Prefacio.
“Si no me lo aprueban, no respondo”. Ese parece ser el mensaje del gobernador de Veracruz, Miguel Ángel Yunes a los diputados de Morena (se cuidó mucho de no referirse a los legisladores priistas, sabedor, tal vez, de que si los convence puede conseguir los votos que necesita) que de plano le dijeron que votarán en contra de su solicitud de autorización para renegociar la deuda de Veracruz. *** Ahora no sólo los conmina a respaldar su petición, sino que los apresura, pues advierte que cada día que pasa la –bautizada por él- “emergencia financiera” se pone cada día más grave. *** Su discurso es el de un perdona-vidas. Explica que él no provocó tal crisis, que él tiene la fórmula para resolverla, pero que si no lo apoya el Congreso (“del que me congratulo que hayan recuperado la autonomía e independencia que no tuvieron otras Legislaturas”) la crisis económica sería de “dimensiones incalculables”. *** O sea, en términos más claros: “Yo los respeto, ustedes tienen el derecho de decidir en qué sentido votar, pero si lo hacen en contra, nos va a cargar la…”. *** Entre otras barbaridades, el gobernador ha advertido que, en caso de no haber renegociación, tendrá que despedir a cien mil burócratas, pues “no tendrá para pagarles”. *** La renegociación es necesaria. Esta ha sido una de las pocas ocasiones en las que el actual gobernador ha recapacitado (otras de ellas fue la famosa “carta matrimonial”). Es cierto que si no se revisan los términos de los compromisos bancarios que tiene el Estado, las sanciones y los recargos terminarán de hundir un barco que ya hoy está en condiciones de ser abandonado. *** No debe olvidar, sin embargo, que la renegociación no es el único ingrediente de la fórmula que se requiere para superar la crisis. Es más importante aún reducir en forma dramática el gasto operativo, y hasta la fecha no ha explicado como logrará eso. *** Tal vez con algo menos de protagonismo, con una pequeña dosis de humildad, Yunes Linares podría conseguir los votos que requiere. ¿Qué tanto es tantito?
* * *
Fue el 20 de septiembre del 2011. Los cuerpos sin vida de 35 personas (23 hombres y 12 mujeres) fueron abandonados en el corazón turístico y financiero del municipio de Boca del Río. El hecho se dio justo cuando a unos cuantos kilómetros, en Veracruz, se realizaba una reunión nacional de procuradores de justicia.
En aquel entonces, la primera versión oficial sobre el tema la dio el procurador Reynaldo Escobar Pérez, quien informó: “Se ha logrado la identificación de algunos de los cuerpos y se ha confirmado, a través de Plataforma México, que todos ellos (los identificados, obviamente) tenían antecedentes penales y se dedicaban a actividades vinculadas al crimen organizado, tales como el secuestro, la extorsión, el homicidio, el narcomenudeo, entre otros delitos”.
Cinco años y cinco meses después, también en Boca del Río, aparecieron otros once cuerpos sin vida (ahora nueve hombres y dos mujeres). Igual que los de 2011, todos con visibles huellas de tortura y evidencias de ejecuciones.
Curiosamente no fue el ahora llamado Fiscal General, el encargado de dar la versión oficial, sino el propio gobernador de Veracruz, Miguel Ángel Yunes Linares.
¿Valor civil? ¿Protagonismo?
Cada quien lo puede calificar como mejor le parezca. Lo cierto es que sus palabras son muy parecidas a las que pronunció en aquella ocasión Reynaldo Escobar:
“Como lo he venido señalando, es una lucha entre bandas de delincuentes organizados. Como lo dicen en el propio cartel que dejaron, se trata de una guerra entre ellos mismos”.
En el 2011 se atribuyó a integrantes del cártel Jalisco Nueva Generación la autoría de la matanza de 35 personas a las que se les atribuía formar parte del cártel de Los Zetas. Todos los cuerpos tenían pintada una letra “Z” con plumón.
