Hoy Javier Duarte vive -por mucho- los peores días de su gestión. Ninguna de las crisis que ha padecido en estos casi seis años, se compara a la percepción que priva a nivel nacional respecto a la administración de Veracruz.

Los debates de hoy versan sobre el momento en el que habrá de dejar su cargo Duarte de Ochoa, o si será la PGR, o el próximo gobierno estatal, el que ejecute su captura.

Un día se habla de los «acuerdos» alcanzados entre Presidente y Gobernador, y al día siguiente se perciben señales de abandono, de franco alejamiento de la autoridad federal sobre el tema Veracruz.

Nada se compara a este panorama. Ni el medio centenar de cuerpos arrojados en la principal avenida de Boca del Río, o los crímenes contra comunicadores, o las recurrentes protestas de pensionados y jubilados por el retraso en el pago de sus pensiones, o las demandas penales presentadas por la Universidad Veracruzana, por muchos alcaldes y por proveedores y contratistas, todas con un motivo común: La falta de pago.

Hoy en día son cada vez menos los funcionarios estatales de primer nivel que acuden a sus oficinas.

«¿Para qué? Todo el que nos busca lo hace para cobrarnos, y no tenemos forma de resolver esos reclamos», explica uno de los secretarios de despacho.

De todas formas, salvo alguna llamada del secretario de Gobierno, Flavino Ríos, tampoco les llaman la atención por sus ausencias.

«Hago lo que mejor me sale, hacerme pendejo», explicó otro funcionario.

Es atorados en esa difícil circunstancia, cuando muchos de ellos han considerado seriamente abandonar el barco.

Y no es que le teman a las represalias del próximo Gobernador. Cada uno de ellos ha construido su propio blindaje, ha tendido sus propios puentes para superar esa amenaza. No, lo que les preocupa es que, cansados de golpear al actual gobernador, los francotiradores volteen su mira hacia sus más cercanos colaboradores.

Hoy los auditores del SAT, los fiscales de la PGR y las empresas que le trabajan a la Auditoría Superior de la Federación, están concentrados en escarbar en la relación de bienes de Javier Duarte, de su familia, y de poderosos empresarios que son sus más cercanos amigos. Los servidores públicos esperan que ahí sigan, que en eso se entretengan y ya no los revisen a ellos.

Hoy a lo que le temen los secretarios de despacho es a que les hable Javier Duarte y les ordene actuar en contra de los intereses del próximo Gobernador, ya sea de forma legítima, o violentando la ley. En otro momento, en otras circunstancias, acatarían la instrucción sin chistar. Hoy no. Hoy saben que se juegan el pellejo.

Hoy los políticos veracruzanos escuchan y leen al vicecoordinador del PRI en la Cámara de Diputados federal, Jorge Carlos Ramírez Marín, prometiendo que se habrán de investigar a fondo las denuncias contra Javier Duarte, aunque aclarando que se debe exigir lo mismo para los señalamientos en contra de Miguel Ángel Yunes Linares.

Para los que saben de barajas, este mensaje habla de que el jugador está dispuesto a sacrificar una de sus cartas, con la condición de que su rival arroje también una de las suyas.

Al final del juego pierde el que haya arrojado la carta más valiosa.

Mientras, los veracruzanos, mudos testigos de esta partida, rezan para que el futuro sea mejor, sin importar el color, sin importar el apellido.

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