Marzo ha sido un mes negro para el periodismo nacional y en especial para el periodismo veracruzano.
El viernes 3 fue baleado en Poza Rica el periodista Alan García Zúñiga, trabajador de Pemex y corresponsal del diario El Dictamen en aquella zona de la entidad.
Alan iba a bordo de su vehículo cuando unos sujetos que viajaban en una camioneta negra se le emparejaron y uno de ellos le disparó a la altura del pecho.
Como pudo, Alan se trasladó a un hospital donde fue atendido de emergencia y logró salvar su vida.
Este hecho, fue mencionado como el primer atentado contra un comunicador en el gobierno de Miguel Ángel Yunes Linares. Y hasta el momento no hay ningún detenido.
El domingo 19 el periodista Ricardo Monluí Cabrera fue asesinado a tiros cuando salía de un restaurante después de haber desayunado con su familia.
El fiscal estatal Jorge Winckler, dijo que la dependencia a su cargo había abierto una carpeta de investigación y pronto daría con los responsables. Pero no hay nada aún.
Este miércoles en la madrugada el jefe de redacción del diario La Opinión de Poza Rica, Armando Arrieta Granados, cerraba las puertas de la cochera de su casa cuando unos sujetos le dispararon por la espalda.
Armando fue llevado de urgencia a un hospital, pero debido a la gravedad de las lesiones fue canalizado a un nosocomio del puerto de Veracruz donde se debate entre la vida y la muerte.
“Aquí ya no gritamos ‘¡Ni uno más!’ sino que comenzamos a preguntarnos quién será el siguiente”, me dijo con voz entrecortada un colega de Poza Rica.
En tres meses y medio del gobierno de Yunes ha habido tres atentados contra periodistas. De a uno por mes en promedio.
Inútil clamar por protección; inútil exigir justicia.
No exagero al decir que quienes nos dedicamos a este oficio en Veracruz andamos sólo con la bendición de Dios, porque del gobierno estatal no hemos recibido más que desprecio.
En lugar de apoyo, invariablemente viene el choro que hemos escuchado hasta la saciedad: “La Fiscalía General del Estado ha iniciado ya las investigaciones correspondientes para sancionar a los responsables de este cobarde atentado que no debe quedar impune. Respeto plenamente la libertad de expresión y el ejercicio profesional del periodismo. Me encuentro sumamente preocupado por los hechos recientes en contra de comunicadores”, dijo el gobernador.
Pero ya no queremos oír eso, gobernador. Ya basta de frases retóricas. Lo que exigimos es seguridad, seguridad, seguridad.
Eso fue lo que prometió a los veracruzanos. Y por eso es que votaron por usted un millón 55 mil 544 incautos.
Pez gordo
El ex secretario de Finanzas, Mauricio Audirac Murillo, que fuera uno de los seis titulares de esa dependencia durante el sexenio de Javier Duarte, fue detenido en Puebla por la Fiscalía General de ese estado y agentes investigadores veracruzanos.
A Audirac se le acusa de COALICIÓN. Y perdonarás mi ignorancia, lector, pero como no sé qué significa ese delito me fui al Código Penal Federal que en su artículo 216 dice: “Cometen el delito de coalición de servidores públicos, los que teniendo tal carácter se coaliguen para tomar medidas contrarias a una ley o reglamento, impedir su ejecución o para hacer dimisión de sus puestos con el fin de impedir o suspender la administración pública en cualquiera de sus ramas”.
En buen cristiano el artículo 216 quiere decir que Audirac y otros servidores públicos se unieron para cometer un delito. A Mauricio se le acusa de estar relacionado con el desvío de 2 mil 300 millones de pesos del Seguro Popular a cuentas del gobierno de Veracruz, entre noviembre y diciembre de 2014.
Sin duda Audirac es un pez gordo.
Pero de entre los peces gordos falta el cachalote, ese enorme pez llamado Javier Duarte al que mucha gente ha visto en Chiapas (más delgado que cuando se peló de Veracruz, de barba y con un sombrero que no se quita ni para entrar a las tiendas de conveniencia de aquella entidad), pero que ni la PGR ni la Interpol pueden localizar aún.
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