Este jueves 2 de marzo, la Comisión Estatal de Derechos Humanos emitió una recomendación que podría ser la punta del iceberg del proceso que convierta al exsecretario de Seguridad Pública, Arturo Bermúdez Zurita, en huésped permanente del penal de Pacho Viejo. Resulta que la CEDH ha acreditado la participación de elementos de la SSP en la desaparición forzada de ocho policías en el municipio de Úrsulo Galván en 2013, a quienes en su momento se acusó de tener vínculos con la delincuencia organizada. Este caso es apenas el primero de muchos en los que los muchachos de Bermúdez podrían estar involucrados, como lo han venido documentando familiares de personas desaparecidas durante su periodo como titular de la SSP. En los primeros meses de esta administración, Bermúdez Zurita fue acusado de tráfico de influencias y abuso de autoridad, por lo que promovió una serie de amparos para no ser detenido. Pero no contaba con que silenciosamente se integraba otra denuncia por enriquecimiento ilícito, la misma por la que hoy ya se encuentra en la cárcel. Y también silenciosamente se integran expedientes sobre desapariciones forzadas, un delito grave, que podrían determinar que Bermúdez pase muchos años en la cárcel. Si bien la recomendación de la CEDH tiene el propósito de indemnizar a las familias para que les sean pagados a las quejosas los gastos de traslado, médicos y los demás que hayan realizado para localizar a los desaparecidos, además el pago de una justa indemnización, lo que vale en realidad es que ya abrió la puerta para muchas otras denuncias que no habían prosperado. No será el enriquecimiento ilícito –a todas luces comprobable- sino la desaparición forzada de decenas de personas, la que termine condenando al más poderoso funcionario del duartismo.