Prefacio.
Sin quererlo, la diputada del PAN, Mariana Dunyaska García Rojas, se metió “en camisa de once varas”. Anticipó que para que el gobierno de Miguel Ángel Yunes Linares cubra lo que se les adeuda a instituciones como el IPE y la UV, antes es necesario que se concrete la reestructuración de la deuda. *** Resulta que han pasado ya cuatro meses desde que el Congreso local le autorizó al gobernador que iniciara los trámites para la renegociación, y hasta el momento nada ha conseguido. *** Y es que Yunes Linares se lanzó a dar cuentas alegres sobre su plan de reestructuración. Anunció que sería en tres etapas, de manera que después de bajar el servicio de la deuda, se conseguiría que las empresas calificadoras le otorgaran una mejor perspectiva crediticia a Veracruz, y una vez cubierto ese requisito, se trataría de colocar la deuda con intereses más bajos. *** Nada de eso ha sucedido. Las empresas calificadoras no se chupan el dedo. Lo que han detectado es que la administración estatal no ha hecho el esfuerzo que le toca, no ha reducido el gasto corriente y mientras eso no suceda, difícilmente alguien se aventurará a respaldar la ampliación de plazos o la reducción de réditos. *** La renegociación de la deuda no es el costal de Santa Claus, como para resolver todos los temas pendientes del gobierno estatal. Si de verdad el gobernador pretende cubrir esas cuentas pendientes, podría empezar por poner en marcha un programa real, tangible, de reducción del gasto.
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El proceso contra Javier Duarte nos va a servir para saber cuánto fue lo que en realidad se “echó a la bolsa” de los recursos públicos, el exgobernador de Veracruz, pues las cifras que danzan en los medios son escandalosamente dispares.
Más de uno (el propio Miguel Ángel Yunes Linares así lo ha hecho) ha tomado como referencia las denuncias presentadas por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) por desvío de recursos, que podrían alcanzar, en el período que gobernó Javier Duarte de Ochoa, los 60 mil millones de pesos.
Pero nadie puede afirmar que ese monto fue lo que se robó el exgobernador. Una buena parte de esos recursos desviados fue utilizada para cubrir los severos “socavones” que se registran en las finanzas estatales, por lo menos desde la administración de Miguel Alemán.
Se trata de un déficit que fue creciendo. Esto es, que año con año la administración estatal ha gastado más de lo que recibe. Ya el propio Miguel Ángel Yunes Linares ha admitido la existencia de ese hoyo financiero y su cálculo lo ha elevado a 20 mil millones de pesos anuales.
Mediante el conocido sistema de “la licuadora” (en realidad se trata de una cuenta concentradora que administraba la Tesorería de Veracruz, a la que llegaban todos los recursos federales, y de la que se tomaba para cubrir los temas más urgentes, como nóminas y pensiones) el gobierno de Javier Duarte desvió miles de millones de pesos, pero que se ocuparon en rubros distintos a los que se habían programado, todos de la administración pública estatal.
El entramado es tan denso, que difícilmente se podrá conocer una cifra exacta. Lo que la PGR y la Secretaría de Hacienda han hecho es –a partir de las delaciones de algunos de sus cómplices- seguirle la huella a compras, inversiones y cuentas bancarias que se crearon a partir de los negocios que Javier Duarte y sus testaferros realizaron.
Para tener una idea más clara de lo que fue hurtado, es fundamental separar a dos grupos de operadores financieros. Por un lado estaban aquellos personajes que desde afuera de la administración estatal dispusieron de recursos públicos, autorizados por el gobernador, y los invirtieron en diversos negocios, con el fin de esconder su origen ilícito. En ese grupo destacan Moysés Mansur, José Juan Janeiro y Alfonso Ortega López.
El otro grupo era el de los colaboradores cercanos al entonces mandatario estatal. Estos eran los encargados de hacer los movimientos bancarios, enviar los recursos a donde les indicaban, firmar todos los documentos que se requirieran y, en compensación, “le daban su pellizco al pastel”. Entre esos figura el diputado federal Tarek Abdalá, el extitular de Finanzas Mauricio Audirac y otros funcionarios, quizá de menor nivel, pero con gran cercanía y confianza con Javier Duarte, o con su esposa Karime Macías.
