Este martes, no solo Morena se montó en el debate en torno a la solicitud de autorización del Congreso, enviada por el gobernador Miguel Ángel Yunes Linares para poder negociar la reestructuración de más de 42 mil millones de pesos de deuda pública y contratar créditos adicionales por 5 mil millones de pesos. El PRI y sus aliados en el Congreso han impuesto otra condición para dar su voto por la afirmativa: la contratación de 5 mil millones de pesos adicionales para liquidar la deuda que el gobierno estatal sostiene con los ayuntamientos desde el periodo de Javier Duarte, cuando no se les hicieron llegar los recursos federales etiquetados para diversas obras y programas.
Prácticamente no se sometió a discusión y votación en el pleno porque los momios no eran favorables en absoluto, con lo que el tema ha entrado en un tramo de turbulencia que puede provocar hasta la caída del fuselaje. Y es que en este mes de marzo, según lo han comentado el gobernador, la titular de la Sefiplan y los diputados panistas, las instituciones acreedoras empezarán a aplicar una serie de sanciones que afectarán no sólo los recursos que se logren recaudar, sino incluso una parte muy importante (se habla de más de dos tercios) de las participaciones federales, sin necesidad de que lleguen a las cuentas de la Secretaría de Finanzas y Planeación.
El problema crece conforme pasan las horas y los días. Es posible que pronto puedan salvar la discusión con el PRI porque una autorización del Congreso para que los ayuntamientos puedan adquirir deuda para saldar proyectos de 2016 no tendría ningún efecto. El alcalde Américo Zúñiga Martínez explicó ayer mismo que los alcaldes no pueden contratar créditos este año para hacer frente a los pagos pendientes del 2016, por el retraso en las participaciones federales, como lo propone el coordinador de su fracción en el Congreso, Juan Nicolás Callejas, quien impulsa la contratación de más deuda para los municipios, para que puedan concluir las obras que tienen pendientes. Los presidentes municipales pueden contratar deuda pero sólo para cumplir con compromisos del presente año.
El presidente de la Comisión de Hacienda del Congreso, el diputado perredista Sergio Rodríguez Cortés, reconoció que está empantanado el debate de la reestructura de la deuda ante el condicionamiento del PRI, que busca la contratación de un crédito de 5 mil millones de pesos. Explicó que se necesitan los votos del tricolor para sacar adelante el dictamen de la reestructura, por lo que se está analizando de cuánto sería el crédito, dadas las condiciones económicas que imperan en este momento en Veracruz. La urgencia de sacar adelante el dictamen, dijo, es porque a partir de marzo los bancos empezarían a sancionar al gobierno, por lo que tomarían el 70 por ciento de las participaciones federales para cobrar por adelantado los créditos pendientes de pago.
Y es que con Morena, el camión está atascado, con las llantas rotas y el motor desvielado. No hay manera de negociar siquiera una votación que permitiera que unos cuantos diputados morenistas dieran el sí, porque se las tienen sentenciada de que eso significaría como la renuncia a su militancia. Para ellos, la solicitud del Ejecutivo es una propuesta de más endeudamiento y sin fundamentos legales válidos.
Alegan que un estudio exhaustivo elaborado por ese partido sobre la legalidad de la iniciativa encontró que es una propuesta con extensas, graves y abundantes deficiencias técnicas y jurídicas; es un documento sin la información técnico-financiera mínima e indispensable para saber en qué condiciones se contratará la deuda y en qué se usará una gran parte de los nuevos créditos, más allá del pago de deuda ya contratada. Además, la propuesta no contiene un estudio del impacto sobre el presupuesto como exige la Ley de Disciplina Financiera. Y precisan en su comunicado de este martes: “Es una solicitud para que se le firmen al gobernador, cuando menos 28 cheques en blanco (21 solicitados por el jefe del ejecutivo y 7 más ofrecidos oficiosamente por la Comisión de Hacienda del Estado) para negociar deuda por más de 42 mil de millones de pesos”.
El gobernador y la secretaria de Finanzas y Planeación, añaden, “solicitaron una prórroga de 90 días para presentar una nueva Ley de Ingresos y un nuevo presupuesto de egresos, que son indispensables para conocer los datos que hoy ellos mismos necesitan para justificar la solicitud de nueva deuda. Antes que se cumpla ese plazo, están solicitando se autorice nueva deuda. El Gobernador y su Secretaria de Finanzas complicaron su propia gestión”.
“Los diputados de la actual Legislatura que voten a favor de este dictamen estarán incurriendo en delitos contra la población, muy semejantes a los cometidos por los diputados que le aprobaron a Javier Duarte dos reestructuras de deuda, en 2011 y 2015, que ahora sabemos fueron fraudulentas”.
En fin, que la telenovela financiera, cuyas repercusiones pueden ser sumamente graves para la entidad, que puede tener impacto negativo para el próximo gobierno estatal, seguirá obsequiándonos capítulos llenos de emoción en los siguientes días.
Supervisor de TEBAEV hace negocios con alumnos
La nueva directora general del Telebachillerato (TEBAEV), Ana María Condado Escamilla, tendrá que poner una lupa para observar con detalle lo que está sucediendo en la Supervisión de la Zona Xalapa “B”, cuyo titular, Gonzalo Palmeros de la Rosa, puede causarle pronto un fuerte dolor de cabeza. En los planteles a su cargo, que van de Banderilla a Atzalan, Palmeros ha encontrado –según denuncian padres de familia– un permanente negocio con la organización de cursos para los alumnos, lo que tiene enfadados tanto a los directivos escolares como a los padres de familia.
Si los cursos tuvieran un sentido formativo y de verdadero respaldo al proceso de enseñanza-aprendizaje, los beneficiarios estarían más que dispuestos a destinarle tiempo a los cursos. El problema es que el supervisor obliga a los alumnos a pagar 35 pesos por cada curso. Tomando en cuenta el número de alumnos que son prácticamente obligados a tomarlos, se calcula que cada programita le reditúe más de 28 mil pesos, recursos que no ingresan a la cuenta bancaria de la Supervisión sino qye va directamente a sus bolsillos.
Pero su creatividad en los negocios le da para eso y más. Además de los cursos, nos cuentan, es muy dado a organizar eventos y comidas, para las que solicita apoyos externos en dinero y en especie en distintas dependencias de gobierno para, supuestamente, repartirlos en los eventos y es la misma situación a nadie rinde cuenta del dinero y regalos recaudados. Entre los objetos que ha obtenido en donaciones para los ‘regalos’ se cuentan computadoras portátiles (laptops) y de escritorio, la mayoría de los cuales se los agencia, nadie sabe si para su personal o para su compra-venta.
Los maestros están también preocupados ya que mensualmente se tiene que hacer un corte de caja del dinero que aporta cada centro escolar a la supervisión y desde el año pasado no ha querido rendir el informe respectivo. Esta son solo algunas anomalías en las que incurre Gonzalo Palmeros, aunque hay quienes también le señalan por su espíritu galante que ha llegado a las proposiciones indecorosas.
La actual directora general de Telebachillerato debería tomar cartas en el asunto antes que los maestros tomen medidas extremas. Su antecesor, el exalcalde coatepecano Conrado Arenas, siempre tuvo conocimiento de estos negocios, pero al parecer no pudo ir más allá porque intervino en defensa del Supervisor la Sección 56 del SNTE.
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