“La transparencia consiste en que pillos como Duarte se vuelven invisibles” Yo

La sospecha de una protección de parte del gobierno federal, prodigando impunidad, al delincuente prófugo Javier Duarte de Ochoa y toda su pandilla de maleantes, va tomando forma a medida que pasan los días y la PGR no actúa en contra de quienes han sido denunciados desde hace mucho tiempo por varios delitos que tienen que ver con el infame saqueo a las arcas del gobierno estatal y la grave situación financiera en que nos encontramos como resultado de esas acciones delincuenciales.

Ayer, el magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado (TSJE), Humberto Edel Álvarez Peña, opinó que, en el “desastre” financiero ocasionado por la administración estatal del ex gobernador, Javier Duarte de Ochoa, hubo “cómplices” y al parecer fue el gobierno federal, lo que fortalece la hipótesis de la protección al delincuente por compromisos que se hicieron con él de parte de importantes funcionarios del gobierno de Enrique Peña Nieto.

El magistrado presidente Edel Álvarez comentó que, desde hace cuatro años, el pueblo de Veracruz se quejaba a través de los medios de comunicación de la falta de inversión en infraestructura pública, en servicios básicos como la salud y la educación, sin que ninguna autoridad federal encargada de revisar el correcto uso de los recursos públicos en Veracruz lo señalara.

“Es una situación de desastre la que vive Veracruz, lamentable, donde definitivamente parece ser que la Federación fue cómplice por omisión de esto que está pasando en Veracruz. Porque todo mundo sabía de esto que está pasando desde hace tres o cuatro años, de lo que estaba viviendo Veracruz”. Puntualizó que para eso hay organismos públicos autónomos que se encargan de verificar las cuentas de los gobiernos de los estados, pero en el caso de Veracruz, al parecer ninguna autoridad se percató de que el erario público no se ocupaba en el beneficio y crecimiento de sus ciudadanos.

“Hay una serie de organismos e instituciones que debieron estar pendientes de lo que estaba sucediendo. Era voz el pueblo el saqueo histórico que se estaba dando en Veracruz”, afirmó Álvarez Peña, quien recordó que desde hace tres años comenzó a ventilarse públicamente que el Instituto de Pensiones del Estado (IPE) incumplió con el pago puntual a los pensionados del TSJE, y también en este Poder comenzaron los problemas con los trabajadores porque no había recursos para retribuirles sus derechos laborales.

“Hace tres años se dejó de pagar a los pensionados, comenzaron los problemas con los sueldos de los trabajadores y en la Federación parecía que a nadie le importaba lo que pasaba en Veracruz, por eso fueron cómplices por omisión de lo que está viviendo Veracruz”. Ahora, el gobierno federal tiene la obligación de apoyar con recursos públicos al gobierno del estado, encabezado por el gobernador Miguel Ángel Yunes Linares,  para que pueda sacar adelante estos compromisos con los veracruzanos.

Y, a propósito, informó que en este momento continúan las auditorías en la administración del Poder Judicial del Estado, para conocer las condiciones de infraestructura, personal y recursos que entrega la administración de su antecesor, Alberto Sosa Hernández: “Es para conocer las condiciones en cómo estamos recibiendo, al parecer no son satisfactorias, no son buenas; ya platicamos del pasivo que tenemos y de la deuda que más nos preocupa que es la de Pensiones, que lastima al trabajador y que hay una demanda del Instituto de Pensiones en contra del Poder Judicial o contra quien responda y resulte responsable”.

En las siguientes semanas darán a conocer el resultado de las auditorías realizadas al interior del TSJE, y habrá que fincar alguna responsabilidad en contra de quien haya cometido acto ilícito. “No puedo adelantar nada –explicó Edel Álvarez– pero no se ocultará nada, todo saldrá a la luz, y todo se hará conforme a la ley”.

Hay orden en las finanzas: Américo

En los informes de gobierno, principalmente los municipales, se da énfasis a la parte a la obra pública realizada, al número de calles pavimentadas, metros de drenaje y conceptos que sin duda son vitales para el mejoramiento de las condiciones de vida de la población. En su tercer informe de gobierno, que ayer rindió el alcalde Américo Zúñiga Martínez, mencionó también el volumen de obra sin precedentes que ha construido su gobierno porque las obras en Xalapa se ven y se sienten.

Lo cierto es que también en el gobierno de Zúñiga Martínez ha habido orden en las finanzas que le ha valido tener solvencia en estos tiempos que el estado enfrenta una emergencia económica.

