Es verdaderamente preocupante la falta de sensibilidad de las fuerzas policiacas estatales. El país está que se incendia por la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa, Guerrero, y por las múltiples agresiones que jóvenes (estudiantes o trabajadores) están sufriendo por todo el país, a manos de policías municipales y estatales, grupos de choque, grupos criminales y equipos de seguridad de funcionarios públicos.

Y se les ocurre, so pretexto de mantener la paz durante los Juegos Centroamericanos y del Caribe, iniciar acciones disuasivas, con uso de violencia, contra estudiantes de la Universidad Veracruzana y líderes sociales.

Pareciera que nadie está pensando con la cabeza fría en Palacio de Gobierno. Tanto las autoridades policiacas como las que debieran ocuparse de mantener la gobernabilidad y la paz social están siendo superadas por los berrinches y la tentación de hacer demostraciones de fuerza, cuando lo que debiera imperar es una actitud negociadora.

Ayer fue denunciado en la Unidad de Humanidades el ataque por parte de policías vestidos de civil contra un estudiante de Historia, quien fue levantado en una camioneta de la SSP, sin placas, según consta en su denuncia por escrito, y torturado para que dijera las acciones que tomarían los estudiantes durante la celebración de la competencia en que, para desgracia, nos han obligado a ser anfitriones.

Y ayer mismo, a mediodía, un grupo no muy numeroso de estudiantes de la UV, preparados para repeler cualquier acto de hostigamiento, irrumpieron en el corazón comercial de Xalapa con los ánimos exaltados, lo que obligó a varios comercios a bajar sus cortinas ante el riesgo de que fueran saqueados, cosa que no sucedió afortunadamente, incluso en los comercios que fueron sorprendidos con sus accesos abiertos.

Con perdón de la expresión, qué ganas de agarrarle y apretarle los huevos al tigre, justo en el momento en que empieza a crecer un movimiento estudiantil que, por todo el país, exige la aparición de los 43 normalistas levantados por el grupo criminal Guerreros Unidos, auxiliados por la Policía Municipal de Iguala, Guerrero, y que conforme pasen los días se hará más radical.

Acostumbrados a hacer uso de la fuerza contra organizaciones sociales no alineadas al PRI y al Gobierno del Estado, tanto la Secretaría de Gobierno como la de Seguridad Pública están actuando con verdadera torpeza. Y lo que lograrán es que los estudiantes respondan cada vez con mayor indignación, justo cuando las ciudades veracruzanas se llenarán de delegaciones deportivas de varios países.

El grave problema es que quienes la pagarán no son los funcionarios bisoños que nos gobiernan, sino toda la población.

CEDH-IVM, la política del avestruz

Sobre la intervención que podría tener la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) en torno al caso de la participación de al menos una menor de edad semidesnuda en una manifestación del Movimiento Nacional de los 400 Pueblos, que lideran César del Ángel Fuentes y su hijo diputado, la recomendación que debería emitir debería dirigirse a la Procuraduría General de Justicia por no haber actuado para preservar los derechos sexuales de la jovencita.

Como se sabe, este tipo de comisiones fueron creadas para defender los derechos de los ciudadanos frente a actos u omisiones de las autoridades establecidas y no tanto para reprobar las que provengan de organizaciones sociales o de particulares. La acción para resarcir el daño psicológico que se presume podría sufrir la menor de edad debió provenir de la fiscalía local, por lo que su omisión y desinterés sí sería motivo de una recomendación de la CEDH.

Como era de esperarse, la directora del Instituto Veracruzano de las Mujeres, Edda Arrez Rebolledo, escondió la cabeza como un avestruz y dijo que no interpondría denuncia alguna porque no atestiguó el hecho como si, para que esa institución actuara, su directora debiera tener el don de la ubicuidad para atestiguar todos los sucesos que exigieran su defensa, lo que hace innecesaria tanto su presencia como la existencia misma del IVM.

Integrante del gabinete estatal, Arrez Rebolledo no ha hecho sino ratificar la complicidad y opacidad gubernamentales ante hechos constitutivos de delitos o faltas administrativas en que incurre frecuentemente esa organización.

Es cierto que el IVM no estuvo ahí, pero uno de los organismos subsidiarios, el Instituto Municipal de las Mujeres de Xalapa (IMMX), que dirige la comunicadora y (ella sí) defensora de las mujeres, Yadira Hidalgo, conoció del caso y llamó la atención pública sobre el asunto. Si ello no bastara, prácticamente todos los medios de comunicación (impresos y virtuales) se hicieron eco de este acto y se publicaron fotografías muy ilustrativas sobre la veracidad de lo dicho.

Aunque la CEDH ha señalado que requeriría de una denuncia para actuar en consecuencia, la presidenta de la comisión de Procuración de Justicia e integrante de la comisión de Derechos Humanos del Congreso local, la diputada Marcela Aguilera Landeta, le recomendó actuar de oficio, una expresión que significa que no solo se puede actuar en respuesta a una denuncia de la parte agraviada sino motu proprio ante la evidencia de un hecho que suponga una sanción.

En fin, que no habrá para atrás ni para adelante, lo que confirma la impunidad con que actúa la organización patrimonio de los Del Ángel.

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