El Seguro Popular es un ente desconcentrado de la Secretaría de Salud, responsable de financiar la provisión de servicios de salud a la población de escasos recursos económicos; es decir, a personas que no tengan para pagar cirugías mayores, médicos particulares y que carezcan de IMSS o ISSSTE.
Al menos es lo que se dice en el papel sobre la Comisión Nacional de Protección Social en Salud, verdadero nombre del Seguro Popular.
Bien, de acuerdo con la Fiscalía General del Estado, el ex funcionario duartista Mauricio Audirac Murillo, ordenó que se transfirieran 2 mil 300 millones de pesos de ese Seguro a una cuenta concentradora conocida vulgarmente como “Licuadora” de la Secretaría de Finanzas y Planeación.
Lo anterior con objeto de obtener mejores rendimientos financieros, que en efecto se obtuvieron, pero cuyo capital (los 2 mil 300 millones) y los intereses, nunca fueron devueltos al Seguro Popular.
De esta malversación de recursos públicos es de lo que se acusa a Audirac Murillo.
Según pruebas aportadas por la Fiscalía, en los últimos dos meses del 2014 el entonces titular de Sefiplan, Mauricio Audirac, ordenó al director del Seguro Popular, Leonel Bustos (actualmente prófugo) y al tesorero Tarek Abdalá (inhabilitado por 10 años pero que sigue siendo diputado federal), transferir recursos de los programas del Seguro Popular y Oportunidades a una cuenta de Sefiplan.
Obediente, Leonel Bustos efectuó el 28 de noviembre 11 transferencias bancarias por un total de mil 200 millones de pesos. El 10 de diciembre ejecutó otras 10 transferencias por un monto de 850 millones y el 16 del mismo mes hizo dos transferencias más por 250 millones de pesos.
Y la licuadora se puso a trabajar a todo lo que daba.
Este monumental atraco se hizo evidentemente con premeditación, alevosía y ventaja.
De ser cierto ¿qué va a alegar Audirac a su favor?
Recordarás lector que fue en los primeros meses del 2015 cuando comenzaron las protestas por la falta de apoyos del Seguro Popular. Y fue por esas fechas cuando los jilgueros de Javier Duarte salieron a decir que ese dinero no había llegado a Veracruz.
Ahora sabemos que ésta fue una más de las mentiras del gordo, que indiscutiblemente fue uno de los beneficiarios de ese saqueo.
El desvío de esos 2 mil 300 millones de pesos provocó que cientos de veracruzanos no recibieran atención médica y como consecuencia murieron.
¿Esas muertes van integradas en la Carpeta de Investigación de Mauricio Audirac o con la pura acusación de coalición tiene la Fiscalía?
¿Quién va a responder por los niños, jóvenes y ancianos que tuvieron que morir para que sujetos sin escrúpulos disfrutaran de 2 mil 300 millones de pesos?
Este acto de inhumanidad propio de personas sin alma ¿va a quedar impune?
Existen en Veracruz cientos de personas que lloran a un familiar al que no pudieron atender en un sanatorio particular por la maldita jodidez. Y porque unos sujetos a quienes la Federación proporcionó 2 mil 300 millones de pesos para que atendieran a esos enfermos simplemente los dejaron a su suerte.
¿Nadie va a pagar por eso?
Nueva Delegada del ISSSTE
Ayer al mediodía la ex alcaldesa de Xalapa, Elizabeth Morales García, tomó posesión como nueva Delegada Estatal del ISSSTE en sustitución de Arturo Gutiérrez.
Antes de tomarle la protesta, el Director de Delegaciones del ISSSTE, Alfredo Reyes Arreola, subrayó que Elizabeth fue elegida por unanimidad por los miembros de la Junta Directiva de ese Instituto.
Quienes pensaron que el nombramiento como Delegada en la Profeco era un premio de consolación para la xalapeña y que de ahí se iría a su casa, se equivocaron. Elizabeth asumió desde ayer un cargo de mayor relevancia que la pone en la vitrina de los políticos priistas a quienes no hay que perder de vista.
Su trabajo como diputada federal, como alcaldesa de Xalapa, como lideresa del PRI veracruzano y como titular de la Profeco en la entidad, son las mejores cartas de presentación para esta mujer de la que pronto se hablarán cosas mejores.
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