Mientras el año pasado las movilizaciones tuvieron como causa la falta de pago puntual de quincenas, bonos y pensiones, al grado de que antes de diciembre hasta los policías y burócratas de confianza se unieron a las protestas, este mes y los que siguen, muchos de esos movilizados lo harán porque han quedado sin trabajo y, lo peor, sin siquiera contar con el beneficio de una liquidación. No son despedidos, dicen los nuevos directivos de las dependencias estatales, simplemente han sido dados de baja.

Y sí, desde este lunes 2 los empleados públicos bajo la modalidad de confianza, contrato o compensación, ni siquiera han tenido la oportunidad de ingresar a sus antiguas áreas de trabajo, vaya, ni al espacio en que están los relojes checadores, porque la medida es tan drástica como grosera. La Plaza Lerdo se ha ido colmando paulatinamente de ‘extrabajadores’ del Seguro Popular, quienes han sido cercenados de cuajo de sus labores. Pero seguramente muy pronto se les unirán los de la SEV, Sedesol, Salud, Sedarpa, Fiscalía General de Justicia, en fin, de todas las dependencias estatales, de donde han sido despedidos cientos, tal vez miles, de burócratas, y no precisamente porque sean ‘aviadores’ sino porque se busca adelgazar lo más pronto posible la estructura gubernamental, ciertamente inflada artificialmente por los gobiernos estatales priistas.

Para esos trabajadores despedidos, el panorama debe ser desolador. Muchos de ellos son los únicos sustentos económicos en sus familias y, para su desgracia, en la entidad no hay la mínima oportunidad de hallar un nuevo puesto de trabajo con la celeridad que exigen las condiciones. Para colmo, el país ya resiente los efectos devastadores de una administración federal corrupta e ineficaz, y el 20 de enero resentirá los coletazos de la nueva administración norteamericana, encabezada por Donald Trump. Gasolinazo y despidos masivos no podrán tener en Veracruz sino efectos sociales impredecibles… y represión.