“Si Jesucristo hubiera nacido en México, no lo crucificamos, ¡le arreglamos su asunto!”.

Esa es una expresión que solía utilizar, de forma cínica, un abogado que hace dos décadas fue titular de un juzgado mixto municipal en territorio veracruzano.

Ese juez municipal, por supuesto, no era reconocido precisamente por su honestidad a la hora de impartir justicia; pero al margen de ello, con esa frase dejaba ver la realidad del sistema judicial mexicano, donde todo puede pasar, desde el encarcelamiento de inocentes hasta la liberación de los autores de los más aberrantes crímenes.

Absolutamente todo puede pasar en un juzgado mexicano.

En octubre de 2016, por cierto, la empresa Consulta Mitofsky dio a conocer un estudio sobre la confianza en las instituciones de nuestro país.

Ese trabajo reveló que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el Poder Judicial, se encontraba entre las instituciones reprobadas en cuanto a la confianza ciudadana, al presentar una calificación de 5.8.

De las instituciones evaluadas, sólo el Senado, la Presidencia de la República, la Policía, los diputados, los sindicatos y los partidos políticos presentaron peores números que la SCJN.

Con relación al año anterior a dicha medición, la Suprema Corte redujo 0.5 puntos porcentuales en la confianza de la gente; es decir, la gente percibe a los jueces como corruptos o poco confiables.

En una década, de 2016 a 2016, la credibilidad de la SCJN pasó de 6.8 a 5.8.

Debido a ello, se puede considerar como algo normal el hecho de que se extienda tanto la percepción de que en el caso del ex gobernador Javier Duarte podría prevalecer la impunidad.

En ese contexto, en los últimos días han crecido de forma considerable las especulaciones que apuntan a que debido a una mala integración de las carpetas de investigación, el ex ejecutivo estatal, acusado por los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita, delincuencia organizada, y desvío de recursos, entre otros, podría quedar en libertad.

Finalmente, Javier Duarte tiene dinero suficiente para cubrir los honorarios de los mejores abogados del país; eso y más, aunque se diga que se trata de dinero obtenido de manera ilegal y a costa de la quiebra del gobierno estatal.

Pues bien, esas versiones y esa preocupación sobre la posible libertad de Duarte de Ochoa provocaron que este jueves el actual ejecutivo estatal, Miguel Ángel Yunes Linares, emitiera un mensaje en el que demanda que se aceleren las denuncias presentadas contra su antecesor por parte de la Auditoría Superior de la Federación.

Dijo Yunes Linares que las versiones de que Duarte sea liberado indignan y generan el rechazo de los veracruzanos, dado que se trata de un personaje que dejó al estado sumergido en la peor crisis de su historia.

Agregó que los veracruzanos no pueden admitir que por una triquiñuela ilegal, Duarte obtenga su libertad.

Sobre este asunto, habría que comentar que si se consideran los antecedentes del poder judicial, Yunes Linares tiene razón en desconfiar en el rumbo que tomará el caso, dado que todo es posible, incluyendo por supuesto la excarcelación del reo; por otro lado, también es cierto que si los fiscales del estado y de la Federación que acusan a Duarte cometen errores en la integración de las carpetas de investigación o no se sujetan al debido proceso, estarían pavimentando el camino para que el ex gobernador salga libre.

Aun así, a pesar de la desconfianza que despierta el poder judicial y de los probables errores en las investigaciones y en las acusaciones de la fiscalía, se observa muy difícil que Duarte sea liberado… al menos antes del proceso electoral de 2018; si eso llegara a ocurrir, el partido en el poder se estaría dando un disparo en el pie de cara a la sucesión presidencial. @luisromero85