Con los once cuerpos encontrados la noche del martes, fue hallada una cartulina en la que no se especifica a qué grupo criminal pertenecen, pero se deja claro que es una confrontación entre bandas delictivas, como lo ha sostenido el gobernador.
No hay forma de verificar que ambos testimonios (la marca en los cuerpos del 2011 y la cartulina en estos) sean verídicos.
Cuando aparecieron los 11 cuerpos en el municipio de Boca del Río, justo se habían cumplido tres meses desde que tomó posesión del gobierno estatal Miguel Ángel Yunes Linares. Si se le suman los 48 días en los que fue gobernador interino Flavino Ríos Alvarado, completan cuatro meses y medio desde que Javier Duarte dejó el cargo. A estas alturas tiene muy poco sentido pretender culpar a los “acuerdos” de gobiernos anteriores sobre estas manifestaciones de violencia.
En su afán por convencer a la población veracruzana de que no corre peligro, Yunes Linares ha insistido en la tesis de que todas las ejecuciones, todos los enfrentamientos, se están dando entre bandas criminales. Se trata de diferentes grupos que pretenden –dijo- establecerse en Veracruz: “Todos quieren estar aquí, en una zona determinada, quieren tener territorio libre, dejarlo para una sola banda de delincuentes”.
Yunes Linares ya recorrió la mitad del plazo que él mismo se impuso para que los veracruzanos perciban una mejoría en el ámbito de la seguridad (“perciban”, de “percepción”). A menos que su fórmula mágica sea la intervención de las fuerzas federales, no se ve todavía cómo habrá de ofrecer resultados, más allá de estadísticas que sólo él se las cree.
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Epílogo.
Y a todo esto… ¿Se sabe algo del responsable de filtrar la fotografía de Arturo Bermúdez en el momento de ser fichado? No debemos olvidar que fue “una orden” del mandatario estatal, que se diera con el autor de esa “falta administrativa” y se le sancionara. Esto parece confirmar que como investigador, Jaime Téllez Marié es un excelente agente de tránsito. *** Cuando ya nos habíamos olvidado de Javier Duarte, en el periódico El Universal se encargaron de recordarlo. En la columna “Bajo Reserva”, anotaron: “Del caso del ex gobernador de Veracruz hay cuatro datos relevantes en las indagatorias de la Procuraduría General de la República. El primero, nos dicen, es que no hay evidencias de que Javier Duarte esté muerto, que haya desaparecido de la faz de la tierra. El segundo es que el ex priísta no ha podido utilizar el sistema financiero, en pocas palabras se está quedando sin recursos, y eso lo obligará a sacar la cabeza. El tercero, nos explican, es que su mujer Karime Macías y otros miembros de la familia conocieron, participaron y se beneficiaron del entramado para el presunto saqueo de las arcas estatales. Y cuarto, nos comentan, hay una colaboración de las policías de los países centroamericanos y, lo más relevante, el apoyo del Departamento de Justicia de Estados Unidos para localizar al ex gobernador veracruzano, en un expediente que se considera prioritario y emblemático sobre corrupción en nuestro querido México”. *** En el mismo periódico le dieron espacio a una aclaración del gobierno yunista. En la columna Kiosko se puede leer: “Se quejan en Veracruz de empresario. El gobierno de Veracruz asegura que el empresario Alejandro Cossío Hernández, quien denunció en este espacio la intención del gobierno de Miguel Ángel Yunes, de querer adjudicar contratos millonarios sin licitación pública, no es representante de la empresa NRA, una de las presuntas compañías afectadas. Don Elías Assad Danini, coordinador de Comunicación Social, expresa que los dichos de don Alejandro son falsos e incluso Grupo NRA, a través de una carta, ofreció ya una disculpa al Gobierno de Veracruz y negó que éste sea dueño, socio o representante de la empresa. Don Elías advierte que podría denunciar el daño que les ha generado la difusión de esta información falsa, sin embargo, en esta columna no se vinculó a Cossío con dicha empresa. Habrá que ver qué dice don Alejandro, quien mantiene su acusación en medios”. De los contratos, por cierto, en su carta aclaratoria el gobierno estatal nada explica.
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