A principios de julio de 2014, previo a la inauguración de la Semana del Emprendedor que se organizó en el WTC de Boca del Río, el gobernador Javier Duarte desayunó con un grupo de empresarios del sureste del país ante los cuales se sinceró y les dijo que “me ha tocado bailar con la más fea”, pues expuso que en los tres primeros años de su administración había vivido uno de los periodos más complicados en la historia del estado, ya que la inseguridad, los desastres naturales y la inestabilidad económica pintaron un panorama adverso y desalentador.

Cuatro días después, al ser entrevistado en un foro de abogados en Xalapa, el ex secretario de Gobierno y ex procurador general de Justicia, Reynaldo Escobar Pérez, dijo al preguntársele sobre lo expresado por Duarte de Ochoa que “muchos quisimos bailar con la más fea y no pudimos, no aceptó la invitación, él fue el afortunado”.

Pero, en realidad, a Javier Duarte no le tocó “bailar con la más fea” sino con la más horrorosa, pues lamentablemente para él –muy aparte de la exorbitante deuda pública que heredó, la cual ha colapsado las finanzas estatales– está por pasar a la historia como jefe de un régimen estigmatizado por los crímenes de más de una decena de comunicadores.

De acuerdo con la organización internacional “Article 19”, con la muerte del reportero policiaco Gregorio Jiménez, secuestrado el 5 de febrero de 2014, sumaban en Veracruz 15 periodistas privados de su vida desde el año 2000, de los cuales cinco fueron ultimados en los gobiernos de Miguel Alemán Velasco y Fidel Herrera Beltrán, y 10 en la primera mitad del sexenio de Duarte. Ahora, con el reciente homicidio de Moisés Sánchez, “levantado” en enero pasado en su domicilio de Medellín, la cifra aumentó a 11.

Ya en mayo de 2012, el Relator Especial de Naciones Unidas para la Promoción y Protección de Libertad de Opinión y Expresión, Frank La Rue, había dicho que Veracruz “es el estado más peligroso para el ejercicio de la prensa en uno de los países de mayor riesgo a nivel mundial”. Sin embargo, casi tres años después de esa declaración del funcionario de la ONU, las agresiones, amenazas, intimidaciones y acoso en contra de periodistas no cesan en la entidad.

La reportera gráfica Patricia Ivette Morales Ortiz, del periódico porteño “¡Órale!”, “Jarocho” e “Imagen de Veracruz”, fue amenazada vía telefónica el lunes 26 de enero pasado, cuando estaba a punto de salir de su domicilio en la unidad habitacional de Las Vegas. Una voz masculina le dijo que tenía órdenes de dañarla, que ya la tenían ubicada, que tenían fotos de sus familiares y de su vivienda. Finalmente le gritaron que en 20 minutos llegarían por ella y que se la llevarían en una camioneta.

Unos días después de ese incidente, otros dos reporteros fueron intimidados y agredidos también. Verónica Huerta Aburto, quien colabora en AVC Noticias, Radio Fórmula, Oliva Radio y la agencia informativa Quadratín, recibió en su teléfono celular el siguiente mensaje: “Pendeja después del Moisés sigues tu perra te estamos checando” (sic); mientras que Daniel Orozco, reportero de La Red –un diario de nota roja de Coatzacoalcos– fue amenazado también un día después de que cubriera el hallazgo de una fosa clandestina en esa ciudad porteña del sur del estado, de donde inicialmente sacaron seis cadáveres y luego otros doce. “¡Bájale de huevos!”, “Te tenemos ubicado”, “¡Te vamos a romper la madre!” y “¡Por hocicón te vamos a partir la madre!”, fueron los mensajes de voz y de texto que le enviaron desde un número no identificado a su aparato celular.

Entrevistado por Noé Zavaleta, de la revista Proceso, Orozco atribuyó las amenazas a un altercado que la semana anterior protagonizó con elementos de la Secretaría de Seguridad Pública del estado que resguardaban a personal de la Fiscalía veracruzana cuando trepaban unos cuerpos exhumados de varias fosas. “Los policías estatales no me dejaban tomar fotos, estaba yo solo y me jalonearon y empujaron para impedirme mi labor”, consigna la versión publicada por el corresponsal del semanario.

Ante esta situación, un grupo de periodistas del sur del estado redactaron, suscribieron y enviaron una carta al presidente Enrique Peña Nieto, reclamándole garantías de seguridad para el desempeño de su profesión, así como un diálogo directo con el gobernador Javier Duarte para comprometer al Gobierno de Veracruz en la protección y el respeto a la integridad física en el desempeño de su trabajo. Y exponían que “ninguno de los firmantes queremos, deseamos o buscamos ser el periodista asesinado número 12 en Veracruz, sólo en lo que va del actual sexenio del Gobierno Estatal”.

Pero hasta ahora Peña Nieto no ha podido recuperar la seguridad ni esclarecer satisfactoriamente desapariciones y crímenes masivos en estados como Michoacán, Tamaulipas y Guerrero; en tanto que el gobernador Duarte y el Fiscal del estado, Luis Ángel Bravo Contreras, ni siquiera han hecho el menor extrañamiento a la subprocuradora de Justicia del sur de Veracruz, Samira del Carmen Khouri Colorado, señalada por tres comunicadores que fueron agredidos físicamente por policías ministeriales a su cargo cuando realizaban la cobertura informativa sobre el hallazgo de fosas clandestinas en Coatzacoalcos.

¿Acaso tendremos que recurrir al “Chapulín Colorado” para que nos defienda?