Para nadie en la administración de Javier Duarte era un secreto que, sin tener un cargo en el gobierno estatal, Moysés Mansur tenía oficinas en Casa Veracruz y gozaba de la autoridad suficiente como para citar a cualquier servidor público y darle instrucciones precisas. Secretarios, subsecretarios y hasta directores de área tenían bien claro que una instrucción de Mansur era como una orden del propio gobernador: No se discutía, se acataba.
Este proceso penal también saca a la luz algo que muchos conocían pero todos callaban: Que Javier Duarte tenía una relación sentimental con Xochilt Tress Rodríguez, un personaje que salió a la luz pública, primero, cuando fuera asesinado su esposo, Gregorio Barradas Miravete, panista, alcalde electo del municipio de Juan Rodríguez Clara, en noviembre del 2010.
Dos años más tarde se volvió a hablar de ella cuando circularon en internet fotografías de ella posando semidesnuda y en escenas íntimas con Rafael Rodríguez, que en ese entonces era legislador priista y esposo de la alcaldesa de Rodríguez Clara, Amanda Gasperín.
Luego de participar en procesos electorales abanderada por el PAN, de pronto Xochilt Tress, en el 2014, fue nombrada por Javier Duarte como directora del Instituto de Espacios Educativos del Estado
Curiosamente el nombramiento de Xochilt Tress en ese cargo estatal fue el 19 de marzo de 2014, y José Juan Janeiro (uno de los cómplices de Duarte, hoy testigo protegido de la fiscalía) confesó a la PGR: “El 28 de febrero de 2014 (tres semanas antes de que rindiera protesta) me llegó un mensaje urgente (con instrucciones) para comprar una camioneta Land Rover y un departamento en la Ciudad de México, Cuando pregunté me dijeron que era para Xochilt Tress, la novia del exgobernador”.
Miguel Ángel Yunes Linares tiene razón. Ya es momento en que empecemos a creer en nuestras instituciones. Para reforzar su dicho, el gobernador de Veracruz podría predicar con el ejemplo. A partir de que asumió el cargo, en diciembre del año pasado, Yunes Linares ha cuestionado en múltiples ocasiones el comportamiento de la PGR. Les ha atribuido a las instancias federales la responsabilidad del aumento de las ejecuciones en la entidad, pero hoy, que lucha por atraer los reflectores, se dice contento con la actuación de la fiscalía federal.
Genio y figura.
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Epílogo.
El senador Pepe Yunes Zorrilla señaló que la mejor manera de servir a la gente “es poniéndose en sus zapatos”. Pepe Yunes acompañó a la alcaldesa de San Andrés Tlalnelhuayocan, Arianna Ángeles Aguirre, a la inauguración del pavimento de concreto hidráulico, guarniciones y banquetas de la calle Zamora de ese municipio, obras en las que se invirtieron un millón 352 mil 355 pesos, gestionados por el senador y que beneficiarán a más de 150 familias. Yunes Zorrilla manifestó que desde el Senado se concretan gestiones en beneficio del equipamiento urbano de los municipios, y estableció su compromiso para seguir trabajando con los ayuntamientos, para la solución de los problemas de Veracruz. *** En su conferencia de prensa para hablar de los temas de seguridad, el gobernador Miguel Ángel Yunes dio a conocer que la Fiscalía inició una carpeta de investigación para conocer el móvil de los hechos que se registraron la madrugada del domingo, cuando sujetos armados agredieron a cuatro jóvenes cuando viajaban a bordo de un taxi de Córdoba con rumbo a Orizaba. Las víctimas del ataque fueron identificadas como Fernando y José Carlos Orozco Escudero, hijos del exdiputado federal Manuel Wistano Orozco; Laura Escudero, hija del exalcalde de Orizaba Ángel Escudero, y Juan Manuel Ortiz Guraieb, sobrino de Ernesto y Carlos Guraieb, dueños de la constructora Olimpo. En realidad el ataque a estos jóvenes tuvo su origen en un pleito que escenificaron en el antro “Mandalai”, ubicado en avenida 11 entre calles 34 y 36 de Córdoba. *** En Las Choapas, un hombre identificado como Genaro Martínez González, murió luego de ser baleado la mañana del domingo. Los hechos ocurrieron en su domicilio, en la avenida 20 de noviembre, colonia Barrio de las Flores. De este caso no se ocupó el gobernador durante su conferencia de prensa. Claro, no era “junior”, familiar de políticos y empresarios influyentes.
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