A 32 días del nuevo gobierno, los que no tienen llenadera, ni el mínimo respeto al presente y futuro de millones y millones de veracruzanos, incrementan el daño causado. Siguen saqueo y malversación, debilitamiento y destrucción de instituciones y dependencias oficiales.

A todos deben y de todo quieren disponer, hasta de lo que pertenece a otras generaciones.

Engañan y se engañan, sabiéndose cómplices, responsables y culpables, algunos incluso, ahora intentan excluirse del daño causado y el sacrificio masivo provocado.

Para ello cuentan y han contado con diputados, abyectos y domesticados, buenos para simular y votar por lo que les ordenan. Mejores para cobrar los favores.

Una cosa es clara y se debe difundir. Desde luego que tienen responsabilidad por todo lo que aprobaron y respaldaron, aún en contra de los intereses y bienestar de los veracruzanos. Son responsables y en muchas formas también culpables.

Hay que señalar y llamar a cuentas tanto a cómplices que ayudaron, como a complacientes que permitieron.

En todo caso, es de justicia señalar, que hay notorias excepciones junto a respetables oposiciones, que asumieron su responsabilidad como legisladores y representantes populares.

Pero en su mayoría, los diputados en Veracruz cubrieron y encubrieron, apoyaron y ayudaron a los ahora presuntos responsables y prófugos, denunciados y hasta sometidos a proceso judicial, en un sistema gubernamental seriamente afectado por la continuidad de la impunidad.

Urge un Congreso responsable y que se sume al esfuerzo de cambio ordenado por los veracruzanos.
Mientras tanto, sigue en aumento el tamaño del daño, que todavía se empeñan en ocultar o negar, en encubrir o minimizar.

En todo el estado crecen hambre y pobreza, desempleo e informalidad, inseguridad y delincuencia, deuda pública y crisis financiera.

La agenda legislativa del cambio

Por lo pronto, la oportunidad incluye y empieza con la nueva Legislatura Estatal.

En unos días, el 5 de Noviembre lo dicho se puede convertir en hecho, la promesa en realidad.

De inmediato, entre otros asuntos, tendrán que discutir y aprobar en los primeros quince días hábiles, el presupuesto 2017; recibir, discutir y aprobar el sexto informe de gobierno; llamar a cuentas, a todos los involucrados en el desastre administrativo y financiero que aumenta; y por tanto, auditar a los auditores y contralores.

Los nuevos diputados, además de actualizar, reformar y crear leyes, ¿en verdad asumirán sus deberes y compromisos? ¿Cumplirán, exigirán y fincaran responsabilidades a ineptos y corruptos, a ineficientes y delincuentes? ¿Encubrirán y protegerán más impunidad?

Y también, como es indispensable señalar y demandar, ¿participaran y contribuirán a la atención y solución, de las crecientes necesidades y los viejos y nuevos problemas sociales?
Indispensable contar con un Poder Legislativo responsable, que se incluya en la construcción y realización de la agenda del cambio, real y efectiva; misma que involucre, obligadamente más y mejor participación ciudadana y social.

Imprescindible verdadera transparencia y acceso a la información pública; permanente rendición de cuentas, así como fiscalización y evaluación social puntual y efectiva.
Inaceptable más de los mismos y de lo mismo. La oportunidad de cambio debe aprovecharse.

El nuevo Congreso Estatal, ¿será encubridor y simulador, o exigente y realista?

Llegó la hora de poner frente a la Justicia a los supuestos y caros fiscalizadores, cuyo trabajo de disimulo y simulacro es notorio.

Necesaria limpieza efectiva, no tapadera cómplice o encubridora artimaña.

Los cuentos de la Cuenta.

La inolvidable LXIII Legislatura del Estado, de mayoría oficial domesticada o alquilada. Los que por fortuna ya se van, como despedida intentan otros actos de abyección y sumisión en perjuicio de los veracruzanos presentes y los de futuras generaciones.

Pretenden pasar, encubrir o justificar a jefes, socios y aliados. A pesar de las abrumadoras pruebas que, por cierto siguen aumentando, y de crecientes contradicciones, intentan aprobar la cuenta pública 2015.

Habría que asegurarse, si de acuerdo al precepto constitucional, en efecto conocen los resultados de la gestión financiera sujeta a dictamen y aprobación y, sobre todo, “si cumplieron con los objetivos de sus planes y programas, así como con los criterios señalados en sus respectivos presupuestos”.

Porque hasta hoy se han caracterizado por ignorar, subestimar y rechazar las leyes, innumerables señalamientos y denuncias públicas, evidentes protestas y reclamos sociales, pero eso si apoyan y favorecen a descarados ineficientes y delincuentes gubernamentales, algunos ya prófugos y otros todavía intocables y con aspiraciones reciclables.

Como los irresponsables y culpables fiscalizadores (Contraloría, ORFIS y Comisión del Congreso), que bajo un inexplicable autismo profesional, durante años se dedicaron a afirmar: “todo es legal, correcto y válido”, “todo checa y cuadra”, “no hay daño patrimonial, sólo algunas observaciones menores”.

De ahí que procede auditar a los auditores, a los catatónicos fiscalizadores: a Contraloría, ORFIS y Comisión del Congreso que durante años dispusieron de cuantiosos recursos, simularon, encubrieron y no encontraron nada.

Todos a la báscula

Ante el daño que aumenta de tamaño, hay que insistir y preguntar: ¿En dónde están los miles de millones de pesos desaparecidos?

Ahora resulta, que los mismos saqueadores, ineptos y corrutos, pretenden apropiarse y repartir un dudoso rescate, préstamo o anticipo que incrementa el desastre financiero que se padece. ¿Cuáles finanzas sanas, manos limpias y frente en alto?

Alienta saber que el próximo gobernador, anunció que “antes de recibir una dependencia o secretaría será auditada, mediante un proceso apegado a la ley y llevado con extremo rigor…Si se niegan los funcionarios actuales a entregar información habrá consecuencias jurídicas irremediables (…) Serán auditadas por un equipo de auditores del gobernador electo”.

Así debe hacerse o, quienes asuman las responsabilidades, se convertirían en cómplices, encubridores o condescendientes, de la ineficiencia y la delincuencia gubernamental que se encuentre.

Ni perdón cómplice, ni olvido encubridor. Justicia simple, inmediata y efectiva, para evitar más pérdidas y sacrificios.

Corregir, remediar y prevenir son prioridades. No hay de otra que participar, para aprovechar la oportunidad y convertir en realidad el cambio verdadero. Mismo que puede y debe empezar con transparencia, rendición de cuentas y combate a la corrupción; así como, austeridad, eficiencia, economía y honradez.
*AcademicoIIESESUV@nullRafaelAriasH.Facebook:VeracruzHoydeRafaelAriasHdez