Se podría decir que el proceso electoral celebrado el pasado 5 de junio en 12 estados, incluida la Ciudad de México, dejó varias lecciones que podrían apuntar hacia el futuro inmediato de la democracia en nuestro país.

Una vez que la alternancia democrática llegó a la Presidencia de la República en el 2000, con el triunfo del Partido Acción Nacional, la estructura de poder vertical instaurada hace décadas por el PRI y el Presidente en turno, mediante la cual se decidían las candidaturas a gubernaturas, se resquebrajó y quedó expuesta a una dinámica política que le otorgó a los liderazgos regionales priistas el poder suficiente designar a sus sucesores en los gobiernos estatales.

Desde entonces, la otrora férrea disciplina partidista para designar candidatos desde el centro despareció o quedó debilitada, lo que trajo como consecuencia un proceso de descomposición del modelo establecido, que en ocasiones produjo disputas internas que terminaron en fracturas severas y en éxodos de dirigentes y militantes hacia otros partidos.

El resultado, derrotas electorales más que anunciadas.

Así ganaron, por ejemplo, Mario López Valdés en Sinaloa y Gabino Cué en Oaxaca, ambos estados hasta entonces gobernados durante décadas por el PRI.

Y esto puede explicar en parte el severo descalabro sufrido por el Revolucionario Institucional en las pasadas elecciones; de los siete estados que perdió en este proceso, en tres —Durango, Veracruz y Quintana Roo— los candidatos ganadores tuvieron una previa y exitosa militancia priista. Abandonaron al PRI ante la imposibilidad de competir con sus siglas, y el resultado está a la vista.

El partido que capitalizó mejor este descontento al interior del PRI fue Acción Nacional, que sin realizar elecciones internas para elegir candidatos propios emanados de sus filas, cobijó a estos liderazgos y en alianza con el PRD terminó ganando tres gubernaturas, Veracruz, Durango y Quintana Roo. Las otras cuatro, las ganó con miembros de su propio partido.

Las pasadas elecciones no sólo significaron una derrota histórica para el PRI, sino también para la actual administración federal, con un voto ciudadano que castigó sin duda diversos factores como la corrupción tanto federal como estatal, así como los altos niveles de inseguridad en algunas entidades y el estancamiento de una economía que no termina de crecer.

Hoy, la Auditoría Superior de la Federación tiene abiertas 15 denuncias penales contra diversos funcionarios del gobierno de Veracruz, por desvíos de recursos públicos por 4 mil 600 millones de pesos. Un solo ejemplo del hartazgo de la gente ante la corrupción y que se vio claramente reflejado en las urnas