Hasta finales de la semana anterior corrió fuerte el rumor sobre la inminente salida de Mauricio Audirac de la Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan).

La versión sonaba creíble luego del penoso incidente ocurrido a mediados de enero, cuando un grupo de líderes de cámaras empresariales que acudieron a la Sefiplan para renegociar los pagos de la abultada deuda que el gobierno del estado mantiene con proveedores y contratistas, no sólo no fueron recibidos por Audirac ni atendidos en ese momento por alguno de sus subalternos sino que además fueron sacados por elementos de seguridad del edificio gubernamental.

Los representantes empresariales convocaron de inmediato a conferencia de prensa en un céntrico café para quejarse del maltrato recibido. En un tardío intento por subsanar el agravio, Audirac y otros funcionarios estatales los recibieron por la noche en la Sefiplan. Posteriormente, el gobernador Javier Duarte fue a casa de Leonor de la Miyar Huerdo para disculparse de manera personal con la ex secretaria de Desarrollo Regional –su ex compañera de gabinete el sexenio anterior– y demás empresarios agraviados.

Este sábado 14 de febrero, en entrevista, el mandatario veracruzano fue abordado precisamente acerca del rumor del supuesto cambio de su secretario de Finanzas y Planeación, a lo que ambiguamente respondió: “No te puedo decir que se va, tampoco te puedo decir que no se va, simple y llanamente todos los funcionarios están sujetos a estos tiempos que obedecen la administración pública y el caso de Sefiplan, como cualquier otra dependencia, obedecen a circunstancias”.

Por lo críptico del lenguaje del Ejecutivo estatal, todo parecería indicar que Audirac no está muy firme en la titularidad de la Sefiplan. Y es que ha trascendido que el verdadero malestar de su jefe con él no sería tanto por el maltrato que hace un mes recibieron los líderes empresariales sino por otro incidente posterior que habría protagonizado el ex contralor del estado y ex auditor general del ORFIS, el cual sí podría tener repercusiones mucho más graves para el gobierno de Veracruz que encabeza Duarte de Ochoa.

La versión que corre tendría que ver con una pesada y misteriosa maleta que en un reciente viaje a la ciudad de México llevaba consigo Audirac, la cual no la entregó a quien presuntamente debía hacérsela llegar. Es posible que sólo se trate de una mera “leyenda urbana”, pero el rumor ha cobrado fuerza porque en la presente administración ya se han suscitado también otros incidentes similares con otras maletas, como las que a finales de enero de 2012 les fueron confiscados por policías federales a un par de auxiliares del ex tesorero Vicente Benítez González, actual Oficial Mayor de la SEV, en el aeropuerto de Toluca, Estado de México.

En aquella ocasión fueron 25 millones de pesos que supuestamente eran para pagar en “cash” a grupos artísticos contratados para las fiestas de La Candelaria, en Tlacotalpan; el carnaval del puerto de Veracruz, y hasta para la Cumbre Tajín, de Papantla. Después de varios malabares jurídicos y administrativos, la PGR les reintegró el dinero hasta con sus respectivos intereses luego de que el gobierno del estado pudo demostrar el origen legal de los recursos.

¿Qué habrá pasado ahora con la presunta maleta que le fue encargada a Mauricio Audirac? Quién sabe, tal vez sólo sea un mito más para estigmatizar como la fallida “Generación Samsonite” a los jóvenes priistas que este sexenio tuvieron la suerte de gobernar la entidad.

Lo único cierto es que este miércoles, al dar a conocer la revisión de la Cuenta Pública de 2013, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) reportó que de las entidades federativas que acumularon irregularidades por un total de 67 mil 168 millones de pesos en el ejercicio de recursos públicos federales, la mayor proporción del monto observado corresponde a Veracruz, con 17.3 por ciento; Michoacán, con 9.9%; Jalisco, con el 8.6%; y Estado de México, con el 5.6% por ciento, las cuatro gobernadas por el PRI.

Pero el órgano fiscalizador alertó que pese a las irregularidades documentadas, la legislación obsoleta y laxa que hay en cada entidad hace casi imposible la aplicación de responsabilidades a los servidores públicos locales. “Las disposiciones legales en materia de responsabilidad de los servidores públicos ocasionan que, en un 18.8 por ciento, las responsabilidades administrativas que la ASF promueve se encuentren prescritas en el momento de la Auditoría. Inclusive, dicho porcentaje, al cabo de un año, alcanza el 43.8 por ciento”, señala en su reporte anual, resaltando que se deben hacer reformas legales para garantizar la sanción a los funcionarios estatales y municipales responsables del mal uso de los recursos federales.

La ASF detectó que 22 mil 993 millones de pesos de recursos no fueron ejercidos, devengados ni reintegrados a la Tesorería Federal de la Federación. Además reportó la falta de documentación comprobatoria del gasto realizado por 18 mil 189 millones de pesos.

Otros 10 mil 945 millones de pesos fueron transferidos a cuentas bancarias distintas a las autorizadas. También detectó que 8 mil 031 millones de pesos fueron aplicados en obras, acciones y conceptos que no corresponden con los fines de los fondos de participaciones ni con los programas públicos. Registró la cantidad de 4 mil 330 millones de pesos en pagos de remuneraciones indebidas o injustificadas al personal. Y finalmente consignó que las secretarías de Finanzas de los estados no entregaron a los entes ejecutores, como son los municipios, la cifra de 2 mil 677 millones de pesos.

La ASF creó para la revisión de 2013 un Índice de Desempeño de la Gestión del Gasto Federalizado por entidad federativa. Ahí se consideró indicadores como el importe observado y la muestra auditada, estado de la fiscalización interna, recursos ejercidos al 31 de diciembre, avance en la aplicación de la legislación contable, entrega de informes trimestrales a Hacienda, evaluación de resultados y cumplimiento de metas. Tal índice incluye a Veracruz entre las siete entidades con el peor desempeño. El órgano fiscalizador auditó una muestra de 540 mil 995 millones de pesos, de los 941 mil 681 millones de pesos del gasto.

Mauro: nuevos planes

A manera de broma, alguien echó a correr ayer el rumor de que Mauro Solano Lozano renunciaba a su cargo municipal y a su militancia priista para irse de candidato suplente del ex dirigente estatal de la CNC, Constantino Aguilar, el cual será postulado a la diputación federal por el PRD en el distrito electoral de Xalapa Rural.

Nada más falso. Desde hace más de una semana, el ex regidor y ex dirigente del PRI en la capital veracruzana decidió separarse de la Dirección de Gobernación del Ayuntamiento xalapeño para dedicarse de tiempo completo a un nuevo proyecto político de una talentosa ex dirigente priista que en esta ocasión no se le dieron las circunstancias para participar como candidata en el proceso electoral federal de junio próximo.

Mauro lo platicó previamente con el alcalde Américo Zúñiga, a quien le agradeció todo el apoyo y confianza que le dio para el buen desempeño que venía realizando en esa complicada área de operación política desde la administración municipal anterior que presidió Elízabeth Morales.

En su lugar, este viernes será nombrado Oscar Cruz Alexander, quien también cuenta con una amplia trayectoria pública, ya que además de haber presidido en dos ocasiones el Ayuntamiento de Gutiérrez Zamora se ha desempeñado también como director de Acción Social, y de Prevención y Readaptación Social del gobierno del estado.