La delegada estatal de la Secretaría de Desarrollo Social, Anilú Ingram Vallines, informó en días recientes que en la entidad veracruzana dicha dependencia dio de baja a 40 mil adultos mayores del programa Más 65.

El tema de la depuración de los beneficiarios fue puesto sobre la mesa por la ex diputada local, quien señaló que al realizar acciones de validación del padrón, la dependencia encontró algunas inconsistencias en los registros. Dicho de otra manera, la gente de Sedesol detectó irregularidades que consistían, por ejemplo, en la duplicidad de los registros.

Debido a ello, la delegación estatal de la Sedesol anunció la depuración de sus padrones en la entidad, lo que irremediablemente se traducirá en un conflicto que podría llegar a la Procuraduría General de la República, porque implica la posibilidad de un desvío de recursos federales.

No se trata de un tema ligero o menor; al contrario, es muy relevante porque podríamos hablar de serias implicaciones legales para los responsables de la duplicidad en los registros de beneficiarios.

Por otra parte, la delegada fue enfática al señalar que al terminar el presente año, la Sedesol podría registrar 50 mil bajas en el padrón de beneficiarios, lo que equivale al 10 por ciento del total.

La funcionaria federal no habló del monto en pesos de la citada irregularidad; sin embargo, cálculos conservadores apuntan a que la cifra podría superar los 23 millones de pesos mensuales, dado que cada beneficiario recibe al menos 580 pesos cada mes.

Por cierto, el monto que se destina a los beneficiarios de dicho programa se ha mantenido estable en los últimos tres años; cuando inició, en 2012, los ancianos recibían, como ayuda económica, 500 pesos mensuales; en 2013, la cantidad asignada a cada beneficiario era de 525; en 2014, cuando pasó de ser 70 y Más a Más 65, llegó a 580 pesos y ahí se ha mantenido hasta hoy.

El punto, sin embargo, no se relaciona con los recursos que se asignan a los adultos mayores que son beneficiarios de dicho programa social, sino con el probable desvío de recursos. En ese contexto, la declaración de la delegada de Sedesol, Anilú Ingram, no debe quedar en un señalamiento público, sino que debe traducirse en una denuncia ante las instancias de procuración de justicia.

El hecho de que se haya detectado que 40 o 50 mil cheques hayan tenido un destino diferente a los establecidos en el programa es un asunto sumamente grave, porque ese es el número de personas que se quedaron sin recibir el apoyo etiquetado desde la Federación.

Ingram Vallines hace bien en llevar a efecto la depuración de los padrones de beneficiarios; es su obligación como delegada encontrar dichas irregularidades y denunciarlas; sin embargo, esa denuncia debe provocar, en el seguimiento del caso, acciones legales contra los responsables.

En pocas palabras, no basta con decir que el padrón se depuró y que a partir de ahora se tendrá más cuidado; lo necesario es dar cauce legal al hecho y que los responsables de esa irregularidad respondan ante las autoridades. Por el momento, la mira apunta hacia quienes han ocupado la delegación estatal de Sedesol en la entidad, dado que resulta sospechoso, por decir lo menos, que los anteriores delegados no se dieran cuenta de que 40 o 50 mil beneficiarios no existieran o estuvieran duplicados.

Por otro lado, habría que preguntarse ¿desde hace cuánto se registra la duplicidad que detectó la delegación de Sedesol en Veracruz?; ¿de qué sirven los controles internos de la dependencia?, si es que existen; y ¿quién o quiénes estarían involucrados en dicha irregularidad?, misma que le costó a los contribuyentes, sólo durante 2016,  más de 270 millones de pesos.

Xalapa es un laboratorio

Es la época de los informes de gobierno municipal y en el caso de Xalapa, lo que se ha hecho en este tercer año, como en los otros dos años de administración, ha sido destacado. El alcalde Américo Zúñiga Martínez ha sabido implementar una manera de gobernar moderna, que no evade los asuntos, sino que los atiende y resuelve. En lo administrativo ha impuesto orden para manejar con transparencia los recursos y hacer la mayor cantidad de obra pública posible. Esto ya sido reconocido a nivel nacional, al grado que por la aportación de políticas públicas de vanguardia, Xalapa ya es considerado un laboratorio de innovación gubernamental. Esta idea de los especialistas en administración pública no es exagerada cuando el desarrollo se siente en la vida de la población que ha visto el trabajo que la autoridad municipal ha realizado y que ha permitido posicionar a Xalapa como destino de inversión, turismo, intercambio académico y desarrollo cultural. En suma, los tres años de Américo Zúñiga Martínez han estado a la altura de una capital que lleva un ritmo ascendente. @luisromero85