Ahora que asuma la gubernatura del estado, Miguel Ángel Yunes Linares tiene ante sí la tarea de desarticular la montaña de inmundicia e ilegalidad que le heredan Fidel Herrera y Javier Duarte, herencia que se ve agravada por la pavorosa e incontrolada violencia que ejercen la criminalidad y las corporaciones policiales en contra de la población.

La desactivación de semejantes legados implica necesariamente investigar y sancionar a quienes los construyeron, a sus colaboradores y a los beneficiarios de los desastres estatales correspondientes. De no actuar así, el nuevo gobernador enfrentará un rápido desgaste.

Un antecedente esclarecedor en este sentido es la brusca caída de la popularidad y credibilidad del Bronco, fenómeno que no se explica única ni principalmente por sus dislates sino, sobre todo, porque en más de un año en el cargo no ha podido o no ha querido avanzar de manera sustancial en el esclarecimiento de la inmundicia del gobierno anterior.

Ello es así no sólo porque la coalición de intereses empresariales que cobijó su candidatura independiente está inmersa en la misma descomposición que El Bronco prometía combatir, lo que lo ata de manos localmente, sino también porque es dudoso que el poder federal acuda en auxilio de un trabajo de esclarecimiento que podría culminar con el exgobernador Medina en la cárcel.

Es razonable suponer que ambos factores –las renuencias fácticas e institucionales, locales y nacionales, a hacer frente a la corrupción y el desgobierno– van a obstaculizar el cumplimiento de las promesas electorales de cambio empeñadas por Miguel Ángel Yunes, en Veracruz, pero ojalá no ocurra lo de siempre: sometimiento a proceso de actores irrelevantes y menores de la corrupción, e impunidad para los peces gordos.

A las fiscalías o procuradurías estatales no les será suficiente con las sanciones administrativas ni con imputaciones del fuero común para poner orden en la casa.