Ante la inminente derrota del PRI en las próximas elecciones del Gobierno del Estado de México por los escandalosos casos de corrupción que han protagonizado gobernadores de diferentes estados del país, entre ellos, el de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, y del propio presidente Enrique Peña Nieto quien, junto con muchos de sus colaboradores y su concubina, se han visto envueltos en asuntos de corrupción que han generado un rechazo hacia las siglas del PRI, el gobierno peñista se ha visto obligado a entregar a dos de sus más conspicuos representantes: Tomás Yarrington, exgobernador de Tamaulipas y Javier Duarte, de Veracruz. A ambos capos, el gobierno mexicano los mantenía bajo protección, lejos de la mano de la justicia, sólo que las presiones políticas y sociales obligaron a maniobrar de manera burda y decidieron entregarlos, primero a Yarrington y la noche del Sábado de Gloria a Duarte de Ochoa, brazos ejecutores de la célula delincuencial en el poder que encabezan, entre otros, Carlos Salinas de Gortari. Al menos ya están detenidos, ahora falta ver que los enjuicien de acuerdo con los graves delitos que cometieron en contra de millones de mexicanos, en estos casos, de paisanos veracruzanos y de tamaulipecos.