Leí en una columna que en estos momentos Javier Duarte y su esposa Karime Macías estarían viviendo en algún país de América con leyes laxas y bajo el status de perseguidos políticos.
De ser cierta la versión, ambos ladrones han de estar viendo cómo pasan los días en Nicaragua, Venezuela, Bolivia o acaso en Perú. En esos cuatro países no tendrán la zozobra de una extradición inmediata.
Pero si quieren alegar persecución política, qué mal los están asesorando sus abogados.
Un perseguido político es aquel sujeto o sujeta que es acosado y hostigado en su país de origen por sus ideas políticas o religiosas. Pero ni Javier ni Karime están acusados de algo semejante.
Ambos son señalados de saquear a Veracruz; de robarse un tercio del presupuesto estatal y federal. De hurtar el dinero para las medicinas de los enfermos de los hospitales regionales y como consecuencia de esto, de ser responsables de decenas de muertes.
Además, están acusados por la PGR de delincuencia organizada, lavado de dinero y enriquecimiento ilícito. Por su parte el SAT los acusa de evasión fiscal y un presunto desvío de 35 mil millones de pesos.
Como puede verse, ninguno de estos delitos tiene connotaciones políticas o religiosas.
Ahora, si en efecto están en una de esas cuatro naciones, su estancia les debe estar costando un ojo de la cara. Sin duda deben estar gastando más por día, que cualquier jeque que alquile para él y su séquito tres pisos en los mejores hoteles de Nueva York, París o Madrid.
Y es que cuando se trata de agenciarse divisas imprevistas, los gobiernos de cualquier país no se andan con fregaderas y literalmente cobran en oro su protección y cobijo a los delincuentes. Y los esposos Duarte-Macías lo son.
Por ese lado tanto Javier como Karime deben estar pensando si no hubiera sido mejor robar “pero poquito” en lugar de haber dejado seco a Veracruz. La cantidad de dinero que le birlaron al estado los hace propensos a que cualquier ujier los delate.
A diferencia tuya y mía, lector, los Duarte-Macías no pueden pasear libremente por ninguna calle; no pueden asistir a un teatro, un mercado, un centro comercial, un cine, un buen restaurante o al menos a un puesto de tacos al pastor, sin que alguien los reconozca, los señale y ofrezca datos para cobrar la recompensa de 15 millones de pesos.
Ellos que tanto temen a la cárcel han de vivir encerrados; presos de su miedo en un caserón solitario.
Si quienes vivimos en este sufrido Veracruz vamos a pasar una triste Navidad, no quiero imaginar la que pasarán ese par de ladrones en una sala casi en penumbras, temerosos a cualquier ruido extraño y con la zozobra de no saber a qué horas les van a echar el guante.
Una cosa es cierta: el gobierno mexicano los tiene bien ubicados y más temprano que tarde tendrá que presentarlos al populacho.
Y es que esta vez nadie está apostando al olvido.
De que los van a sacar del país donde se encuentren para meterlos a la cárcel eso que ni qué. Es un mundo de dinero lo que se robaron como para que anden libres.
Pero si quieren alegar que sufren de persecución política qué equivocados andan. El saqueo al estado, el despojo a los que menos tienen, la creación de empresas fantasma para hurtar en despoblado, las residencias fastuosas compradas con dinero del erario, los secuestros, los levantones, los asesinatos, la inseguridad en la que quedó Veracruz, no son delitos políticos.
Ambos son un par de delincuentes que tienen que pagar con cárcel por lo que hicieron y devolver lo que se robaron. Así de simple.
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