Dos notas políticas movieron el avispero este fin de semana: el anuncio de que la Comisión Nacional de Justicia Partidaria sesionará este lunes para analizar el caso del gobernador de Veracruz y la exhibición del cheque al que se hizo acreedor el dirigente nacional del PRI, Enrique Ochoa Reza, como finiquito tras su renuncia a la Comisión Federal de Electricidad en julio pasado.

Ambos, íntimamente relacionados. Ambos, con una estridencia y con serias repercusiones en el estado de Veracruz.

Desde el mediodía del viernes, los teléfonos de diputados federales y dirigentes de sectores del partido no dejaban de sonar. Se les pedía –Héctor Yunes se referiría como coerción-, que signaran un desplegado de apoyo al Gobernador, en la víspera de su proceso; algunos asistían a la comida de cumpleaños de la dirigente de la CNOP, Erika Ayala, por lo que ahí mismo firmaron.

Al final del día, resultó que un error de cálculo político imperdonable, aún cuando en el círculo cercano del gobernador, se insistía en que en el CEN priista estaban “muy preocupados” y que la autodefensa del gobernador sería mejor que las de Michoacán.

Con una redacción lamentable, los desplegados no sólo serían desmentidos –aunque también agradecidos- por el propio gobernador la mañana del domingo, sino que tuvieron expresiones francamente ofensivas que la cúpula nacional tricolor y el gobierno federal no dejarán pasar por alto.

Tacharlos de ingenuos, de actuar conforme a denuncias ridículas y electoreras,  de error monumental aplicar cualquier tipo de sanción, y que se atendía la agenda de Miguel Ángel Yunes, no cayó nada bien en la presidencia del PRI.

El mismo sábado, Ochoa Reza respondió que el PRI no cederá a las presiones ejercidas por Javier Duarte. En Pánuco, el dirigente estatal Amadeo Flores dijo que el PRI debe ser congruente con sus estatutos y que quienes firmaron los desplegados lo hicieron a título personal y no del partido. Héctor y Pepe Yunes manifestaron su apoyo total a lo que determine el CEN del Partido.

Ya el domingo, en medio del incendio que él mismo había provocado, Javier Duarte aseguró que “acataré sin reservas lo que mi partido determine”. Y dijo que no pretendía ser un factor de división. Nadie en México lo tomó en serio.

Y en esas estábamos cuando se filtró el cheque del finiquito de Ochoa Reza. Los últimos acontecimientos harían pensar que la lucha entre el tricolor y Morena empezaba a subir de calor. Y de ahí el origen de la información.

Bastaba recordar que hace un par de semanas, Ochoa Reza habría lanzado un reto a Andrés Manuel López Obrador para realizar un debate sobre transparencia y aclarar el tema de la declaración 3 de 3, en la que el tabasqueño no reporta ingresos, ni propiedades, ni aclara la forma en que subsiste.

Además, Pedro Pablo de Antuñano -uno de los hombres claves del delegado Ricardo Monreal, el mismo que piensa competir por el gobierno de la ciudad de México, el bastión de Morena- había sido detenido por no poder acreditar la propiedad de una caja con 600 mil pesos en efectivo. Como sucedió con Bejarano, los fajos de billetes le costaron la chamba.

Sin embargo, fue el propio Ochoa Reza quien aclaró que los misiles tienen otro origen. En un mensaje dado a conocer este domingo, el dirigente acusó que se trataba de una filtración de quienes están preocupados por el discurso anticorrupción del Partido y por la suerte que pudieran correr algunos de sus militantes la tarde de este lunes.

“En política no hay casualidades. Cuatro medios de comunicación, simultáneamente recibieron documentos filtrados que intentan cuestionar el pago de mi finiquito tras separarme de la dirección general de la Comisión Federal de Electricidad.”

Y más. “Lo hacen justo un día antes de que la Comisión Nacional de Justicia Partidaria del PRI, sesione para revisar la actuación de diversos militantes del partido, señalados por actos de corrupción”. Y entonces, por arte de magia, todos los caminos llevaron a Barcelona, pero no sólo él.

Suspensión o expulsión, ese es el dilema

Para ser expulsado no se requiere suspender temporalmente los derechos de un militante. Son cosas distintas, dependiendo de la causa que lo motive.

La única razón por la que se podría suspender temporalmente los derechos de militante al mandatario veracruzano es por encontrarse sujeto a proceso penal (Art.146 del Código de Justicia); en el caso de delitos dolosos, la suspensión durará en tanto se dicte la sentencia definitiva al probable responsable; además, están previstas las desviaciones estatutarias, deshonestidad o ineficiencia política, que en este caso no aplica porque Javier Duarte es funcionario, no dirigente.

En cambio sí puede ser expulsado por atentar de manera grave, contra la unidad ideológica, programática y organizativa del Partido; realizar actos de desprestigio de los candidatos postulados por el Partido u obstaculizar las campañas respectivas y llevar a cabo actos similares respecto de los dirigentes o sus funciones, u otros que atenten en contra de la integridad moral o la vida privada de candidatos, dirigentes, funcionarios o representantes populares priistas (Art.148).

También se puede expulsar por solidarizarse con la acción política de partidos o asociaciones políticas antagónicas al Partido, y promover y apoyar actos de proselitismo de candidatos de otros partidos; así como por cometer faltas de probidad o delitos en el ejercicio de las funciones públicas que se tengan encomendadas.

Muchos de estos supuestos, han sido acusaciones recurrentes en contra del Gobernador; no es fácil que esto suceda, pero esta misma tarde lo sabremos.

La del estribo…

La nomenklatura está de vuelta. Los Murat, los Herrera, los Ruiz y seguramente los Marín, con sus vástagos y sus discípulos, han retomado la ofensiva. Un Murat junior ya es gobernador, lo que Fidel pretende que suceda en Veracruz con su hijo. Lo dicho, nunca hay cadáveres políticos.