Y ha asumido un liderazgo en políticas innovadoras de participación social como el Gobierno Abierto y en materia de transparencia, logros que hablan bien de una administración pública municipal ordenada, responsable y eficiente.

Hoy se dará cuenta de lo realizado, en una ceremonia  austera, acorde a los tiempos y sin pirotecnia. A las 19:00 horas, en el auditorio de la Iniciativa Municipal de Arte y Cultura (IMAC), habrá política, buena política

Se cancelaron obras en todos los municipios

En los 212 municipios del estado se han tenido que cancelar obras por falta de recursos, reveló el diputado local y presidente de la Comisión de Hacienda Municipal, Carlos Morales Guevara, al participar en el programa «Polaca a la Veracruzana”, trasmitido la noche de este martes.

El legislador por el Partido Revolucionario Institucional (PRI) fue enfático al señalar que la retención de recursos federales etiquetados para las demarcaciones locales por parte de la Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan), derivó en esta situación.

«En los 212 municipios son los mismos casos, el número de obras no se tienen en concreto (…) si no son obras que están recortadas, son obras que no van a estar concluidas». El legislador priista especificó que el Gobierno Estatal no les suministró a los alcaldes 3 mil 100 millones que estaban destinados para proyectos de infraestructura, por lo que aunque les transfirió recursos para gasto corriente, dejó pendientes tres ministraciones de fondos y participaciones federales, lo que trajo como consecuencia la paralización de las obras. Adicional a ello, dijo, se generó un pasivo para cumplir compromisos salariales con su burocracia y con los beneficios de fin de año como el aguinaldo.

En la plática, el joven político expuso que si bien los problemas con los municipios se han agudizado en los últimos años, hay que darle un voto de confianza a la nueva administración estatal, haciendo una crítica responsable y como grupo parlamentario opositor, rendirle cuentas a los veracruzanos.

Recordó que la iniciativa que la bancada priista presentó el pasado 17 de noviembre permitiría una reingeniería administrativa en Ejecutivo, al fusionar secretarías de despacho, logrando un ahorro importante en sueldos y salarios al no existir un aparato burocrático tan abultado como el que se creó en el anterior gobierno y que generó problemas para cubrir la nómina.

Mostrando una tabla que refleja cómo sería la distribución del presupuesto de egresos, según el área al que se destine, abundó que se trata de la unión de los despachos de Protección Civil, Medio Ambiente, Turismo, Trabajo y la Coordinación de Comunicación Social, cuyo 60 o 70 por ciento de su partida anual se destina a pago de sueldos de personal de confianza. Morales Guevara estimó que el ahorro sería de casi 385 millones de pesos, la mitad de los recursos ineludibles que requeriría el Organismo Público Local Electoral (OPLE) para organizar el proceso comicial municipal de 2017 y  aclaró que si la reingeniería se hace en dependencias con «nóminas voluptuosas» como las Secretarías de Educación (SEV), de Seguridad Pública (SSP) o de Salud (SS), los ahorros significativos podrían superar más de mil millones de pesos.

El legislador criticó que aun viéndose cómo la creación de más burocracia generó un déficit de 21 mil millones de pesos, el gobernador Yunes Linares ya ordenó la creación de subsecretarías en las Secretarías de Gobierno (Segob) y de Turismo (Sectur). Afirmó que en el Poder Legislativo también están en la mejor disposición de hacer los ajustes necesarios para ahorrar recursos, como pueden ser reducción de sus salarios y prestaciones y lo mismo desea que se haga en el Poder Judicial. Insistió que no se deben crear más plazas o áreas dentro de la administración, sino un plan de austeridad que permita ahorrar recursos como el que propone el tricolor en su iniciativa.

Reflexión

Confiado en la protección que el gobierno de Enrique Peña Nieto le está dando a todos los delincuentes de la pasada administración, el diputado local priista y exsubsecretario de Finanzas en el gobierno de Javier Duarte, Juan Manuel del Castillo, se mofa de la posibilidad de ser requerido por la Fiscalía General del Estado (FGE) para comparecer por el saqueo y mal manejo de miles de millones de pesos en la Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan). La semana pasada diputados locales del Partido Verde Ecologista y del PAN confirmaron que el corrupto ex-colaborador de Javier Duarte fue requerido por la Fiscalía General del Estado (FGE) debido a las denuncias penales que existen en su contra por los graves desvíos de fondos públicos que se robaron y desaparecieron en Sefiplan, cuando Del Castillo González estaba al frente de la subsecretaria. Escríbanos  a mrossete@nullyahoo.com.mx formatosiete@nullgmail.com www.formato7.com/columnistas