Prefacio.
Tiene razón el secretario de Seguridad Pública, Jaime Téllez Marié (¿aún no se va?). Los elementos bajo su mando no pueden proteger la integridad de miles de kilómetros del ducto Minatitlán-México, el manjar más codiciado por los “huachicoleros”. Para eso están el personal de vigilancia de Pemex y las fuerzas federales *** Es el mismo caso de las instituciones bancarias, que según el propio Téllez Marié, tampoco está en condiciones de cuidarlas; ni las tiendas de conveniencia, ni las casas habitación, ni a las damas y niños que son asaltados a plena luz del día por sujetos armados que se mueven en motocicletas. *** Tiene razón Jaime Téllez Marié: Ni él ni sus muchachos son capaces de cuidar ni sus propias carteras. Eso es lo que se conoce como ineficiencia, y quien admite no ser capaz de cumplir con sus obligaciones, lo que le queda es presentar su renuncia.
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Se queja la diputada local de Morena, Daniela Griego Ceballos, de que el gobernador Miguel Ángel Yunes Linares sigue sin revelar a cuánto asciende el pasivo circulante de Veracruz, y tampoco ha mostrado avances en la (según el propio gobernador) “urgente renegociación” de la deuda de largo plazo.
Pues bien, tuvo que ser la empresa calificadora Fitch Ratings la que nos diera alguna luz al respecto.
En comunicado emitido este jueves 11 de mayo, Fitch anunció su decisión de mantener la Observación Negativa en la calificación de la calidad crediticia del estado de Veracruz de ‘BB-(mex)’. Ratifica, además, las calificaciones específicas de los financiamientos bancarios y las emisiones bursátiles que integran la deuda directa del Estado.
Según los analistas de esta empresa, existe un riesgo latente de que la actual administración estatal tenga que recurrir al uso de créditos bancarios de corto plazo, debido a que no genera un ahorro interno positivo y sostenido que aminore las presiones de liquidez.
Como ya se había explicado en este mismo espacio, los compromisos bursátiles contratados por el gobierno de Veracruz incluyen una cláusula que limita el pasivo de corto plazo, o pasivo circulante, a partir del cierre del ejercicio 2013 y hasta que se liquiden la totalidad de los financiamientos a un monto máximo de 800 millones de Udis, lo que por estas fechas equivale a unos 4 mil 600 millones de pesos. Al 31 de diciembre de 2016 el monto era de 6 mil 860 millones de pesos.
¿Qué sucede cuando se incumple esa cláusula? Que el gobierno estatal se obliga a acelerar el pago de sus compromisos, por lo que el servicio de la deuda (lo que paga año con año el gobierno estatal entre intereses y capital) se dispara ostensiblemente.
Según Fitch Ratings, el servicio de la deuda ascendió el año pasado a 4 mil 810 millones de pesos. Pero además, en virtud de que a partir del 2013 la mayoría de los créditos inició con sus pagos de capital, el servicio de la deuda para los próximos años se estima superior a los 5 mil millones.
La empresa calificadora dice estar “muy atenta” a los términos y condiciones finales que se logren en la reestructura de la deuda, de la que –dice- desconoce su período de finalización e implementación.
Fitch Ratings advierte que en caso de que estas negociaciones provoquen pérdidas para los inversionistas y acreedores bancarios (tales como quitas y canjes forzosos) “se detonaría un evento crediticio negativo con repercusiones directas en la calificación riesgo emisor así como en la de los financiamientos canjeados forzosamente”.
En resumen: El gobierno de Miguel Ángel Yunes Linares no ha generado el ahorro interno que se requiere para hacer frente a la falta de liquidez en el corto plazo, lo que eventualmente lo obligaría a recurrir a nuevos créditos de corto plazo (la otra alternativa es la “licuadora”, pero el gobernador “jura” que ni la ha utilizado, ni lo volverá a hacer). Su tardanza en la reestructuración de la deuda está generando inquietud en el ámbito bursátil, por lo que el efecto que pretendía conseguir (mejorar la calificación crediticia) no es tan asequible como nos lo ha pintado.
Y nada de esto lo ha informado el gobierno de Veracruz.
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Epílogo.
Ya llegó la solicitud de la Fepade al Congreso de Veracruz para que sea desaforada la diputada Eva Cadena. Está claro que los videos dejaron en evidencia delitos electorales. El trámite no es sencillo, pero todo parece indicar que procederá. *** El senador José Yunes Zorrilla estuvo en el sur de la entidad apoyando a los candidatos de su partido. En Cosoleacaque, el legislador dijo que al PRI lo acompañan miles de veracruzanos honorables, “que trabajan por su comunidad, que tienen un compromiso colectivo, y que hoy están pidiendo la oportunidad de seguir trabajando”. Yunes Zorrilla acompañó este jueves a Cirilo Vázquez Parissi, a quien calificó como “un hombre que interpreta positivamente la política, como un instrumento de servicio”. También estuvo presente el coordinador de la bancada del PRI en la Cámara de Diputados, César Camacho Quiroz. *** Finalmente se confirmó lo que aquí se había anticipado: La denuncia contra Carol Jéssica Moreno Torres, ex Oficial Mayor de la SEV, tiene como único fin lanzar un nuevo dardo mediático al dirigente nacional de Morena, Andrés Manuel López Obrador. Este jueves el gobernador de Veracruz (quien se pasa la “veda electoral” por el arco del triunfo) salió a señalar que la exfuncionaria denunciada sí tiene tratos con la familia López Obrador. “En breve daré a conocer un documento que probará, sin dejar dudas, la relación que hay entre los tres”, dijo Yunes Linares, quien está metido de lleno en la campaña contra el “Peje”. *** Lo que parece importarle poco al mandatario estatal es la ola de violencia que sigue a la alza en la entidad y que, casualmente, está teniendo su mayor expresión en los límites del municipio que gobierna su hijo el primogénito. La madrugada del jueves, en la colonia Las Bajadas del puerto de Veracruz se reportó que en la calle Juárez entre Emiliano Zapata y Porfirio Díaz fue tirado el cuerpo sin vida de un hombre acribillado a balazos. Mientras tanto, en el fraccionamiento Los Delfines de Boca del Río hallaron a otros dos hombres muertos a balazos. Y otros dos sujetos muertos fueron localizados en la Avenida 7 entre las calles 16 y Callejón sin nombre, de la colonia Venustiano Carranza de Boca del Río. *** Para Yunes Linares se trata de “pleito entre grupos delictivos” y con eso evade cualquier responsabilidad. Sólo que entre los cinco ejecutados están el tesorero del municipio de Juchique de Ferrer, David Alonso Rodríguez Mendoza y el contador, Francisco Rafael Mendoza, cuyo secuestro fue denunciado, desde la tribuna del Congreso local, por el diputado Ernesto Cuevas. ¿Lo que trata de decir el gobernador, entonces, es que ambos estaban involucrados con la delincuencia organizada? *** Tal vez se trate de “su percepción”.
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