará para los veracruzanos? Para colmo, ha buscado adelantar seis años el pago por la concesión del libramiento Plan del Río, para obtener 1 mil 200 millones de pesos. Con ello, los gobiernos que le sucedan en las siguientes tres décadas seguirán anclados a la enorme deuda pública, sin la posibilidad, además, de recibir completas sus participaciones federales (que serán administradas por los fideicomisos que creará) ni la parte que le corresponda por concepto del cobro de peaje, entre otras cosas. ¿Por qué no destina esos recursos a la amortización de la deuda? Si logra disminuirla, no importa que no haga una sola obra pública.