Miguel Ángel Yunes Linares tiene  mucha prisa, demasiada. Dos años se pasan como agua, y no quiere administrar con ideas ajenas a las suyas; para cada área de gobierno tiene la última palabra, no solo de lo que se debe hacer sino, incluso, de lo que se debe planear. Y en ese vértigo, las opiniones divergentes se consideran afrentas, obstáculos a dinamitar. El problema es que en esa dinámica se cometen muchos errores, solo visibles, claro, desde el exterior.

Por eso le caerán muy bien los procesos internos para selección de candidatos a las alcaldías veracruzanas, ya en plena marcha y moviendo muchas emociones y pasiones locales, porque ocuparán los primeros espacios periodísticos y serán el principal tema de conversación en los mentideros políticos de la entidad, dejando de soslayo una administración sui generis que no a todos está convenciendo.

Este ruido mediático en torno al proceso electoral más importante para los veracruzanos permitirá un descanso en diversos temas polémicos en que están inmersos tanto el propio Gobernador como sus funcionarios, en particular el Fiscal Jorge Winckler Ortiz, el titular de la Secretaría de Seguridad Pública, Jaime Téllez Marié, y el titular de Salud, Irán Suárez Villa, por cierto los más balconeados por su jefe porque son responsables de las tres áreas que han sido consideradas prioritarias en los dos primeros meses del minigobierno: justicia, seguridad pública y salud.

Y es que, pese a dedicarle el mayor tiempo posible a estos temas, no se ven resultados definitivos y los acontecimientos lo están lastrando, sea porque la realidad está que arde (como en el caso de la explosiva criminalidad que asola todo el territorio) o porque políticamente urgen resultados en materia de castigo a la corrupción de gobiernos anteriores (como los procesos judiciales a exduartistas, en particular el extitular de la SSP, Arturo Bermúdez Zurita; o al tema de aquellas acciones que pudieran haber afectado la salud y la vida de varios pacientes).

Enero fue marcadamente violento

En el caso de la violencia, desde el primer día de su gobierno se desató una ola de desapariciones y homicidios que no ha bajado a casi tres meses de gobierno. Yunes Linares ha explicado, cada vez que le preguntan los periodistas, que el tema es nacional, producto de un reacomodo de bandas criminales que, en el caso de Veracruz, algunos se atreven de señalar a cinco, dos o tres de ellas consideradas las más peligrosas en el país.

El propio Semáforo Delictivo reconoció que en el mes de enero se estableció un nuevo récord histórico de ejecuciones en todo el país, con mil 339 casos, lo que indica un aumento en 510 homicidios respecto al mismo mes de 2016, cuando se registraron 829 ejecuciones, según datos aportados por el Sistema Nacional de Seguridad Pública.

El documento de la organización civil señala que Guanajuato fue la entidad donde se registraron más asesinatos relacionados con el crimen organizado a nivel nacional durante el primer mes del año, con 142 casos, seguido de Guerrero (117), Michoacán (112), Baja California (98) y Veracruz, con 83.

Es importante señalar que estos datos se refieren solo a los casos considerados como delitos del orden federal porque se refieren a la actuación de las bandas de delincuencia organizada que tienen presencia en el ámbito nacional, pero a ello deben sumarse los homicidios del orden común, que también han encontrado un crecimiento cíclico.

Yunes Linares ha batallado en la opinión pública para convencer de que la violencia criminal es más un problema de percepción que un asunto real, y ha añadido que la mayoría de los casos son ejecuciones que involucran solo a miembros de las diferentes bandas criminales, en guerra por dominar territorios, pero que no afectan a los pobladores comunes y corrientes; además, que los robos tanto a instituciones bancarias como a tiendas de conveniencia tienen como saldo cantidades sumamente modestas.

El problema es que cada vez están más cerca de la población los crímenes; en calles y caminos o terrenos agrícolas o baldíos menos distantes aparecen los cuerpos de personas asesinadas, muchas de ellas con muestras de tortura, y los asaltos se observan en comercios pequeños cerca de nuestros domicilios.

Mientras tanto, no hay dinero para emprender la necesaria y urgente depuración de los cuerpos policiacos, tanto en materia preventiva como de investigación, lo que obliga a las actuales autoridades a actuar con los elementos heredados por el gobierno de Javier Duarte de Ochoa.

Impunidad: mucho ruido, pocas nueces

Tampoco en el tema de llamar a cuentas a los corruptos están resultando buenos frutos del trabajo del Fiscal General, Jorge Winckler Ortiz, quien se ha mostrado errático, impaciente e imprudente a la hora de hacer su chamba.

Para colmo, no tiene equipo. Yunes Linares no pensó que el joven Fiscal necesitaría de un buen grupo de litigantes de grandes ligas bajo sus órdenes para preparar todos los expedientes en contra de tantos funcionarios en capilla, incluido el exgobernador Fidel Herrera Beltrán, de manera que los abogados contratados por los ahora millonarios exfuncionarios no les tiraran los argumentos esgrimidos en las denuncias.

Ayer mismo, el periódico Reforma cabeceó una de sus notas: “Denuncian mucho en Veracruz… y nada”. El reportero Benito Jiménez señala en su despacho que al momento suman 300 denuncias contra exfuncionarios por el fraide en quimioterapias y pruebas falas de VIH, sin que haya detenidos ni consignados.

Señala que la administración actual ha retomado el tema y ha acusado a los exgobernadores Fidel Herrera y Javier Duarte ante la Fiscalía, derivado de lo cual logró que el primero, Cónsul de México en Barcelona, renunciara al cargo para hacer frente a las acusaciones.

Sin embargo, en este caso no hay hasta el momento mucha claridad y la investigación conjunta de las secretarías de Salud estatal y federal no arroja datos precisos que fundamenten las temerarias acusaciones hecha por el mismísimo gobernador Miguel Ángel Yunes Linares en contra de Fidel y Duarte.

Así, mientras crece la violencia criminal, no hay dinero para hacer obra pública y no hay más que un exfuncionario duartista en el bote, el ruido electoral le dará un respiro a un gobierno que ya rebasa el 12 por ciento de su tiempo.

Perote, panistas en riesgo

El suspirante a precandidato del PAN por la alcaldía de Perote, Fernando Ortega Becerril, llevó con ayuda de su padrino político Paul Martínez Marie, una caravana de prevención de cáncer que primero anunció y promovió con bombo y platillo entre sus contactos de Facebook y WhatsApp, asegurando que llegaría con tres tráileres y que finalmente sólo fue un camper, eso sí bien equipado; pero a las más de 60 mujeres que atendieron les pidieron su credencial para votar con el pretexto de poder identificarlas bien…

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